Por Nicolás Razzetti.-
La inundación pone en riesgo la nueva campaña gruesa con todo lo que eso implica para la economía argentina, teniendo en cuenta el impacto de la recaudación por retenciones a la soja, los ingresos fiscales por los demás impuestos y todo el movimiento económico que genera la cosecha en las comunidades de las provincias pampeanas afectadas por este fenómeno.
Según el cálculo del área Estimaciones Agrícolas del ministerio de Agroindustria, al pasado 20 de agosto se registraban “1.719.254 hectáreas inundadas y 3.927.778 hectáreas anegadas en zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos”. Asimismo, el informe señala que del área total afectada, “cerca de un 20% corresponde a zona de coberturas agrícolas y un 80% a zona de coberturas ganaderas”.
Son datos que alarman y que en definitiva significan no sólo menos renta agrícola sino menos movimiento económico y menos trabajo en esas regiones. El oeste bonaerense es una de las zonas más castigadas, ya que viene soportando inundaciones consecutivas en los últimos tres años.
En esa zona, más específicamente en General Villegas, tiene su campo Juan Balbín, ex presidente de Aacrea. Balbín armó un modelo en el que evalúa el impacto que tendría el agua en la producción, pero más específicamente sobre las actividades vinculadas y sobre la economía de las comunidades cercanas.
El cálculo mide las pérdidas que se producirían por no poder sembrar una superficie de 1 millón de hectáreas, en las cuales -en condiciones normales- la rotación trigo/soja, soja de primera o maíz deberían permitir una rinde promedio estimado en 7 toneladas por hectárea.
- Esas 7 toneladas de granos no se obtendrían, lo que significarían 240 mil viajes de camión menos (7 millones de toneladas a razón de 29 toneladas por camión).
- El valor promedio por viaje que no se realizará se calculó en 40 dólares (promedio entre distancia corta a acopio y larga a puerto de Rosario), lo que implica un total de 280 millones de dólares por el flete que no entrarían a la región.
- Como un contratista de una empresa chica hace cerca de 50 viajes en los meses de cosecha gruesa, con el faltante de 7 millones de toneladas se vería afectado el trabajo de 5.000 camioneros.
- También habría pérdidas en la inversión directa que requiere la rotación antes señalada por 350 millones de dólares, de los cuales 150 millones corresponden a servicios como los de siembra, cosecha o embolsado.
- En cuanto a las agronomías, perderían ingresos por 200 millones de dólares. Y si además se considera una renta del orden del 10% se dejaría de derramar en los pueblos y ciudades de esa zona afectada unos 20 millones de dólares.
Con respecto al impacto fiscal, Balbín consideró que en ese millón de hectáreas se deberían producir 2,64 millones de toneladas (suponiendo un esquema en el cual un tercio fuera soja de primera y el resto trigo/soja de segunda). Tomando un un valor FOB de 350 dólares la tonelada, el Estado dejaría de recaudar por retenciones a la soja 237 millones de dólares.
El ex presidente de Aacrea, en tal sentido, destacó que para una de las etapas que se está licitando del Plan Maestro de la Cuenca del Salado (en la zona de Las Flores), el gobierno bonaerense acaba de obtener una aporte del Banco Mundial de 300 millones de dólares, lo que significa que la tasa de repago sería en un año por el aporte de retenciones solamente y sin considerar los demás tributos.
Balbín indicó que más allá de lo que pase con los productores, tanto los medios como los funcionarios deben considerar el impacto económico de las inundaciones en toda la sociedad, ya que se trata de comunidades donde los dos grandes empleadores son el Estado y el sector productivo.
Pérdidas de esa magnitud obligan en muchos casos incluso a la migración a otras zonas en busca de mejores oportunidades.
Hola. Sí solo el 20% de las zonas anegadas o inundadas corresponde a producción agrícola. El.cañculo no tendría que ser sobre menos de un millón de hectáreas?