El Ministerio de Agricultura, a pesar de las promesas que Luis Basterra ha hecho a las diversas asociaciones de periodistas agropecuarios, no organiza conferencias de prensa de sus funcionarios con el periodismo especializado en agro. No las ha hecho nunca desde que asumió en diciembre de 2019.
Solo en una ocasión, a las apuradas, Basterra recibió a los periodistas del rubro en el Salón Gris, que ahora es medio azul o algo parecido. No había pandemia todavía. Hacía mucho calor ese día. Terminaba una reunión del ministro con la Mesa de Enlace y los trabajadores de prensa hacíamos guardia frente a la cartera agropecuaria. Nos hizo subir al primer piso para anunciar que iban a pagar una devolución de retenciones a pequeños productores de soja que… se terminó pagando -a medias- nueve meses después.
Es así: como en otras épocas, los funcionarios de Agricultura hablan muy poco para la prensa que entiende de lo que hablamos. En cambio, sí suelen hablar con mayor frecuencia para la radio La Revolucionaria del Pocho y Afines, cuyos periodistas entienden poco de lo que preguntan cuando preguntan, y mucho menos de las respuestas, pero simplemente porque no están al tanto de la agenda del sector. También se sueltan los funcionarios de Basterra cuando las que los graban son las propias cámaras del Ministerio. Ahí sí, porque pueden decir lo que tenían que decir sin que nadie los moleste.
¿Contestar preguntas molestas? ¿Para qué? ¿Si no hay castigo?
No vamos a machacar con el balurdo aquel de que los periodistas representamos la voz de una sociedad que tiene derecho a ser informada, que somos intermediarios. Quizás pueda suceder, ojalá suceda, pero golpearnos el pecho no es la razón central de esta crónica. Los periodistas preguntamos sencillamente porque nos brotan preguntas, que para eso somos periodistas aunque nos vayamos extinguiendo.
Todo esta perorata para contar que finalmente el Ministerio de Agricultura no convoca a conferencias de prensa y que sus voceros (aprovecho para recordarles que son empleados públicos y no chupamedias del ministro o del poder de turno) tampoco contestan a nuestras preguntas.
Es por eso que Bichos de Campo ha hecho uso de un pedido de acceso a la
información pública. ¿Qué es? Es “una solicitud de datos que están en manos del Estado o que han sido generados, obtenidos o financiados con fondos públicos nacionales” y que deberían ser accesibles para quien los solicite de acuerdo a lo que dispone la Ley 27.275, que se sancionó en el 2016 y entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017.
“La información que produce el Estado no es del Estado, es de la ciudadanía, y por lo tanto debe brindarla. Y es el periodismo el mejor y mayor catalizador de esta información. Para el ejercicio de la profesión periodística, el acceso a la información pública ofrece un mecanismo vital para hacernos de información oficial que por otras vías podría ser negada. Tener acceso a la información pública, a través de una ley, facilita obtener la información del Estado y debería ser una herramienta fundamental para mejorar la calidad del periodismo”. Eso es lo que dice un manual de FOPEA que utilizamos para redactar nuestra primera declaración, en los términos de aquella ley.
No es difícil: si Mahoma no va a la montaña…
¿Es una bala de plata? No, para nada. No es el último recurso sino el primer intento para que el Ministerio de Agricultura comience a responder cosas sencillas, que en conferencias de prensa regulares podría responder sin tanta burocracia, en buenos términos, contando su visión de las cosas. Si eso no se corrige, seguirán los pedidos de información. Y como en este caso, la exposición pública de cada caso. En nuestra humilde plataforma, que no es “el destape” pero trata de correr las sábanas.
Es triste, porque este recurso de acceso a la información ´´ublica finalmente se originó en funcionarios que prefieren callar, quizás avergonzados o inseguros de lo que están haciendo.
¿Qué preguntamos?
Sencillamente queremos que el Ministerio identifique a los supuestos 15 exportadores de carne vacuna que fueron investigados y suspendidos del RUCA (Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) por ese organismo. ¿Por qué? Porque no estamos del todo seguros que existan, ni sabemos cuáles fueron sus delitos.
El 29 de marzo, a través de las plataformas de difusión del gobierno, el Ministerio de Agricultura informó que se habían suspendido a esos 15 exportadores de carne por evadir controles del Estado, pero en ningún momento identificó a esas firmas ni se explayó sobre las razones de las sanciones. Desde entonces, Bichos de Campo intentó obtener esa información por diversas consultas a fuentes oficiales y del sector privado, pero todas eludieron precisar esos datos.
Cuando el lunes pasado,19 de abril, el Ministerio de Agricultura dictó la Resolución 60/2021, que establece nuevas exigencias para los exportadores sin planta de granos, carne vacuna y lácteos, se argumentó desde distintos voceros oficiales que se trataba con esa medida de evitar maniobras como las que se le atribuyeron a esos 15 operadores que habían sido suspendidos unos días antes. Esos mismos, que jamás fueron identificados y cuyo delito no sabemos de qué se trata.
“Se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario”, afirma esa normativa en los considerandos. Se supone que eso es lo que se le imputa a estas 15 sospechosas firmas de las cuales nadie tiene registro.
A esta altura, las preguntas que cualquier periodista debería formularse son muy obvias: ¿Por qué esa resistencia del gobierno a identificar a 15 presuntos infractores? ¿Cuál es el delito que se les imputa? ¿Qué sanciones recibieron? ¿Por qué se las oculta?
La sospecha es que se han generado una serie de requisitos para exportadores sin planta que podrían dar lugar a la discrecionalidad del funcionario de turno, y en consecuencia a la corrupción. De otro modo no es explica por qué el empecinamiento en ocultar los casos de estas 15 firmas.
Al parecer estas 15 empresas sospechosas habrían demorado en liquidar los dólares por sus exportaciones de carne ante el mercado único de cambios que maneja el Banco Central, en una operación que en la jerga se denomina “rulo cambiario”.
Si ese fuera el caso, a fin de 2020 sucedió algo similar con una cerealera que manejaba a fasón las plantas de Vicentin, la corredora Díaz & Forti, a la cual se identificó con pelos y señales desde las áreas correspondientes del Estado. El BCRA informó que adeudaba divisas por unos 400 millones de dólares y la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) la suspendió sin miramientos. Luego la justicia respaldaría aquella decisión.
Ahora, en cambio, no se sabe qué sucedió con estas 15 empresas exportadoras de carne. No se conoce si deben divisas o si es otro el problema. Tampoco se sabe qué hizo el Estado frente a esas maniobras sospechosas.
Porque puede haberlas sancionado o puede haber facilitado las cosas para que se resuelvan…
“En esta solicitud de acceso a la información pública, pretendemos que el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, informe los nombres de esas 15 exportadoras de carne que fueron suspendidas, su número de CUIT, y qué infracción se les imputa, así como de qué sanción fueron objeto”, dice entonces el primer pedido de información redactado por Bichos de Campo, que lleva el número de expediente EX-2021-35853493- -APN-DNAIP#AAIP.
Veremos qué suerte corre este pedido de información, que tiene respaldo en leyes nacionales. Lo que tenemos muy claro es que si los funcionarios cumplieran con su función, y respondieran las preguntas -incluso las incómodas- no habría que recurrir a estos mecanismos tan burocráticos.
No nos han dejado otro remedio.
