El Estado argentino está lleno de idas y vueltas que le complican la vida al productor. Y lo más triste es que estos idas y vueltas muchas veces se definen en función de los caprichos de los gobiernos y de los funcionarios de turno. Hasta por los amiguismos.
El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) acaba de protagonizar una de esas volteretas que confunden más que aclarar. En el lapso de apenas dos años, primero eliminó un registro de empresas exportadoras e importadoras, luego estableció que se manejaría con el de la Aduana y ahora agregó un segundo requisito para las firmas interesadas en participar del comercio exterior de alimentos: deben además estar inscriptas en el RUCA (El Registro Único de la Cadena Agroalimentaria).
Vamos por partes, diría Jack el destripador.
En enero de 2019 el Senasa emitió la Resolución 79/19. Era todavía gobierno de Cambiemos y tiempos de una furiosa “simplificación” de trámites en el organismo sanitario, donde la gestión de Ricardo Negri derogó y abrigó cientos de normativas. En dicha resolución, el Senasa eliminó su propio “Registro de Exportadores y/o Importadores de animales, vegetales, material reproductivo y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que contengan, entre sus componentes, ingredientes de origen animal y/o vegetal”, que había sido creado en 2001.
La norma parecía tener todo el sentido común: ¿Para qué hacía falta que el organismo de control sanitario tenga un registro de empresas exportadoras e importadoras si para controlar a ese universo ya existía la Aduana? En rigor, a partir de ese momento el Senasa decidió consultar el registro aduanero cada vez que se le requirieran los servicios.
Este jueves en el Boletín Oficial, el Senasa volvió a publicar una resolución sobre el asunto, la 151/21. Por suerte, no reimplanta el registro que había sido anulado en 2019, pero sí pone una nueva condición para el cruce de informaciones por internet que el Senasa debería realizar ante cada requerimiento de una empresa exportadora o importadora de alimentos. Ahora, además de convocar a la base de datos de la Aduana, también consultará con el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial).
Es decir que los exportadores o importadores también deberán estar necesariamente inscriptos allí para pedir los servicios de certificación sanitaria del Senasa.
El RUCA depende de la ex ONCCA o la actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura. Se suponía que allí deben estar registradas todas las firmes con actividad en el sector agroalimentario, sean o no exportadoras o importadoras. Pero al parecer en Senasa encontraron que había algunas que aparecían en la Aduana pero no en el RUCA.
“Había muchos exportadores sin RUCA. La vinculación es a los efectos de exigir dicha inscripción. En 2019 se eximió de ese requerimiento y muchas sociedades anónimas simples sin RUCA con solo estar inscriptas en AFIP exportaron. Nuestro objetivo es solo buscar que estén inscriptos como cualquier exportador de productos agropecuarios”, dijeron desde Senasa para explicar la nueva exigencia a las empresas que intervienen en el comercio exterior. Una nueva exigencia que en realidad era vieja, porque se suponía que esas firmas ya debían estar inscriptas tanto en el RUCA como en la Aduana.
Llaman la atención los momentos elegidos para reforzar esta exigencia de doble inscripción por parte del Senasa.
Hace un mes, de muy mal modo, el Ministerio de Agricultura eyectó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un veterinario de conocida militancia radical que había sido convocado por Cambiemos en 2016 para reorganizar ese área (eliminada por Cristina Kirchner en 2011 luego de resonados casos de corrupción). Rossi, apoyado por todo el arco de las actividades productivas que debía controlar, permaneció un año más en su puesto a pesar del cambio de gobierno. Como debería suceder en cualquier país normal, donde los funcionarios técnicos de carrera no sufren los avatares de la política.
Es vox pópuli que Carlos Milicevic, un santacruceño que ahora es vicepresidente del Senasa y que era jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura (en tiempos de Javier De Urquiza) cuando estalló el conflicto con el campo en 2008, fue uno de los grandes promotores del desplazamiento de Rossi. En su lugar en la ex ONCCA, el ministro Luis Basterra designó a un contador llamado Luciano Zarich. Es el mismo que fue nombrado como subinterventor en la fallida intentona de expropiar Vicentin.
Zarich, que ahora tendrá control directo sobre el RUCA, ya fue encargado de manejar ese registro de empresas en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, hasta fines de 2015. En aquel momento ese registro público mostró varias inconsistencias, como la habilitación de empresas inexistentes que recibían ROE Verde, los permisos de exportación de trigo o maíz que distribuía el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
El de Josema Group es un caso testigo que Zarich jamás pudo explicar en su anterior gestión: fue anotada como exportadora y recibió ROE para vender arroz y soja al exterior.
Ahora vuelve a tener a cargo ese registro, el RUCA, donde deben estar inscriptos todos aquellas empresas que quieren producir alimentos en este bendito país de tantas idas y vueltas.
Allí deben estar inscriptas, a partir de ahora, aquellas firmas que quieran exportar o importar y necesiten para hacerlo los certificados sanitarios del Senasa.
Con los requisitos que desde hace años exige el RUCA de la DNCCA para los distintos operadores de la cadena de granos y de carnes hubiera sido suficiente eliminar cualquier otro registro porque incluye filtro sanitario de SENASA.. pero nuestros pesimos funcionarios=politicos estan siempre en otra cosa: o el curro o la rosca… pobre pais!