El mendocino Carlos Iannizzotto, que acaba de ser reelecto en Coninagro y es uno de principales dirigentes de la Mesa de Enlace, es el caso más visible. Pero hay muchas otras situaciones que expresan al menos una contradicción ética importante dentro de las filas del ruralismo. Ellos que tanto reclaman por la transparencia y la moralidad de los dirigentes políticos, ellos que muchas veces se han llenado la boca hablando de la República, ellos… ¿No deberían presentar declaraciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción cuando les toca asumir alguna representación importante dentro del sector público?
Hay un gris inmenso cuando se aborda este asunto incómodo para los dirigentes rurales. Representantes de las cuatro entidades tradicionales del agro o de otras cámaras del sector agroalimentario suelen ocupar sillas dentro de varios organismos vinculados al Ministerio de Agricultura y a otras carteras del Estado Nacional. Pero la gran mayoría de ellos no presentó su declaración juradas como sí deben hacerlo todos los funcionarios públicos de rango o los que están expuestos políticamente.
Se pueden consultar las declaraciones aquí
¿Deben hacerlo o no deben hacerlo? En una primera mirada, desde el sentido común, claramente deberían estar incluidos entre los sujetos comprendidos por el artículo 2 de la Ley 26.857 que regula la ética en el ejercicio de la función pública. Pero no lo están de modo explícito. Suena contradictorio, pues representan intereses del sector privado dentro del Estado y por lo tanto deberían estar sometidos a los mismos controles que los empleados públicos. O a más, por su condición de visitantes.
Carlos Iannizzotto es el mejor ejemplo de esta contrariedad. El presidente de Coninagro forma parte como vocal del Consejo Directivo del INAES (Instituto Nacional para la Economía Social) en representación de las cooperativas agropecuarias. Es decir, tiene influencia directa sobre las decisiones de ese organismo. Elegido por sus pares para ocupar este cargo desde comienzos del año, todavía no ha presentado su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción, un trámite que debe realizarse antes del 30 de septiembre de cada año.
Fuentes del organismo han dicho a Bichos de Campo que debería haberlo hecho, porque -ante la ambigüedad de la regla- el uso y costumbre deja la potestad de decidir a la oficina de personal de cada organismo. Es el jefe de personal el que define quién declara y quien no lo hace. En el INAES contestaron que allí consideran que todos los vocales deberían presentar su declaración de patrimonio. Iannizzoto debería haberlo hecho.
Salta a la vista: Debería ser el presidente de Coninagro el primero en mostrar la transparencia que en general los ruralistas reclaman de los políticos, pero no siempre muestran.
El lunes 17 de febrero de 2020, en un acto presidido por el fallecido Mario Cafiero, el instituto que atiende a cooperativas y mutuales anunció -con presencia de Iannizzotto- un innovador sistema de financiamiento en el que las mutuales atenderían las necesidades crediticias de las cooperativas productivas. Se puso como ejemplo de ese operativo a San Cristóbal Caja Mutual, que financiaría mediante ese esquema a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), una de las principales bodegas del país.
Poco tiempo después, y ya con Iannizzotto designado en el directorio del organismo, el INAES firmó un acuerdo con Fecovita. Se anunció que se beneficiará a 5 mil productores de esa cooperativa, con un aporte concreto de 10 millones de pesos para subsidiar las tasas de interés. El operativo permitiría asignar créditos a lasa cooperativas vitivinícola por entre 75 y 100 millones de pesos. De allí proviene Iannizzotto.
Nadie insinúa aquí nada. Pero queda claro que hay una colisión de intereses suficiente como para que se reclame al ruralista funcionario que presente su declaración de bienes. Sobre todo, además, porque forma parte de una Mesa de Enlace que exige en todo momento mejores cualidades éticas de la clase dirigente.
Y sobre todo porque la presencia de representantes del sector agropecuario en organismos del Estado se multiplica.
En el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hay un consejo directivo que tiene una amplia representación de los sectores privados. En la actualidad forman parte del mismo Liliana Monterroso por las Facultades de Ciencias Agrarias; Alejandro Conci, por AACREA; Pablo Pailolle, por la Federación Agraria; y Santos Zuberhbuler, por la Sociedad Rural Argentina. Todo ellos presentaron, como corresponde a las exigencias del organismo, su declaración ante la OA correspondiente a 2019.
Pero en ese mismo consejo figuran, como representante de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Humberto Luis José Occhi, de quien no surge registro de presentación. Tampoco expuso sus bienes el ingeniero Sergio Melgarejo, que actúa como representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En las antípodas aparece el representante de Coninagro: el correntino Nicolás Carlino (foto) no solo presentó su declaración ante la OA por el ejercicio 2019 sino que ya cubrió el trámite para el año 2020.
Está claro que estos representantes en el consejo del INTA deben presentar sus declaraciones. Es una exigencia expresa de la oficina de Personal del instituto frente a la difusa letra de la Ley de Ética pública. Pero los criterios son dispares. Y esa misma oficina no exige el mismo trato para los representantes rurales ante las empresas que dependen del grupo INTA, y que están expuestos cotidianamente a decisiones económicas concretas.
“En el caso de los (empresarios) que solo están en INTEA o la Fundación ArgenInta, no son ‘personal expuesto políticamente’, por lo que no están obligados a presentarla”, explicó una fuente oficial.
En efecto, ninguno de los representantes de las entidades agropecuarias en la Fundación ArgenInta, por la que circulas millones de pesos en una suerte de presupuesto “ágil” y “paralelo” del organismo, presentó declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Es el caso de Oscar Bianchi (SRA), Eliseo Rovetto (Federación Agraria), Eduardo Sancho (Fecovita) y Daniel Lavayén (CRA). Queda claro que ellos no estaban obligados a hacerlo. ¿Deberían?
INTEA, por otro lado, es una empresa del INTA que se ocupa de la comercialización de las tecnologías desarrolladas por los investigadores del organismo. Decide cómo estos desarrollos se transfieren al sector privado.
El presidente del directorio de esa empresa mixta es el mismo Santos Zuberbuhler (foto) y el vice es Elbio Laucirica (Coninagro). Ambos presentaron sus declaraciones correspondientes a 2019, pero desde su rol como consejeros del INTA en ese ejercicio. Pero por su representación actual en dicha sociedad no están obligados a hacerlo en 2020, como el resto de los directores de esa firma.
En el Senasa, también hay representantes de las entidades, aunque en un espacio de menor rango ejecutivo, pues se trata apenas de un consejo consultivo al que las autoridades políticas le llevan muy poco el apunte. Ellos claramente no deberían, según las normas del organismo, a presentar sus declaraciones de bienes para controlar posibles actos de corrupción. No lo hicieron, en rigor.
En este grupo aparecen Marcelo Federici (Coninagro), Luciano Miguens, el hijo (por la SRA); María Marta Rebizo (por Ciara-Cec), Ricardo Burgos (por CRA), Ariel Toselli (por Federación Agraria), Mariano Emilio Pérez (por el sector pesquero); Natalia Tassara y Darinka Anzulovich (por la Copal), y Juan Carlos Aba (por Caprove).
También hay legítimos representantes de intereses privados en el INASE (Instituto Nacional de Semillas), en la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola), etcétera. ¿Deberían ellos o no presentar sus declaraciones de bienes?
