La semana pasada se creó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo de Fuego, el cual tendrá al Ministerio de Ambiente como fiduciante, fideicomisario y también beneficiario.
El fideicomiso, según lo determinado por la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional del presente ejercicio 2021, será financiado por una “contribución obligatoria” del tres por mil sobre las primas de todos los seguros con excepción de los dedicados al ramo de “vida”.
Este miércoles, por medio de la resolución 106/2021, además se determinó que entre los seguros que deben abonar la “contribución obligatoria” se incluyen los de sepelio, es decir, aquellos que brindan un “servicio o un reembolso por una prestación fúnebre”. Si bien el mismo está comprendido dentro de los denominados “seguros del rubro vida”, aparentemente el Ministerio de Ambiente no lo entiende así.
La resolución 106/2021 también indica que la contribución del tres por mil de las primas de seguros será recaudada de manera trimestral, operando los respectivos vencimientos los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año calendario (sin aplicación retroactiva respecto del primer vencimiento de 2021).
Con el nuevo aporte forzoso del sector privado, junto con una partida inicial asignada de 418 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente espera contar este año con un presupuesto superior a los 3000 millones de pesos para conformar el Fondo Nacional de Lucha contra el Fuego. Es decir, los incendios como los que el año pasado asolaron el delta del Río Paraná.
El fideicomiso será administrado por un “Comité Ejecutivo” integrado por el ministro de Ambiente Juan Cabandié, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental Sergio Federovisky y el subsecretario de Gestión Administrativa de ese ministerio Edgardo Kutner.
Lo que pocos saben es que debido a la creación de este nuevo aporte compulsivo, las empresas aseguradoras se negaron a seguir aportando al denominado Bono Verde que se había diseñado en el Ministerio de Agricultura en tiempos del macrismo para poder financiar los nuevos planes de forestación, ya que no había fondos presupuestarios suficientes. Es decir que lo que antes iba a impulsar la creación de nuevos bosques, ahora se gastará en prevenir que se incendien lo que ya están en pie. Eso sí, en ambos casos con el dinero de quienes contratan seguros.