Fracasó el salvataje más promocionado por el Gobierno y Cresta Roja cambiará de operador

Por Matías Longoni (@matiaslongoni) con la colaboración de Juan Illescas (@jmillescas).-

Ya está. Listo. Fue. Kaput.

El salvataje más importante protagonizado por la actual administración de Cambiemos terminó en un nuevo y estrepitoso fracaso. En las próximas horas, según confiaron a Bichos de Campo fuentes que siguen de cerca las negociaciones, la empresa Proteinsa SA se presentará a concurso de acreedores y la avícola Cresta Roja -en algún momento, la segunda mayor del mercado- cambiará de operador.

Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos (GTA), está dispuesto a poner hasta 80 millones de dólares que ofreció tiempo atrás para hacerse cargo de esa compañía y pasaría a manejar un emporio avícola que manejaría cerca del 25% de la faena total de pollos de la Argentina, sumando la capacidad instalada de ambas empresas.

Lo anticipamos hace unas semanas, pero recién ahora este proceso está cerca de un desenlace. Sería el segundo gran fracaso oficial en la saga de Cresta Roja, una empresa fundada por los hermanos Rasic que entró en su primera convocatoria de acreedores en julio de 2014, después de patinar en los negocios de exportación de pollos a Venezuela. Como en aquel momento se venían las elecciones, el primer fracaso correrá por cuenta de Daniel Scioli (entonces gobernador y candidato a presidente) y Aníbal Fernández (entonces ministro y candidato a gobernador). Esa primera aventura costó 200 millones de pesos al resto de los argentinos. Algunos billetes fueron para pagar alimentos para los pollos. Otros no se sabe…

Ver: La última carta de Cresta Roja: un fideicomiso y dos posibles nuevos accionistas

Cuando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal asumieron en los cargos que los K crecían suyos, en diciembre de 2015, se decidió el segundo salvataje. En febrero de 2016 se fundó Proteinsa SA de la mano de Santiago Perea, un empresario “amigo” del nuevo gobierno. En abril de 2016, ya con parte de la planta en funcionamiento, se hicieron sendos actos en las plantas de Cresta Roja para festejar esta resurrección. La pesadilla había terminado. macri se abrazaba con los obreros y Vidal decía que ése era el mejor ejemplo de que “sí, se puede”.

Todo marchaba. A los pocos meses, en octubre de 2016, el juzgado que entendía en la causa realizó una subasta en la que puso un piso de 110 millones de dólares. Perea ofertó 121 millones de dólares y se quedó con todo el paquete, dejando con las ganas a De Grazia, que ofertó los mismos 80 millones que debería desembolsar ahora, en el tercer salvataje que ahora se inicia.

Aquel Perea se comía los chicos crudos. Pero a partir de julio de 2017 Cresta Roja se puso de nuevo a patinar y comenzó un festival de cheques sin fondo. En estos momentos, ahora que finalmente se pide la convocatoria, Proteinsa tiene un pasivo bancario de 804,2 millones de pesos, de los cuales 141 millones que corresponden al HSBC están en categoría 3. Además acumula el último año 3.751 cheques rechazados por otros 500 millones de pesos.

Esta nueva crisis arrastró además a dos de los tres socios de Proteinsa SA. Ovoprot (la empresa madre de los Perea) acaba de pedir también una convocatoria de acreedores con 1.445 cheques sin fondos (por 66,6 millones de pesos) y un pasivo bancario en categoría 3 y 4 por 237 millones. Tanarcosa SA, otra socia, debe casi 10,6 millones a los bancos en categoría 3 y 4 y tiene 334 cheques rechazados por otros 21 millones. La única que zafa es la firma de los Lacau, La Suerte Agro, que permanece sin pasivos incobrables.

Los actores más afectados por el “pagadios” protagonizado por Perea y sus amigos son los propios trabajadores de Cresta Roja (se tomaron más de 2.000 de los 3.500 que pertenecían a la ex Rasic), a los que se les debe todo el sueldo de febrero, vacaciones y muchos etcéteras. A la lista de acreedores se suman unas 80 empresas Pyme del interior que en una primera etapa le proveían a Proteinsa el alimento para los pollos. Y también la AFIP, que no recaudó ni un peso por aportes patronales desde al menos comienzos de 2017 (aunque hay mucha de esa deuda en distintas renegociaciones).

El banco brasileños BCT Pactual, que al principio aparecía como brazo financiero de la operación, ahora no sabe cómo hará para recuperar los 40 millones de dólares que dice haberle prestado a Perea para financiar buena parte de la adquisición de Cresta Roja.

Y no se hagan ilusiones, porque los contribuyentes también volvimos a perder plata, ya que al menos desde comienzos de 2018 el Estado Nacional está poniendo dinero público (habría qué averiguar bajo qué concepto) para comprar alimentos balanceado y evitar así la dramática fotografía de una matanza mortandad de pollos.

Las partidas, según pudimos averiguar, salen del Ministerio de Producción que comanda Francisco “Pancho” Cabrera. Buena parte de esa mercadería se compró al Grupo Los Grobo, de Gustavo Gobocopatel y sus hermanas.

La dificultad de justificar ese presupuesto (como hicieron en su momento Scioli y Aníbal, investigados ahora por la justicia por la desaparición de unos cuantos millones de pesos destinados al primer salvataje de Cresta Roja), provoca ahora una urgencia en el Gobierno de Cambiemos, desde donde se fue a buscar a De Grazia para que se haga cargo de la empresa que no pudo ganar allá por 2016.

Perea ya fue. El mismo empresario comenzó a decir por todos lados que cede todo el control de Cresta Roja a quien quiera tomarlo sin poner un peso. Solo pide recuperar sus bienes y los de su familia, que al parecer han servido de garantía para este irracional proceso de endeudamiento.

Quien tiene a su cargo la gestión para que GTA comience a operar en las instalaciones de Cresta Roja en la zona de Ezeiza es el actual subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, un joven abogado de la UBA que es el interlocutor oficial ante el juzgado que tramitaba el concurso de la vieja Rasic Hnos SA y otras dependencias del propio Gobierno, como el Ministerio de Trabajo.

En la cartera laboral se estaría decidiendo por estas horas volver a apelar a los viejos y queridos REPRO para hacer viable el cambio de manos de Cresta Roja, que se formalizaría recién una vez que Proteinsa SA, la actual operadora, se presente formalmente a concurso. Y es que es muy probable que, mientras se acepta su oferta (repetimos, por los originales 80 millones de dólares), GTA decida trabajar a media máquina manteniendo operativa solo la Planta 1. En Planta 2 las instalaciones de faena son más grandes y modernas, pero allí también hay un núcleo duro de delegados sindicales de izquierda, que han sido un hueso difícil de roer para las diferentes administraciones.

Una complicación adicional que tendrá el concurso de acreedores de Proteinsa SA es que cuando Santiago Perea se hizo cargo del salvataje había una deuda laboral cercana a los 1.100 millones de pesos. El empresario elegido por Cambiemos justamente convirtió gran parte de ese pasivo en acciones que cedió a los trabajadores que las pidieron, y que ahora se convertirán en acreedores de la misma compañía que no les abona los salarios. El juzgado ya le hizo saber al gobierno que no aceptará que sean la variable de ajuste, y que cualquier propuesta que surja de GTA deberá contemplar una oferta para ellos.

En la actualidad, alternativamente entre las dos plantas de Cresta Roja -y gracias al alimento que paga el gobierno- se están faenando poco más de 60 mil pollos por día. En la mejor época de los Rasic la firma faenaba unos 400 mil cabezas por día y cuando llegó al lugar Santiago Perea prometió que iba a llegar a las 420 mil. Macri, en el acto de abril de 2016, exageró que llegarían a los 800 mil pollos por día.

Pero las únicas que crecieron fueron las deudas de los empresarios y las angustias de cientos de familias vinculadas a la avícola.