La historia de la familia Kovarsky y la de sus vecinos es insólitamente injusta, como tantas cosas que suceden en la Argentina. En el año 1979 el gobierno de facto decidió hacer una obra de recanalización del Río V. Les prometieron que el agua que recibirían sería poca, pero se lo tuvieron que ir a contar a Gardel porque en solo dos días la zona se transformó en una laguna, que oscila entre las 16.000 y 30.000 hectáreas.
“Se trata de los campos del Hinojo y Las Tunas. Recibimos agua que afecta a 30.000 hectáreas. Estamos peleando hace décadas para que nos paguen lo que nos quitaron, pero sin suerte tampoco con los gobierno democráticos” dijo Ignacio Kovarsky.
El complejo es de cuatro lagunas contiguas que se llaman Hinojo Chico y Grande, y las Tunas Chica y Grande. Aunque no llueva en Trenque Lauquen, reciben el agua de San Luis y de Córdoba y están inundadas hace desde hace décadas. Cuando el agua baja parcialmente, queda un salitre que vuelve improductivos los campos para cualquier actividad.
En aquel año el abuelo y el padre de Ignacio no tuvieron más opción que mudarse rápidamente. En dos días sacaron todas las vacas y la maquinaria en “helicópteros del ejército y llevaron todo a un tambo en San Luis. En el medio se murieron vacas y se rompieron las máquinas”.
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Ese campo era propio y allí se ordeñaban 250 vacas. De aquella primera experiencia en San Luis, los Kovarsky mudaron el tambo 5 veces más corridos por cambios productivos como el avance de la agricultura u otras decisiones de los propietarios. Ahora producen en un campo alquilado más chico, en el que tienen 150 vacas.
Perdieron el campo propio, la casa, su estilo de vida, fueron obligados a varias mudanzas, perdieron vacas y maquinaria, y aún así el Estado no los indemnizó por haberles expropiado su tierra. Sin embargo, siguen produciendo leche.
Ese campo tenía 600 hectáreas, el Estado expropio una parte, pero no le pagó el dinero correspondiente a 450 hectáreas. Desde el 1979 además vienen haciendo trámites porque, insólitamente, el estado provincial les quiere cobrar el impuesto inmobiliario rural. Para evitar el pago reclaman la emergencia agropecuaria, pero “ahora ARBA nos intimó porque no se declaró la emergencia cuando el campo hace años que no lo podemos utilizar”, dijo Kovarsky.
El productor explicó que durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, se hizo un trabajo de valuación de los campos y que se pagó parte de lo expropiado, a razón de “7 u 8 parcelas por productor”.
“El problema es que esas hectáreas de los productores de la zona se presupuestaron en 4.000 dólares, que obviamente se iban a pagar en pesos. Luego vino la devaluación del 2019 y terminamos cobrando menos de 2.000 y por una parte muy menor del establecimiento”, agregó el productor.
“Mis abuelos murieron viendo el campo inundado y sin cobrar un peso, y encima hay un lucro incesante. Un inmueble rural que podría estar en producción pero que no se puede utilizar. A nosotros nos quedaron cerca de 450 hectáreas sin uso. Te sacan la posibilidad de producir”, finalizo Kovarsky.
