En el primer bimestre de este año ocurrió un hecho curioso: se faenaron en la Argentina 2.040.623 cabezas de hacienda bovina, una cifra 6,8% menor a la registrada en el mismo período de 2020. Pero la cantidad de usuarios de faena fue de 7664, mientras que en los dos primeros meses del año anterior había sido de 7215.
Es decir: casi 450 participantes más en un negocio que se achica. La teoría económica indica que la mayor competencia contribuye a eficientizar el sistema de formación de precios, que es la clave para que los mercados funcionen de manera adecuada. Pero la teoría económica funciona si se trata de una demanda genuina, porque si tiene alguna otra motivación, entonces el factor introducido puede resultar distorsivo.
Las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Única) indicaron que fiscalizaciones realizadas por agentes del Senasa, la Aduana y la Dirección de Control Comercial Agropecuario detectaron “la existencia de una decena de operadores en situación irregular que no poseían inscripción como exportadores en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y que “utilizan maniobras de triangulación con empresas radicadas fuera del país y posibilitarían el ingreso de divisas por fuera del mecanismo natural de liquidación de exportaciones”.
Es decir que, luego de concretar embarques de cortes cárnicos, no liquidaban el total de las divisas correspondientes a la operación de comercio exterior en el plazo máximo determinado de 180 días, para derivar las divisas a cuentas en el exterior y evitar el “cepo cambiario” que confiere a los exportadores 97,2 pesos por dólar ingresado al sistema en lugar de los 146,2 pesos correspondientes si se toma como referencia el tipo de cambio “contado con liquidación” (CCL).
Se sobreentiende que eran empresas que estaban habilitadas como “usuarios de faena”, es decir, que podían contratar el servicio en algún frigorífico y disponer de la carne para venderla en el mercado que quisieran. Pero, al parecer, esas quince empresas no estaban habilitadas en el RUCA en la categoría correspondiente, que es “exportador sin planta”. Aún así exportaron y habrían cometido un supuesto fraude.
La primera pregunta qué habría que hacerse es cómo esos usuarios de faena exportaron si no estaban debidamente inscriptos en el RUCA. Es decir, como la Aduana habilitó esos embarques (allí se maneja el verdadero registro de empresas exportadoras e importadoras de la Argentina) y cómo el Senasa les extendió los certificados sanitarios necesarios para vender carne con destino a mercados externos. Además, resta averiguar cuáles fueron las empresas frigoríficas con las cuales trabajaron dichos “exportadores sin planta” y cómo las mismas se expusieron a prestar servicios de faena para un operador que no estaba matriculado como corresponde en el RUCA,.
El propio Senasa admitió la fragilidad en sus mecanismos de control la semana pasada, al dictar una resolución que determina que, a partir de ahora, deberá consultar también los padrones del RUCA, además de los de la Aduana, antes de comenzar a tramitar certificaciones de comercio exterior.
Por medio de un comunicado, las tres entidades frigoríficas aseguraron que los operadores irregulares detectados ahora “fueron suspendidos provisoriamente, interdictándose mercadería producida y motivando la investigación por parte de otros organismos intervinientes”, mientras que “los frigoríficos que prestaban el servicio de faena fueron también notificados de abstenerse de realizar actividad comercial con estos operadores irregulares y son pasibles de sanciones”.
Ahora viene la parte insólita de la noticia: Bichos de Campo solicitó a integrantes de las entidades frigoríficas, del Senasa y del Ministerio de Agricultura que identifiquen a las empresas exportadoras que participaron de las maniobras irregulares. Pero nadie quiere dar los nombres. ¿La razón? Sin explicaciones.
Una hora después de la difusión del comunicado de las tres entidades frigoríficos, el propio Ministerio de Agricultura emitió un parte de prensa al respecto, en el cual se remarca que “como resultado de distintas investigaciones se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado Nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas”.
Tales acciones –añade– “responden al objetivo de la cartera agropecuaria nacional de transparentar el comercio exterior de los productos agropecuarios, haciendo cumplir con las reglamentaciones vigentes en materia sanitaria y comercial, además de la supervisión del cumplimiento de las regulaciones impositivas y cambiarias”.
El comunicado oficial menciona que se suspendieron a 15 empresas exportadoras (algo raro, porque en el mismo comunicado dice que su principal delito es no haber estado inscriptas en el RUCA) y que se encuentran interdictas más de 40 toneladas de carne congelada que tenían destino de exportación. Pero no menciona un solo nombre de las firmas involucradas.
“Una vez finalizadas las inspecciones, el Ministerio nacional procederá a realizar las respectivas denuncias a cada organismo según su competencia, entre los que se encuentran la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central (BCRA), la Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF), y en sede judicial”, prometió la cartera agropecuaria.
Quizás, cuando comiencen las prometidas demandas judiciales, se pueda conocer su identidad.
