La gacetilla ofrece el vaso medio lleno de una historia: la Fundación Campo Limpió celebró haber cuadruplicado en 2020 la cantidad de kilos de envases plásticos de agroquímicos recibidos en sus Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) de los bidones, antes de su obligatorio reciclaje.
Pero la noticia periodística es ver el vaso semivacío y marcar lo que falta por llenar.
La Ley 27.279, por medio de la cual se definió el esquema de devolución y reciclado de envases vacíos de fitosanitarios, solamente puede comenzar a implementarse una vez que sea validada por las autoridades de las diferentes provincias argentinas.
Por ese motivo, si bien la norma está vigente desde fines de 2016, a la fecha solamente el sistema está funcionando con cierto dinamismo en las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, mientras que recién está comenzando a implementarse en el NOA.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 14 Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados por la Fundación Campo Limpio, entidad integrada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), que tiene a su cargo la instrumentación del sistema de devolución y reciclado de envases vacíos (en el marco de lo dispuesto por el decreto 134/18 reglamentario de la Ley 27.279). Allí se reúnen unas 100 empresas fabricantes de insumos agrícolas, que representan un 90% de los bidones plásticos que salen a campo. Tienen, según define esa ley, la responsabilidad primaria de organizar su retiro.
La provincia de Salta tiene cuatro CAT habilitados, La Pampa cuenta con tres y Tucumán acaba de inaugurar su primer centro de recepción de envases vacíos. En el resto de las provincias se realizan recolecciones “itinerantes” de envases por medio de camiones.
Con tal panorama, no resulta extraño que del millón de envases vacíos recolectados este año, el 83% y 14% de ese volumen provenga de las provincias de Buenos Aires y La Pampa respectivamente, mientras que otro 1,7% se originó en Salta.
Esto no quita que en algunos otros lugares del país funcionen galpones privados que recolectan bidones usados para luego alimentar el circuito del reciclaje. Es un negocio privado, por fuera de la Fundación que tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo.
En las otras provincias de base agropecuaria –como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o Chaco– aún no existe un solo CAT habilitado a pesar del elevado consumo de fitosanitarios presente en las mismas.
“Nuestro objetivo para 2021 es que todo el país tenga el sistema de gestión de envases Campo Limpio en funcionamiento y tener centros de almacenamiento transitorio en cada una de las provincias”, aseguró Ignacio Stegmann, director Ejecutivo de Campo Limpio.
“Estamos muy contentos por el avance que logramos: en un año con alta complejidad por la adaptación a los protocolos y cuidados adicionales que tuvimos que implementar por la llegada del Covid-19, avanzamos muchísimo en nuestro objetivo de mayor sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en el campo argentino”, añadió.
Por cierto, el evidente atraso -que es responsabilidad compartida entre el sector público y el privado- no quita lustre a los datos del trabajo de Campo Limpio este año, ya que recogió más de 1 millón de kilos de plástico de envases vacíos. Eso se luce en comparación al 2019, año en que se recuperaron 236.364 kilos en total. Pero el resultado queda escaso frente a la cantidad de bidones, que hace unos años era estimada oficialmente en unas 13 mil toneladas.
La Ley 27.279 determina que es necesaria la intervención de las provincias para que se aprueben los sistemas de gestión, de manera tal que los mismos se implementen una vez que sean validados por las autoridades provinciales. Para eso Campo Limpio presenta en cada jurisdicción una propuesta de gestión de envases que debe ser aprobada por la autoridad designada en cada provincia. Esto ha demorado bastante las cosas, argumentan desde el sector privado.
Para diagramar la estrategia por seguir, Campo Limpio toma en consideración los CAT existentes en las diferentes provincias para determinar cuáles estarían en condiciones de ser incluidos en el sistema, además de adaptar los presupuestos mínimos contenidos en La Ley 27.279 con las legislaciones provinciales en la materia.
Brasil, con una superficie agrícola del orden de 66 millones de hectáreas –considerando cultivos tanto invernales como estivales– recupera todos los años 45 millones de toneladas de envases, cifra que representa alrededor del 94% del total de envases comercializados en un año.
El encargado de esa tarea es desde 2002 el Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), el cual, tal como sucede en el Argentina, es gestionado por las empresas elaboradoras de fitosanitarios. Argentina, con unas 56 millones de hectáreas agrícolas anuales, tiene aún un largo camino por recorrer en la materia.
La responsabilidad del sector público también es evidente. Sin ir demasiado lejos, este martes se publicó en el Boletín Oficial una resolución compartida, la Resolución 1/2020, entre los Ministerios de Ambiente y de Agricultura. Cinco años después de la sanción de la Ley, ambos organismos aprobaron el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo que, por parte del Estado, debe supervisar el proceso para dar por cumplidos los objetivos.
