Alrededor del 80% del suelo argentino está en manos privadas y hay ecosistemas enteros, como el pedemonte de las yungas o el pastizal pampeano, que prácticamente no tienen áreas estatales. A la vez la población mundial aumenta, lo cual implicará cada vez mayor presión sobre los ecosistemas. Por eso el gran desafío es buscar las herramientas para que la naturaleza silvestre conviva con la producción de alimentos.
En este contexto la conservación privada, que es la voluntad de un propietario de destinar una porción de su territorio a la conservación de la biodiversidad, es clave.
“Lo ideal para que estos paisajes sean realmente sustentables es que la proporción de producción y de naturaleza sea 50-50”, expresa Gustavo Aparicio, naturalista y director de conservación de la Fundación Hábitat & Desarrollo. “En nuestro país podríamos empezar por establecer que al menos el 20 o 30% de cada unidad productiva permanezca silvestre; ese es el enfoque necesario para fortalecer la conservación voluntaria como una de las mejores estrategias de conservación basada en áreas”.
La conservación privada tiene larga data en nuestro país: en 1904 Francisco “perito” Moreno donó 7.500 hectáreas para la creación del actual Parque Nacional Nahuel Huapi; en 1937 Martín Tornquist cedió a la provincia de Buenos Aires 3.228 hectáreas en las Sierras de la Ventana, para preservar la belleza paisajística de esa zona; en 1950 la provincia de Entre Ríos aceptó la donación de Enrique Berduc de 600 hectáreas próximas a la ciudad de Paraná para fundar una escuela conservando el monte nativo.
Ya más cerca de la actualidad, en 1998, la pareja danesa de botánicos Troels Pedersen y Nina Sinding, donaron sus dos estancias (1.700 hectáreas) para la creación del PN Mburucuyá. Y en 2018 otra pareja de conservacionistas extranjeros, Douglas Tompkins y Kristine McDivitt, donaron 158.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá.
“En 1993 la Fundación Hábitat y Desarrollo creó la Red Hábitat de Reservas, vinculándose primero a productores agropecuarios del norte santafesino, a la Universidad Nacional del Litoral y a empresas forestales de la cuenca del río Uruguay”, detalla Aparicio. “Actualmente poseemos una reserva propia en Misiones (Tenondé) y se encuentra en tratativas para adquirir una propiedad en la meseta de Somuncurá (Río Negro); además administramos las Reservas Asociadas Cañadón del Duraznillo y Monte Loayza, en la provincia de Santa Cruz, propiedad de estancia La Madrugada”.
A la vez, otras organizaciones ambientales también poseen programas de reservas privada, como la Fundación Félix de Azara y la Fundación Pro Yungas. Desde 1995 la Asociación Aves Argentinas administra la reserva privada El Bagual, en Formosa, propiedad de la empresa Alparamis.
“La conservación voluntaria en la Argentina ha sido principalmente un compromiso personal y familiar de muchos propietarios rurales motivados por el genuino interés de preservar espacios silvestres en sus predios, a los que no llaman reservas pero que son espacios silvestres protegidos de hecho”, reflexiona Aparicio.
“Afortunadamente en la última década se consolidó la Red Argentina de Reservas Naturales que le dio envergadura a este movimiento sobre el cual diez años atrás había todavía mucha desconfianza; además la Red ayudó a visibilizar que la mitad de las provincias no contemplaban a las reservas privadas en sus legislaciones, por lo cual no podían recibir ningún reconocimiento ni auxilio estatal. Actualmente la cantidad de provincias que incluye la figura de reserva privada se incrementó, aunque todavía falta mucho por hacer”.
Con respecto a esto de la desconfianza, el naturalista menciona que durante mucho tiempo se escuchaban frases como “lo hacen para lavar dinero” o se asociaba a la idea de que las reservas privadas sólo podían servir como apoyo a las reservas estatales, funcionando como áreas de amortiguación pero que no eran herramientas serias de conservación. “Al interior del movimiento de conservación voluntaria todavía existe cierta desconfianza entre los propietarios familiares y las empresas, por lo cual generalmente no integran espacios comunes”.
“En Latinoamérica existen redes nacionales de reservas privadas desde hace dos o tres décadas. La Argentina vino a sumarse a un movimiento ya existente que tiene mucho impulso en países como Colombia, Nicaragua, Chile o Costa Rica”, destaca.
“Algo notable al observar las áreas protegidas de otros países, es que incluyen reservas comunitarias protegidas por pueblos indígenas o comunidades locales. Esto es común en lugares como la Orinoquia, el Amazonas, el Chaco o las selvas centroamericanas y es un fenómeno que aquí no ocurre todavía”.
Según el especialista, entre las medidas más valoradas por los propietarios se destaca el apoyo técnico para la elaboración de planes de manejo y la presencia de guardaparques provinciales que recorran las áreas para controlar la caza furtiva. A la vez, como en la mayoría de las reservas privadas hay gente viviendo, cuentan con límites definidos y caminos, están en mejor situación que las reservas provinciales en cuanto a `control y vigilancia`, que suele ser el rol principal para el cual se contrata a un guardaparque.
“En las reservas privadas se emplean agentes de conservación para realizar tareas de mantenimiento de senderos y de infraestructura de uso público, apertura y mantenimiento de cortafuegos, combate de incendios, control de especies exóticas, acompañamiento de investigadores, atención a visitantes o tareas de educación ambiental”, explica Aparicio. “Para cumplir con estas tareas cada vez es más necesaria la creación de brigadas ambientales que puedan contratarse por 2 o 3 meses para realizar algunas acciones, tal como lo hacen los prestadores de servicios agropecuarios o forestales con personal especializado”.
–¿Cuál es el principal problema de la conservación privada en la Argentina?
-Que no es para siempre.
-¿Por qué no?
-Porque depende del pasar económico del propietario y, en caso de fallecimiento, de la voluntad de sus hijos o herederos.
-¿Cómo se puede solucionar esto?
-Podría adoptarse el modelo de Brasil que en 1990 creo las Reservas Particulares de Patrimonio Natural (RPPN) bajo la órbita del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La constitución brasileña de 1988 otorga una función social a la propiedad y en ese contexto se crearon estas reservas privadas, voluntarias, gravadas a perpetuidad. Se declara ante el registro de inmuebles el nuevo estado de la propiedad convertida en Reserva, reciben ayuda impositiva y esa situación no puede ser revertida. Son más de 500 en todo Brasil.
-¿Solo los ricos hacen estas cosas?
-Ya no. Hoy mucha gente vende su departamento y compra un par de hectáreas en lugares con alta biodiversidad para hacer reservas. Son personas que quieren restaurar su relación con la naturaleza y es un movimiento que está creciendo en toda América Latina.
