Mucho se habla sobre las cifras de deforestación en el país, pero poco se sabía sobre las personas que viven en vinculación con los territorios boscosos y se ven afectadas más directamente por lo que suceda sobre ellos. Un documento oficial dice que hay casi 2 millones de argentinos vinculados directamente con los bosques nativos. Y advierte que la gran mayoría de ellos vive con necesidades básicas insatisfechas.
La Argentina está dentro de los diez países con mayor pérdida de bosques nativos del mundo, al menos en el período que va del 2000 al 2015, que coincide con una fuerte expansión de la superficie agrícola. Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 13% de la población del país vive dentro de las áreas comprendidas dentro de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Son exactamente 1.992.877 habitantes, para ser exactos.
Del trabajo participaron especialistas de la Dirección Nacional de Bosques de esa cartera, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Asociación Ingenieros Forestales Chubut. Su versión completa puede ser descargada desde aquí:
Descargar el Informe oficial sobre desmontes y alternativas
Para calcular cuánta gente vive en relación directa con las masas de bosques nativos, o “con el monte” como se diría más coloquialmente, en el análisis se tomó la superficie surgida de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) que cada provincia presentó en 2017. A esos datos se los cruzó con el último Censo Nacional de Población 2010. De allí surgía que había a esa fecha 40.788.453 habitantes.
El segundo paso fue determinar que de los 527 departamentos/partidos o comunas correspondiente a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había 340 departamentos que contenían bosque nativo en forma total o parcial. Allí vivían 21.521.008 habitantes, el 54% del total. Pero de ellos el 87% era población urbana y solo el 13% era rural.
Profundizando el análisis por radios censales localizados dentro del área afectada por el Ordenamiento Teritorial, la conclusión fue que había allí dentro 5.064.918 habitantes, es decir el 13% del total del país país. Esa es la gente que vive, según el estudio oficial, “dentro de la matriz de bosques”.
El paisaje se pone negro cuando vemos que ese 13% cumpliría con al menos un indicador del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). ¿En criollo? Esas 5 millones de personas tienen viviendas inconvenientes, o carencias sanitarias (por ejemplo no cuentan con inodoros); viven en condiciones de hacinamiento; no pueden asistir a la escuela o no obtienen ingresos que lees aseguren su subsistencia.
Una de las conclusiones del trabajo es que el 8% de la población con NBI vive en los departamentos que tienen bosques nativos. Esto es 61.5% del total nacional.
Nuevamente, de esa masa de casi 5 millones de personas, hubo que discriminar población rural de urbana. Solo el 39% de esa gente vivía en el ámbito rural, un 10% agrupada en localidades de hasta 2.000 habitantes y otros 29% dispersa en medio del monte.
Así se llega a la conclusión de que “la población rural directamente vinculada a los bosques es de 1.992.877 de habitantes”. Esto equivale al 54,6% de la población rural del país.
Según el informe, la pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas, ocurriendo el 43% de la misma (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas) dentro del período de vigencia de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos. En 2018 se alcanzó una superficie desmontada de 183.368 hectáreas.
Otro dato que contiene el informe es que de las 1.856 comunidades identificadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), hay 1.218 que habitan los bosques nativos.
Considerando las categorías de conservación definidas por la Ley 26331, el 61% de esas comunidades está en “zonas rojas” (categoría que supone sectores de alto valor boscoso, que no debería transformarse), el 34% está en “zonas amarillas” (sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero tienen un alto valor de conservación) y un 5% restante en “zonas verdes” (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad).
Un dato interesante, para comparar, aparece en un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS en inglés) de Estados Unidos. En el Amazonas brasilero, aquellas comunidades que cuentan con los derechos de propiedad pueden proteger las tierras y reducir en un 66% la deforestación. Esto no se evidencia en los territorios donde no se les reconoce sus derechos, o se hace en forma parcial.
¿Esto puede traducirse en una alternativa para la preservación de bosques en Argentina?
