CAME se animó a plantear un tema tabú: Denunció que los planes sociales provocan escasez de mano de obra y fomentan el trabajo en negro

Como pocas veces hasta ahora, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso a viva voz un problema recurrente en todas las economías regionales: Denunció que a las empresas les cuesta mucho encontrar mano de obra disponible y uno de las razones, además de los bajos niveles salariales y la rudeza del trabajo rural, es que los beneficiarios de planes sociales prefieren no tomar los puestos por temor a perder esos beneficios.

“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”, señaló un comunicado del sector de Economías Regionales de la CAME, que agrupa a entidades de base de toda las geografía nacional.

CAME recordó que ya había advertido de esta situación a principios de enero pasado, antes del inicio de la cosecha estival, pero nadie en el Gobierno le llevó el apunte. Este es un tema crónico que los políticos kirchneristas suelen negarse a debatir, porque la proporción de la población con planes sociales ha crecido geométricamente durante las sucesivas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y en muchos casos se han eternizado como único recurso estatal para enfrentar el crecimiento de los niveles de pobreza.

Pero la CAME, en base a los daños que esta problemática está provocando entre sus economías regionales asociadas, decidió no esconder la basura bajo la alfombra y expuso el problema con toda crudeza.

“Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el ‘blanqueo’ implica la baja automática de los beneficios”, indicó el comunicado. Por eso falta mano de obra o solo se consigue personal contratado en negro. Pero hay muchas empresas, en especial las que trabajan con mercados de exportación, que no pueden permitirse contratan mano de obra de modo irregular.

Según esta descarnada descripción realizada pro CAME, el “Plan Empalme” jamás funcionó. Se trata de un mecanismo ideado por la ANSES para dar de baja los beneficios sociales en caso de que la persona consiga un empleo temporal en alguna actividad zafrera. Los tiempos burocráticos del Estado conspiran contra su buen funcionamiento. “Tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, explicó la CAME.

Además, muchas veces los trabajadores se niegan a trabajar en blanco para o perder otros planes sociales, muchas veces provinciales. Uno de los casos más frecuentes son los subsidios por “invalidez”, que también se han generalizado en muchas regiones.

“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del sector de  Economías Regionales de la CAME. Rodríguez proviene de Salta, donde la actividad tabacalera es una de las más afectadas por esta situación.

Es la primera vez que una entidad del agro propone concretamente que se acepte la superposición del beneficio social con un empleo formal. En esta lógica, los productores podrían conseguir personal suficiente y bien registrado que no correría el riesgo de perder sus subsidios.

Desde la situación actual, en cambio, el Estado igual asume el costo de pagar los planes sociales, aún cuando hay trabajo disponible que muy pocos deciden tomar.

“Las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos”, señaló el comunicado, drástico en este punto.

Para exponer esta y otras necesidades, CAME ya reclamó en enero una audiencia “con carácter urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. “Pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”, se remarcó.

“Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez, que admitió sin dilaciones que “actualmente los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado”.

CAME recordó que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre 45% y 75% de lso costos, según la actividad.

Desde la militancia política que se niega a abordar esta discusión, suele replicarse que los productores podrían conseguir mano de obra fácilmente si aumentan los salarios pagados. De todos modos, es un argumento falaz, porque el precio de la fruta u otros productos del agro no siempre permiten pagar salarios mucho mayores. De hecho, el Estado suele intervenir en el asunto y convalida las escalas salariales actuales. Las remuneraciones mínimas son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), donde intervienen las entidades rurales, el gremio de trabajadores rurales y el propio Ministerio de Trabajo.

Con respecto al nivel salarial, a modo de ejemplo, CAME mostró que en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta 100 pesos el tacho de uva cuando lo acordado eran 50 pesos. Esto debido a la escasez de mano de obra para la vendimia. De ese modo, “un cosechero puede cobrar un jornal de entre 5.000 y 6.000 pesos”, muy por arriba de los mínimos fijados.

“Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha”, remarcó la entidad.