Varios ministros nacionales -timoneados por el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y con el titular de Agricultura, Luis Basterra, como actor secundario- presentaron el miércoles el proyecto de ley con el que el gobierno espera regular el ingreso de la Argentina a la producción e industrialización a gran escala del cannabis, en sus variantes medicinal e industrial. La nueva ley básicamente plantea la creación de una nueva Agencia interministerial, que se llamará ARICCAME, y que evaluará y aprobará cada nuevo proyecto que se presente.
Estaban además de Kulfas y Basterra, el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.
Aquí te presentamos el proyecto de ley:
“El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Kulfas, que viene reuniéndose con integrantes de la Cpamara Argentina del Cannabis con el objetivo justamente de elaborar un marco jurídico que pueda acompañar el desarrollo de esta actividad tan prometedora, y que se ha visto demorado en la Argentina por la penalización que hacen las leyes del consumo de cannabis para uso recreativo.
En este sentido, Kulfas explicó que “hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso medicinal e industrial. Esto está alentando un crecimiento exponencial de la producción. Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”. Hasta ahora los líderes son Israel, Canadá y Estados Unidos, y a nivel regional se destacan Colombia y Uruguay.
¿Y qué dice el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso?
El primer objetivo es el desarrollo de la cadena para uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen (en especial de aceite de cannabis) y poder complementar la Ley 27.350, sancionada en 2017 y que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta. Su decreto reglamentario es el 883/2020.
En el caso del cannabis industrial, más conocido como cáñamo, la idea oficial es “permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo”. En algún momento histórcio el cultivo estuvo muy difundido en el país y hasta se utilizaba para la producción de las suelas de las alpargatas.
En materia de Salud, la ministra Vizzotti informó que su Ministerio ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación en La Rioja, Jujuy, San Juan, Misiones, Patagonia Norte (INTA del Alto Valle), Chubut, Pergamino, el INTA Castelar y Lamadrid (Buenos Aires). “Se trata de proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización, lo que además de conocimiento científico genera impacto en la economía regional”, resaltó la titular de la cartera sanitaria.
En la nueva ley, el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en investigación). También se calcula que habrá ventas por 500 millones de dólares para el mercado interno y 50 millones de dólares para la exportación.
El objetivo de la nueva normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El proyecto de ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
Para ello, la nueva ley dispondría la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. Ese nuevo organismo deberá otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a Pymes, cooperativas y economías regionales.
La ARICCAME estará integrada por los Ministerios de Desarrollo Productivo; Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia y Tecnología; y Seguridad.
Aquí, según el texto del proyecto, jugará un papel importante el Ministeriod e Agricultura, ya que el Instituto Nacional de Semillas (INASE), “en su condición de regulador de las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie, dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales” y de manera coordinada con “la Agencia” creará un plan especial de registración excepcional y extraordinario por el plazo que fije oportunamente la reglamentación”.
Por otro lado, esta agencia “reglamentará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”.
