Los productores agrícolas de Pergamino, un partido del norte bonaerense que es icónico de la alta productividad de la pampa argentina, están haciendo “cuarentena” desde septiembre de 2019. En ese momento, a partir de denuncias de algunos vecinos de su periurbano por malas aplicaciones de agroquímicos el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, prohibió el uso de insumos químicos en una extensa franja de campos alrededor de la ciudad, que inhabilita cerca de 6.000 hectáreas y provoca otros perjuicios a la comunidad rural.
Está arrancando una nueva campaña agrícola, la 2020/21, y todas las entidades del agro pergaminense se pusieron de acuerdo para reclamar a la justicia y a las instancias políticas locales que pongan fin a este grotesco de justicia, que en función de daño no del todo demostrado castiga a unos para supuestamente defender a otros.
La vigencia de la resolución de Villafuerte Ruzo, que es el mismo juez que investigó sin demasiado éxito la muerte del hijo de Carlos Menem en los años 90, ya ha durado mucho más tiempo que el aislamiento por el coronavirus. Esa medida cautelar “extendió hace casi un año el área de exclusión que prevé la Ordenanza Municipal 8126/14, de 100 metros a 1095 metros del límite urbano”, prohibiendo los agroquímicos en “un área muy superior a la de la zona implicada en la denuncia”.
Esta disposición judicial a modo de cautelar y basada en “principios precautorios” alcanza una superficie total de aproximadamente 6.000 hectáreas y “afecta directamente a más de 100 productores que desarrollan sus actividades en esta área generando un impacto social y ambiental negativo en la comunidad”, según señaló un comunicado la comunidad agropecuaria local.
En mayo de 2019, Bichos de Campo realizó un programa especial contando el origen del conflicto:
El comunicado que pide el fin de la cuarentena por agroquímicos en ese partido es potente. El reclamo de los productores es tan honesto que incluso éstos han dejado atrás las profundas grietas que separaron en los últimos meses a la filial de la Federación Agraria del resto de las entidades rurales. Por ejemplo, frente al aumento de las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, los principales cultivos en esa zona.
Firman este pedido común para que cese esta cuarentena la Federación Agraria, la AIANBA (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires), la CEDASABA (Cámara empresaria de distribuidores de agroquimicos, semillas y afines bonaerense), CONINAGRO, los grupos CREA Pergamino y Arroyo del Medio, la Regional Aapresid Pergamino-Colón, la Sociedad Rural de Pergamino, y la Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia. Villafuerte Ruzo no debería hacerse el desentendido.
El escrito es bueno porque parte de reconocer que algunos productores pueden haber hecho macanas y no las justifica de ningún modo. No hay aquí una posición corporativa. “Las situaciones conflictivas que se vienen dando en las zonas periurbanas, en particular en Pergamino, se deben a que, por un lado, desde el sector de la producción no se han tenido en cuenta todas las precauciones necesarias para prevenir los riesgos y evitar los posibles efectos perjudiciales al ambiente y la salud”, admite.
Pero a la vez, aclara la comunidad agrícola que los riesgos de usar agroquímicos se reducen a mínimas expresiones cuando los productores y aplicadores hacen las cosas como se deben hacer. “Los conflictos entre los que por un lado quieren realizar una actividad productiva en forma responsable y los sectores de la sociedad que pretenden riesgo cero evitando el uso de fitosanitarios autorizados, no van a resolverse en la medida en que no haya acuerdos y consensos que posibiliten compatibilizar ambos puntos de vista. En la búsqueda de estos consensos deben ocuparse ambos sectores, junto con la autoridad Municipal que tiene un rol muy importante”, afirmaron las entidades.
En ese sentido, los productores de Pergamino indicaron que la falta de resolución política y judicial de este conflicto ambiental (con grandes pizcas de contenido ideológico), está provocando daños que deberían considerarse. “En la campaña pasada, estudios realizados en el INTA han mostrado una importante reducción de la superficie cultivada y además los cultivos realizados han sufrido una merma sustantiva en los rendimientos por la competencia de malezas y el daño de enfermedades y plagas que no pudieron ser controladas”.
Ver Estamos envenenados de hipocresías: Tres productores presos por una mala aplicación de agroquímicos
Estos impactos pudieron ser medidos en primera persona, ya que el predio del INTA quedó localizado en el área de exclusión definida por el juez. “La institución verificó pérdidas significativas en los cultivos realizados”, se insistió. Lo mismo sucedió con la Escuela Agrotécnica,-
La veda judicial que la política local no logra desenredar “asimismo afecta, en forma directa, ensayos que se vienen realizando desde hace décadas para estudiar distintos métodos para el control de adversidades bióticas y el movimiento y la degradación de los agroquímicos en el suelo (estudios en lisímetros), entre otros temas, ya que han sido interrumpidos por estar localizados dentro del área de exclusión”, advirtieron las entidades agropecuarias.
En este escenario, y cuando ya se debería estar sembrando el trigo que se cosechará en verano, los productores de Pergamino comunicaron al resto de su comunidad que a partir de la presión social se han producido varios avances que podrían dar mayor tranquilidad sobre un buen uso de agroquímicos en el partido bonaerense. “Hubo un continuo accionar de las instituciones del sector tendiente a la reducción de los riesgos en el uso de los fitosanitarios y de establecer una mayor comunicación con los restantes sectores involucrados”, se explicó:
- En 2010 se había creado Agrolimpio Pergamino (hoy Pergamino Ambiental), para impulsar las Buenas Prácticas Agrícolas. Allí “se demostró en el terreno en numerosas oportunidades, que las aplicaciones de fitosanitarios siguiendo estas normativas resultan absolutamente seguras”,
- La Ordenanza 8126 (que era la que establecía 100 metros de distancia) “es una herramienta fundamental, pero como toda norma legislativa, requiere de los medios necesarios para su implementación y control, con la aplicación de las sanciones previstas”. Según esta mirada, Pergamino Ambiental iba camino a una aplicación cabal de la norma hasta que se produjo la intefrvenciónd e la justicia.
- Desde el fallo de Villafuerte Ruzo, “el Municipio ha venido incrementando las acciones de monitoreo de suelos y aguas, con análisis periódicos. “La información pública de esas evaluaciones no presentan niveles de toxicidad por los fitosanitarios en agua utilizada para abastecimiento en los barrios”, se aclaró.
- También destacaron la tarea de capacitación a operarios y auxiliares de aplicadores, aspecto clave para asegurar la eficiencia y la seguridad de las aplicaciones de agroquímicos. Entre agosto de 2015 y noviembre de 2019 se realizaron 29 cursos con un total de 770 asistentes. Y 16 de ellos, con 376 asistentes, fueron dentro del partido.
- Por otro lado remarcan la creación del Centro de Acopio Transitorio (CAT) para la disposición de envases vacíos de productos fitosanitarios. “Los envases vacíos, que han sido la principal fuente de contaminación al quedar dispersos y expuestos en el ambiente, a partir de la vigencia de esta Ley es obligación entregarlos limpios (con triple lavado y perforados) en el CAT una vez usado el producto”, se explicó. Ese centro funciona en el Parque Municipal desde noviembre de 2019.
- Otro hecho fue la creación de la Cátedra Libre Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables (SPAS), en forma conjunta entre la UNNOBA, el INTA, Aapresid y AIANBA, que viene funcionando desde 2018.
“Si consideramos a la ampliación del área de exclusión como una medida transitoria, una especie de cuarentena para dar un tiempo razonable al periurbano de Pergamino para que disponga de todos los elementos y procedimientos para hacer posible una producción agropecuaria sustentable, con las garantías para la seguridad del ambiente y la salud de la población, estos requerimientos han sido
cumplimentados”, afirmaron las organizaciones rurales.
Según ellas, “están dadas todas las condiciones para levantar la medida precautoria en tan amplia área de exclusión”.
“El resultado tiene que ser el retorno a la producción en forma sustentable en la zona periurbana, amigable con el ambiente y la salud de la población y con el consenso de toda la sociedad. El tiempo que se dispone es escaso por el contexto económico social muy delicado para muchas familias de la comunidad, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en pos de este objetivo”, se ilusionaron.
