El Colegio de Abogados de Rosario generó un dictamen que podría servir para sentar jurisprudencia sobre el encuadre jurídico del traspaso de la propiedad de la leche cruda. Ya se sabe que muchas veces, o casi siempre, el productor tambero entrega su producción a la fábrica láctea sin saber cuánto le van a pagar, ni qué descuentos sufrirá, ni cuánto tiempo más se mantendrá esa relación comercial.
Eduardo García Maritano, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en esa provincia y especialista en lechería, considera que se trata de un gran paso porque podría servir de base para fijar cambiso de fondo en la forma de comercializar la leche. Le preguntamos entonces cuál es la importancia que tiene este dictamen:
En el dictamen, en definitiva, se establecen cuáles son las condiciones comerciales para que el traspaso de propiedad de la leche del productor a la industria se ajuste a derecho. “Este dictamen es una pieza fundamental que confirma que el camino de institucionalización de mercado, que emprendieron las entidades confederadas de CRA, y ahora cuenta con el respaldo académico de una de las instancias más prestigiosas del derecho agrario”, señalaron desde esa entidad.
CRA agregó que “El dictamen deja en claro que la entrega de leche cruda que efectúa el empresario tambero a la industria está enmarcada jurídicamente en el contrato de suministro y en consecuencia le son aplicables las normas del Código Civil y Comercial referidas al mismo. Por ende, sería aconsejable para las partes involucradas, que a través de sus organizaciones representativas, acordaran la formulación de contratos marco para cubrir esta operatoria”.
¿Contratos marco? ¿Qué deberían definir? Al respecto se explicó que “deberían contener, además de las características típicas de la relación jurídica del suministro, aquellas que son propias de la actividad agraria. Asimismo debería establecerse el precio de referencia o la forma de determinarlo, para brindar seguridad y transparencia al negocio lácteo. El mismo instrumento contractual debería determinar el plazo de pago de las entregas realizadas”.
García Maritano cree que sería oportuno que el Congreso Nacional tome este dictamen para hacer lo que debería hacer: legislar en la materia. Aspira a una ley “que le otorgue seguridad económica y jurídica que hagan más atractivas las inversiones en el sector y por consiguiente ayuden al crecimiento del mismo”.
