Finalmente, las posibilidades de una reunión entre “el agro” y Cristina Kirchner se concretaron. El sorpresivo pero previsible encuentro fue en el Senado con algunos representantes del recientemente conformado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) cuidadosamente seleccionados, entre los que no figuraban dirigentes del sector primario. El CAA, una gran coalición de 42 entidades del sector privado que quiere establecer una agenda productiva post pandemia con el Gobierno, contiene de todos modos a tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace.
Desde su participación en la campaña bonaerense 2017, cuando visitó un tambo que luego se sabría pertenecía a un intendente de su propio espacio político, que la actual vicepresidenta no incluía en su agenda una actividad vinculada con el agro, sector con el cual mantiene una manifiesta enemistad desde el conflicto por las retenciones móviles de 2008. De allí la importancia de este cónclave.
Durante la reunión, los referentes del Consejo le pidieron su apoyo a Cristina para avanzar en la posibilidad de “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio como biotecnologías”.El bloque agroindustrial tiene en carpeta un proyecto de ley para fomentar las exportaciones del agro y poder crear así mayor número de empleos en el interior del país.
En este sentido, los representantes del agro le dejaron su propuesta de generar un marco de consenso que termine en “una gran Ley nacional de fomento a la actividad agroindustrial, que contemple estabilidad desde el punto de vista impositivo y fiscal y nos permita proyectarnos en los próximos 10 años”, se explicó en un comunicado. Cristina, según trascendidos de la reunión, los felicitó por tomar la iniciativa y prometió su apoyo. En ningún momento de la ruenión, que duró unos cuarenta minutos, se habló de los desencuentros del pasado.
Los que asistieron al encuentro con la vicepresidenta de La Nación fueron José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y quien actúa como vocero del Consejo AgroIndustrial Argentino. Lo acompañaron dos perdonas con viejos vinculos con la política e incluso con la función pública: Roberto Domenech, el eterno presidente de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA), un ex secretario de Alimentos en tiempos del gobierno de la Alianza; y Gustavo Idigoras, actual presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), que también supo ser agregado agrícola en Bruselas.
Martins declaró que “se busca definir una política activa de corto plazo con herramientas de políticas institucionales, con fuerte impronta hacia las relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros”.
Según la agencia de noticias Télam, Martins apuntó que “se necesitan realizar propuestas sectoriales antes de 60 días que integren un proyecto de Ley que pueda ser tratado por el Congreso de la Nación antes de terminar este año, en donde haya desarrollo agroindustrial exportador con fuerte inclusión social y federal, que dé estabilidad fiscal y financiera por los próximos 10 años”.
Domenech manifestó que este año habrá “un nuevo récord de producción de pollos y hay que trabajar ahora para tratar de visualizar cuáles serán los cambios que se avecinan, los nuevos hábitos y las nuevas demandas de los consumidores”.
Idigoras, por su lado, alertó que “Europa ya lanzó el Pacto Verde (Green Deal) que planea descarbonizar su economía e imponer certificaciones ambientales obligatorias y posibles impuestos de importación al carbono”, lo cual se puede traducir en barreras de exportaciones agroalimentarias, para lo cual “Argentina debe planificar una estrategia de descarbonización de su agricultura”.
El Consejo se lanzó formalmente el pasado 17 de julio aunque se venía cocinando desde hace un par de meses. Entre las tantas entidades que lo integran, se encuentran Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe, entre otras. No forma parte la Sociedad Rural Argentina.
El consejo sostiene que, “entre 2020 y 2030, se pueden generar 210.000 empleos directos en el interior del país y 700 mil en el total de la economía, sin descuidar el entorno ambiental, y lograr 100 mil millones anuales de exportación, sin requerir subsidios del Estado”, para lo cual aseguraron que es condición necesaria lograr “estabilidad fiscal a 10 años”, lo que se lograría con el proyecto de Ley.
