Es probable que una de los sectores productivos con menor prensa sea el de la acuicultura, actividad que concentra la cría de peces, moluscos, crustáceos y algas. Desde 2015, la Argentina cuenta con la ley nacional 27.231, que instauró el Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola. Si bien la misma fue reglamentada y puesta en funcionamiento en 2018, el país todavía no registra cifras productivas de mayor consideración y en comparación a los números de la región, perdemos por goleada.
¿Pero a qué se debe esto? ¿En qué anda la actividad?
“Cuando dejamos la gestión en 2015 (antes de la llegada de Cambiemos), teníamos sancionada la ley pero aún con su reglamentación, ella no ponía en funcionamiento el Régimen para el Desarrollo de Actividades Acuícolas, ni el Fondo Nacional para la Acuicultura, ni un montón de elementos que se habían consensuado con las provincias. Hubo que hacer una reingeniería institucional, política y sectorial, alineando todos los conceptos y la metodología, con las herramientas disponibles y las que había que disponer”, dijo Guillermo Abdala Bertiche, Director Nacional de Acuicultura, a Bichos de Campo.
Entre 2014 y 2015, Argentina registró su máximo nivel de producción de peces en cautiverio, especialmente especies de agua dulce como los pacú en el norte o las truchas en el sur. La “cosecha” llegaba entonces a 4.100 toneladas en todo el país. Era un número por demás bajo, que en los años siguientes no hizo más que seguir descendiendo hasta tocar el piso de 2.100 toneladas en 2020. Estos índices se obtuvieron del cruzamiento de datos entre los establecimientos productivos y las provincias en las que se desarrolla la actividad, que luego fueron comparados con el Registro Nacional de Acuicultura.
A diferencia de esos números, Brasil pasó de 200 mil toneladas en 2018 a 750 mil en 2019, un nivel de producción que todavía se sostiene. Chile, en el mismo período, alcanzó el sorprendente número de 1 millón de toneladas, correspondiente principalmente a la salmonicultura.
Aunque el 80% de la producción local está abocada al consumo interno más que a la exportación, resulta alarmante el decaimiento de la actividad en los últimos años.
“Hubo una tendencia a la baja en la producción de biomasa total a nivel país. Nuestras contrapartes provinciales nos hicieron saber que mucho de esto tenía que ver con que se había bajado la financiación y la asistencia técnica. Se había desincentivado a producir”, afirmó Abdala.
Con esto en mente, la Dirección Nacional del actual gobierno retomó el armado institucional y confeccionó un manual operativo, otro de funcionamiento y dio paso a la creación de la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura (CATA). Según indica el texto de la ley, la CATA es el organismo encargado de evaluar los proyectos acuícolas que las provincias y los productores presentan para obtener financiamiento nacional. Se encuentra integrada por el INTA, el INTI, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el SENASA y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
“La Comisión hace una evaluación del criterio de sostenibilidad ambiental, económica, productiva y social y define si resultan aprobados o no. Luego se gira su tratamiento al resto de las áreas. Si se aprueba, luego se transfieren los fondos. Hay algo que es fundamental: todos los desarrollos que se financien no pueden superar las 1.000 toneladas. Tiene que ver con el criterio del cómo va a crecer la actividad de forma sostenible”, indicó el funcionario.
A partir de allí, según informó el Ministerio de Agricultura, cinco provincias presentaron entre 2020 y 2021 proyectos de financiamiento para la actividad. Ellas fueron Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz y Misiones, que recibieron 72 millones de pesos, un 13% por encima del presupuesto original de 66 millones que se había asignado a incentivar la acuicultura.
“Al haber invertido 72 millones de pesos –una mínima porción en dólares de lo que logramos atraer del sector privado de la pesca- fortalecimos lo que tiene que ver con la infraestructura de ciencia, tecnología, conocimiento, investigación y desarrollo de las estaciones de piscicultura en cada provincia. Eso logró que el sector pesquero se viera tentado a invertir en el desarrollo de la acuicultura”, sostuvo Abdala.
Los proyectos, que involucraron una inversión privada por más de 23 millones de dólares, tuvieron como objetivo la producción de trucha arcoíris y de mejillones.
¿Cómo funcionan esas erogaciones presupuestarias? Se pueden otorgar en forma de aportes no reintegrables o de aportes reintegrables a devolver a partir del mes 30, en cuotas que varían en función de la actividad.
“En 2021 el primer esquema fue de aportes no reintegrables. Nosotros queríamos tener garantizadas las capacidades de desarrollo y transferencia de conocimiento de las provincias, y poner en valor esas estaciones de piscicultura. Para este años estamos diseñando la estrategia del Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC), con un sistema mixto entre reintegrables y no reintegrables”, destacó el funcionario.
-¿Para qué clase de actividades se solicitó ese dinero mayoritariamente?- le preguntamos a Guillermo Abdala.
-En 2020 y 2021 se hizo foco en la investigación y el desarrollo para que, una vez hecha la inversión, se logre la transferencia de conocimientos privados-productivos. Los nuevos desarrollos se volcaron principalmente a la producción con fines de exportación, principalmente de trucha arcoíris, que los productores ven como sustituto del salmón chileno importado. La acuicultura es una de las economías productivas que mejor coeficiente de conversión alimentaria tiene. Estamos hablando de entre un kilo doscientos y un kilo trescientos de alimento balanceado por cada kilo de biomasa. Todo eso tiene que ver con seguir investigando y eso transferirlo al sector productivo.
-¿Cuáles son los objetivos próximos de la política de acuicultura?
-En primer lugar que la acuicultura crezca de forma sustentable, como lo determina la ley. Lo que visualizamos es que ya comienza a despuntar el desarrollo. Es muy probable que en el 2022 tengamos un incremento por sobre el dato que se brindó el año pasado, de 2100 toneladas.
