Por Matías Longoni.-
Sucedió algo importante esta semana, o algo que debería ser importante si logra ser consecuente con el correr de los meses: se formó una Mesa Foresto Industrial integrada por todos los eslabones de esa cadena de valor. Están los que implantan árboles, los que aserran la madera, los que hacen muebles, los que producen energía con biomasa, los que hacen celulosa y hasta los fabricantes de papel. Todos los eslabones, algo impensado en la Argentina.
Ahora que está de moda hablar de “competitividad”, es la primera vez que todos esos actores confluyen para revisar las políticas poco exitosas en materia de forestación. Porque si hay algo que este país no puede hacer es considerarse exitoso en materia de política forestal. No lo ha sido.
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados va camino a cumplir 20 años. Nació en diciembre de 1998 con el objetivo de elevar en una década hasta 2 millones de hectáreas la superficie implantada con especies forestales, de modo de que cediera al mismo tiempo la presión sobre los bosques nativos argentinos. Pero pasaron dos décadas. Y a pesar de tanto tiempo transcurrido y de los millonarios recursos consumidos, el área boscosa se incrementó apenas en 500 mil hectáreas, para ubicarse actualmente en torno a 1,3 millones de hectáreas, un 60% de aquella proyección.
Fueron veinte años consumidos sin avanzar. En igual periodo histórico, en rigor, Uruguay pasó de no tener forestación a contar con una superficie semejante a la argentina y a exportar tantos productos de base forestal como nosotros carne vacuna. Chile, con mucha menos superficie disponible, llegó a su límite de 2 millones de hectáreas implantadas, exporta por us$6.000 millones, y comenzó a invertir en otros países de la región. Brasil, durante la presidencia de Lula Da Silva, se propuso crecer a razón de 200.000 hectáreas anuales y lo logró. Ya va por 6 millones de hectáreas forestadas. Sobran los ejemplos.
Ahora todos los actores del sector privado se plantean como objetivo llegar a implantar 3 millones de hectáreas de bosques y así generar 200 mil nuevos puestos de trabajo. Es lo que seguro intentarán venderle al gobierno de Mauricio Macri, tan afecto a firmar sendos acuerdos con competitividad con el sector privado. Le dirán al Presidente que luego, con más oferta de madera nacional, se podría reducir el déficit de la balanza comercial del sector, que llega a unos us$ 700 millones anuales, básicamente por la importación del papel. De papel que se hace con celulosa. Sí, como la que producía Botnia.
A pesar de la visible ineficacia de la Ley 25.080, sancionada a fines de los noventa y prorrogada en 2008 por diez años más, una de las propuestas de esta mesa sectorial será pedir una nueva extensión del esquema de subsidios a las nuevas forestaciones que plantea esa ley, aunque efectuando modificaciones. En esto se coincide con Lucrecia Santinoni, la directora nacional de Desarrollo Forestal del Ministerio de Agroindustria, quien estaba elaborando un anteproyecto para ver si el Congreso lo podía tratar (y sancionar) durante el próximo año.
A la espera de ese debate, el sector forestal pidió reforzar el presupuesto de ese área para lo que queda de 2017 y asegurar “una asignación apropiada” en la Ley de Presupuesto 2018.
Según informó la Sociedad Rural Argentina (“Tenemos muchos socios que son forestadores”, me contestaron desde la entidad cuando pregunté por su participación), en la reunión se elogió la conformación de otra Mesa Sectorial para apuntalar la Construcción en Madera; se habló sobre “los puntos específicos para la inversión en una planta de papel””, posiblemente en el norte de Corrientes; y sobre “la importancia de promover la energía eléctrica y térmica en base a biomasa” en las nuevas licitaciones oficiales.
Como en cualquier otra actividad productiva, “”un espacio especial lo tomó la competitividad del sector, en donde los costos de transporte, logística y puertos, junto con la carga impositiva, tuvieron relevancia. Se subrayó la necesidad de aprobar la implementación de los bi-trenes, que permitiría disminuir los costos de transporte entre 45% y 40%”.
