Por Matías Longoni (@matiaslongoni).-
¿Y por qué protestan los transportistas que cortan las rutas y no dejan circular a otros transportistas como ellos? La pregunta es oportuna y necesaria, sobre todo ahora que se puso en marcha la fenomenal maquinaria de prensa de los poderosos para “demonizar” el reclamo del sector.
En #DeMañana | Rubén Alcaraz, gerente de Comunicaciones de Ciara y Centro de Exportadores de Cereales, habla de la protesta de camioneros que paraliza las plantas cerealeras de diferentes puertos. "La protesta es de propietarios de camiones, piden un ajuste de tarifas", indicó. pic.twitter.com/bs254wImvf
— Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) February 6, 2018
Resultan chocantes y deplorables, sin duda, las escenas que se han visto en las últimas jornadas, con muchachos bravos que no dudan en golpear y patotear a sus compañeros de oficios, otros transportistas y camioneros como ellos, o desparramar su carga sobre el ardiente asfalto. Hecha esta aclaración, hecha esta condena necesaria hacia los violentos, ahora intentemos responder la pregunta inicial: ¿Qué es lo que sucede que hay grupos de transportistas en distintos puntos del país dispuestos, en medio de semejante ola de calor, a sostener estos piquetes? ¿Qué los lleva a hacerlo?
“Queremos que se respete la tarifa vigente, porque acá nadie respeta nada”, resume un transportista de apellido Pozzo en una entrevista realizada esta mañana por LT9 desde la zona de Laguna Paiva, unos kilómetros al norte de Santa Fe. Los muchachos allí controlaban la estratégica Ruta 11 y estaban analizando si extendían esos “controles” también a los camiones de combustible. Pueden escuchar esa entrevista a continuación:
Pozzo, con palabras torpes, poco preparadas, habla con tonos de desesperación: “Al no ser ley la tarifa la pueden manejar”, explica. Ronda por allí la clave para entender la protesta. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que desde los tiempos de desregulación violenta aplicada por Domingo Cavallo, allá por los noventa, se definió que el transporte de cargas no constituía un “servicio público” (como sí lo es el transporte de pasajeros) y que por lo tanto las tarifas que se aplican en ese sector deberían surgir de la negociación libre entre la oferta y la demanda. Hay tantos camiones (unos 70 mil se calcula) y tanto cereal para transportar… Arreglen muchachos.
Esto fue así desde entonces, aunque en otras protestas anteriores los transportistas de cereales lograron que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, actúe como mediados todos los años de una negociación entre los “dadores” de carga (las entidades de productores, más cooperativas y acopiadores) y los prestadores del servicios. ¿Quiénes son estos? Algunos están bajo el paraguas de las organizaciones nacionales que representan al transporte de cargas, como FADEEAC o FATAC. Pero buena parte son empresarios dueños de uno o dos camiones, dispersos en cada pueblito o ciudad pequeña del interior agrícola, que poco opinan en estas negociaciones.
Ahora este colectivo de transportistas se hacen llamar “autoconvocados” y realmente lo es: un conjunto de gente que se convoca frente a determinado motivo. Pero no tienen todavía conducción visible. y mucho menos una organización. Los violentos son los más exaltados, pero también los hay pacientes y mesurados.
Por cierto, no los maneja Hugo Moyano, cuyo sindicato agrupa a los empleados del transporte y no a estos empresarios Pymes. No es la primera vez que coinciden en un reclamo y llama la atención que este conflicto resurja en medio de la puja política entre el gobierno de Cambiemos y el ex titular de la CGT. Pero sería desmerecer el análisis quedarse tan solo con esta tesitura.
Estos grupos dispersos de transportistas, que recién el 2 de febrero pudieron redactar una carta con sus reclamos y la enviaron al ministro Guillermo Dietrich, no están pidiendo aumento de tarifas de los fletes, como muchos podrían pensar y como declaró con mala intención “Rubén” Alcaraz, el vocero de Ciara-CEC, quien también llegó a querer culpar de posibles fluctuaciones del precio del dólar a este grupo maltrecho de pequeños transportistas.
Lo que piden, en realidad, es que no se las bajen tanto esas tarifas. Es decir, reclaman que alguien controle que los dadores de carga no les paguen mucho menos de lo que dicen los “precios orientativos” que se fijan cada año.
Un empresario del sector explica: “Todos los años hay una época de baja demanda y otra de alta demanda. En está última los precios pactados se acercan mucho a los precios orientativos y no hay problemas, porque hay trabajo para todos y se cobra bien. Los problemas surgen cuando hay poco trabajo como ahora y los dadores de carga se aprovechan”.
Los valores acordados por cada flete deben figurar obligatoriamente en la Carta de Porte, que es el documento de respaldo que debe acompañar a cada camión cargado de granos que circule. Al lado también debe figurar la tarifa orientativa establecida en aquella negociación y avalada por Transporte, que de todos modos no es obligatoria.
En las últimas horas está circulando en las redes una carta de porte que resulta un ejemplo muy práctico para entender lo que sucede actualmente y molesta tanto a los transportistas: los descuentos respecto del valor orientativo (que se fija en base a un estudio de los costos) están siendo exageradísimos.
Se trata de un despacho desde la cooperativa AFA hacia el Molino Bombal. Por las distancias del caso, las tarifas de referencia se ubicaban en 801 pesos por tonelada transportada cada 100 kilómetros. Pero el pago real y acordado con el transportista es de solo 450 pesos. La anotación deja clara la situación: se pagó cerca del 50% de lo que se recomienda pagar.
Párrafo aparte merecería la situación del productor que vendió esa carga de granos, al que le deberían haber descontado un flete equivalente a la tarifa orientativa, y no el que realmente se terminó pagando. Pero esa es harina de otro costal. Los que están protestando ahora son los transportistas de esos granos.
Según el empresario que conoce a fondo esta trama, en los últimos meses se están cometiendo abusos más que significativos en la determinación de las tarifas reales. Por ejemplo, un flete desde Chaco al puerto de Rosario, que se estaba cobrando entre 850 y 900 pesos la tonelada, ahora bajó hasta unos 650 pesos. En el caso de un camión fletado desde Salta, donde hasta hace poco se pagaron hasta 1.050 pesos por toneladas, las tarifas han descendido a unos 700 pesos.
Claro… Hay poca mercadería para transportar y sobran camiones para hacerlo. Además la recuperación de los trenes cada vez asusta más.
El sitio cordobés Agrovoz publicó el texto de la carta que firman unos 100 empresarios denominados , Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA). Piden allí al gobierno nacional que “sea eliminada la tarifa orientativa y pase a ser tarifa única en todo el territorio de la república argentina”, y que el control de su cumplimiento sea asignado ala AFIP.
Difícil parece poder ver este reclamo satisfecho.
Primero porque la AFIP no está para verificar el cumplimiento de negocios entre privados sino que estos negocios se hagan facturando como corresponde y pagando los impuestos al Estado.
Segundo, porque parece imposible que tome esa definición un gobierno que se define públicamente a favor de una baja de los costos para mejorar la “competitividad” de sus productores. Lejos de terminar avalando la imposición de precios fijos y regulados en el transporte de cargas, los funcionarios macristas parecen más cerca de brindar por cada peso que bajan esas tarifas.