Andrés Halle es un ingeniero agrónomo, zootecnista y consultor ganadero, titular de Econoagro.com y autor del libro Ganadería en Números. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeña como consultor y productor en el sector ganadero.
Halle es sobre todo un ser pensante, de esos que prefiere dejar de lado las pasiones ara analizar fríamente los asuntos. Por eso nos pareció muy oportuno compartir este artículo que el especialista escribió para el CADIA (Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos) dedicado a hacerse preguntar y dar respuestas respecto de las exigencias europeas sobre deforestación y la respuesta argentina a las mismas, el vapuleado sistema Visec.
Allí va el extenso trabajo:

VISEC: ¿una solución para la ganadería argentina o un negocio construido alrededor de una exigencia europea?
La plataforma nació para facilitar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales. Sin embargo, su funcionamiento abre interrogantes sobre el manejo de la información productiva, el financiamiento del sistema, la participación de los frigoríficos y el papel del IPCVA. Una adhesión formalmente voluntaria puede terminar convirtiéndose en una condición comercial. ¿Quién conduce el sistema, quién se beneficia y por qué la Argentina no desarrolló una alternativa pública?
La ganadería argentina necesita mantener abiertos sus mercados internacionales. Para eso debe demostrar el origen de los animales, reconstruir sus movimientos entre establecimientos y acreditar que la producción cumple con las exigencias ambientales y legales de los países compradores.
La necesidad es indiscutible. También lo es que los frigoríficos exportadores necesitan herramientas para reunir la información que les exigen sus clientes.
Pero una cosa es cumplir con esas exigencias y otra muy distinta es aceptar que una plataforma privada se convierta en el mecanismo de referencia para toda la cadena.
En la Argentina, buena parte de la respuesta a las nuevas exigencias internacionales comenzó a organizarse alrededor de VISEC, una iniciativa privada que reúne información de trazabilidad, geolocalización y establecimientos, y facilita su utilización en las operaciones comerciales.
Su propuesta tiene una utilidad concreta. Sin embargo, detrás de esa utilidad aparecen preguntas que todavía no tienen respuestas suficientemente claras: ¿quién administra la información que entregan los productores?, ¿quién financia el sistema?, ¿qué beneficios obtiene cada participante? Y, fundamentalmente, ¿por qué una necesidad estratégica de la ganadería argentina terminó canalizándose a través de una organización privada?
Europa exige trazabilidad, pero no exige VISEC
El Reglamento europeo 2023/1115, conocido como EUDR, establece requisitos para determinados productos vinculados con la deforestación, entre ellos los provenientes de la ganadería bovina. Exige demostrar que los productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con las condiciones legales correspondientes.
Las obligaciones recaen sobre los operadores e importadores alcanzados por la normativa europea. Son ellos quienes deben presentar las declaraciones de diligencia debida. Pero hay una diferencia fundamental: Europa no exige que los productores argentinos se inscriban en VISEC. Tampoco establece que deban utilizar una plataforma privada determinada.
VISEC es una iniciativa sectorial argentina, desarrollada para facilitar el cumplimiento de esas exigencias. No es una disposición de Bruselas ni una obligación normativa impuesta a los ganaderos argentinos.
La propia plataforma reconoce que su utilización es voluntaria, aunque introduce una aclaración decisiva: quien no se inscriba no podrá enviar hacienda al circuito europeo cuando entre plenamente en aplicación el reglamento. Los demás mercados seguirán disponibles.
Es decir, la voluntariedad existe desde el punto de vista administrativo, pero tiene consecuencias comerciales concretas.
El productor entrega información. ¿Qué recibe a cambio?
Según la documentación de VISEC, para ingresar al sistema el productor debe registrarse, identificar sus establecimientos, aceptar los términos y condiciones, firmar una declaración jurada y generar un token de acceso de SIGSA, vinculado con su RENSPA. Además, debe declarar si utiliza soja en la alimentación de sus animales y, en caso afirmativo, presentar la documentación correspondiente de VISEC SOJA.
Las preguntas frecuentes de junio de 2026 detallan la información que recibe la plataforma:
- CUIT y razón social.
- RENSPA asociados al productor.
- Polígonos georreferenciados de los establecimientos.
- Movimientos de hacienda mediante documentos de tránsito electrónico (DT-e).
- Declaración sobre el uso de soja en la alimentación animal.
VISEC aclara que no solicita precios, márgenes de rentabilidad, contratos comerciales, nóminas de
trabajadores ni información tributaria no pública. También sostiene que los importadores solamente pueden consultar información vinculada con operaciones concretas, previa autorización del frigorífico exportador.
Es importante reconocer estas limitaciones. Sin embargo, la información geográfica, los movimientos de hacienda y la posibilidad de relacionar establecimientos tienen un valor económico y estratégico. La cuestión central no es solamente qué datos se entregan, sino quién administra las bases construidas a partir de ellos.
VISEC no certifica: ¿qué significa estar dentro del sistema?
Hay una aclaración que resulta fundamental para entender el alcance de la plataforma: VISEC no
certifica campos, productores, animales ni productos. Su función es reunir información, administrar registros, realizar análisis geoespaciales y facilitar la trazabilidad necesaria para las operaciones comerciales.
Las certificaciones y verificaciones que puedan requerirse corresponden a otros procedimientos y entidades. Esto plantea una pregunta importante: ¿qué garantiza concretamente VISEC cuando incorpora un establecimiento a su sistema?
Estar inscripto no significa necesariamente que el campo haya sido auditado, que cumpla con todas las exigencias ambientales o que tenga certificada su situación laboral y legal. Tampoco garantiza que la hacienda sea aceptada por cualquier frigorífico exportador.
Por lo tanto, es necesario distinguir entre estar registrado en la plataforma, contar con información geográfica procesada y haber obtenido una certificación de conformidad. Son situaciones diferentes y no deberían confundirse.
El productor debe conocer con precisión qué acredita su inscripción y qué responsabilidades siguen estando a cargo de él, del frigorífico y de las entidades certificadoras.
¿Se incorporan establecimientos que todavía no cumplen los requisitos?
Otro aspecto que merece una explicación es el criterio utilizado para incorporar establecimientos al
sistema. ¿VISEC admite todos los RENSPA que solicitan inscribirse para luego analizar su situación ambiental y
geográfica, o realiza una evaluación previa antes de aceptarlos?
La diferencia es importante. Un establecimiento puede estar correctamente registrado ante SENASA y, sin embargo, no reunir las condiciones necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos del EUDR. Por ejemplo, puede presentar superposiciones con áreas de bosque, inconsistencias en la información geográfica o situaciones que requieran verificaciones adicionales.
El registro de un RENSPA no equivale a una aprobación ambiental. Por eso, VISEC debería explicar qué controles realiza antes de incorporar un establecimiento, qué sucede cuando detecta una incompatibilidad y si permite que un RENSPA permanezca registrado mientras su situación está pendiente de resolución. También debería aclarar quién determina finalmente que un establecimiento puede integrar una cadena comercial destinada a Europa.
Si VISEC no certifica ni garantiza el cumplimiento, es fundamental conocer quién asume esa responsabilidad y cómo se comunica al productor el resultado de las evaluaciones. La transparencia exige que estar registrado, estar georreferenciado y estar habilitado para una operación comercial no se presenten como si fueran una misma cosa.
¿De quién es la información?
Uno de los puntos más relevantes surge del propio Protocolo VISEC Carne, publicado por la organización en mayo de 2026. En sus páginas 7 y 8, el documento establece que VISEC administra el mantenimiento de los registros, la gestión de datos generales y la base de datos que reúne información espacial, imágenes satelitales y registros de trazabilidad de los establecimientos y actores de la cadena.
Esto merece especial atención. Una cosa es que los datos originales provengan del productor o de organismos públicos y otra muy distinta es quién administra las bases integradas, los análisis y los registros construidos a partir de esa información.
VISEC afirma que los datos se utilizan exclusivamente para cumplir con el EUDR y que el productor puede solicitar la eliminación de sus datos personales dentro de los cinco días hábiles desde la notificación.
Pero sería necesario aclarar qué información se elimina efectivamente, qué registros se conservan, durante cuánto tiempo y bajo qué fundamento.
La baja de un productor no necesariamente significa que desaparezcan todos los registros históricos de trazabilidad.
La información productiva no es un detalle administrativo. Es un activo estratégico de la ganadería argentina.
¿Por qué un sistema privado y no una infraestructura pública?
Una parte importante de la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de la hacienda ya está en poder del Estado.
SENASA dispone de registros de establecimientos, identificación animal y movimientos de hacienda. Otros organismos cuentan con información ambiental, territorial y legal.
De hecho, la propia VISEC explica que su plataforma conecta información de SENASA, ARCA, REPSAL e INAI.
La necesidad de integrar esos datos es real. Pero no implica que la infraestructura institucional deba quedar necesariamente en manos privadas.
¿Por qué la Argentina no desarrolló un sistema nacional interoperable que permitiera vincular los registros oficiales y poner la información necesaria a disposición de los operadores comerciales? Las empresas privadas pueden desarrollar tecnología, prestar servicios y realizar análisis especializados. Pero la conducción institucional, los estándares y las garantías de acceso deberían tener reglas públicas.
La información estratégica de la producción nacional no debería depender de la continuidad ni de las condiciones de una plataforma determinada.
El IPCVA: dinero de la cadena para financiar el sistema
La participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina merece un análisis particular. El IPCVA es un ente de derecho público no estatal financiado mediante contribuciones obligatorias de productores e industria frigorífica.
En 2023, aproximadamente el 69,5% de las contribuciones correspondió al sector productor. Es una proporción aproximada de ese ejercicio, no necesariamente idéntica a la de años posteriores.
¿Qué sucede con esos recursos en relación con VISEC? VISEC informa que los frigoríficos exportadores financian el desarrollo del software, los servidores y el mantenimiento del sistema. Por su parte, el IPCVA financia el análisis satelital de los polígonos y los algoritmos de interpretación de imágenes.
También se explica que el alta y el procesamiento satelital fueron gratuitos para quienes se inscribieron hasta el 30 de junio de 2026. Quienes se incorporen posteriormente pueden esperar el siguiente procesamiento sectorial de 2027 o afrontar el costo del análisis individual.
La propia organización afirma que los costos operativos son absorbidos por la industria exportadora y el IPCVA dentro de presupuestos preexistentes, sin afectar los aportes de los productores. No hay elementos para afirmar que ese financiamiento sea irregular. Pero sí corresponde preguntar cuánto dinero aporta efectivamente el IPCVA, qué contratos respaldan esos gastos, quiénes prestan los servicios y cómo se rinden los recursos.
Los productores son los principales aportantes del Instituto. Por lo tanto, tienen derecho a conocer qué se financia con esos fondos y qué beneficios concretos obtiene el conjunto de la cadena.
CRISOL, RENATRE y UATRE: una vinculación que necesita explicaciones
Otro aspecto que merece atención es la relación entre VISEC y distintas organizaciones vinculadas
con el ámbito laboral rural. En la documentación institucional aparece CRISOL, una asociación civil que desarrolla procedimientos de evaluación y certificación relacionados con el cumplimiento de derechos humanos, laborales y de terceros en establecimientos agropecuarios.
CRISOL tiene vinculaciones institucionales con RENATRE y VISEC mediante acuerdos de cooperación. Su intervención resulta relevante porque uno de los procedimientos que promueve contempla la emisión de una Constancia de Legalidad en Derechos Humanos, Laborales y de Terceros. Ese procedimiento incluye visitas a establecimientos coordinadas con UATRE, cuestionarios y revisión de documentación laboral. Entre los aspectos evaluados figuran la registración de trabajadores, las libretas laborales, las horas extras, la ART, los elementos de protección personal, los contratistas y las condiciones de vivienda.
Aquí es importante entender el papel de cada organización: CRISOL desarrolla el procedimiento de evaluación y certificación; UATRE participa en las visitas previstas por ese mecanismo; RENATRE aparece dentro del esquema de cooperación institucional. Esto no significa que las tres entidades tengan las mismas funciones ni que constituyan autoridades públicas de inspección.
La posible confusión se genera porque estas relaciones aparecen vinculadas institucionalmente con VISEC, una plataforma a la que adhieren productores ganaderos para acreditar trazabilidad y cumplimiento de requisitos comerciales.
Consultada al respecto, VISEC respondió expresamente que VISEC Carne no implementa el procedimiento de CRISOL, no requiere visitas de validadores a los establecimientos para verificar el cumplimiento laboral y no autoriza inspecciones, ingresos ni cobros por esas visitas. También explicó que su evaluación laboral se basa en la consulta al REPSAL. Por lo tanto, no corresponde afirmar que inscribirse en VISEC habilita automáticamente a UATRE o a CRISOL a ingresar a un campo.
Sin embargo, la existencia de estos vínculos institucionales justifica solicitar mayor claridad: ¿cuáles son los convenios entre VISEC, RENATRE y CRISOL?, ¿qué compromisos asume cada organización?, ¿qué información se comparte?, ¿quién financia las actividades y qué consentimiento debe prestar el productor?
La protección de los trabajadores rurales es una obligación indiscutible. Pero también deben estar claramente delimitadas las funciones de cada entidad y los derechos de los productores. La cooperación institucional no puede generar confusión sobre quién está autorizado a realizar evaluaciones, bajo qué condiciones y con qué facultades.
Una asociación sin fines de lucro también puede generar intereses económicos
VISEC se presenta como una asociación civil sin fines de lucro. No tenemos elementos para afirmar que distribuya utilidades entre sus integrantes ni que comercialice clandestinamente los datos de los productores
Pero eso no significa que no existan intereses económicos alrededor de su funcionamiento. El desarrollo tecnológico, el mantenimiento de sistemas, los análisis geoespaciales y las certificaciones son actividades que pueden generar ingresos para las empresas que las prestan.
Además, una plataforma que se convierte en referencia para frigoríficos, productores e importadores adquiere una posición estratégica dentro de la cadena. Puede reducir costos, facilitar operaciones, estandarizar procedimientos y generar ventajas comerciales.
Todo eso tiene valor económico e institucional, aunque la organización no distribuya utilidades. Por eso, la discusión no debería limitarse a si VISEC cobra una tarifa de inscripción. Deberíamos conocer quién financia el funcionamiento, quién presta los servicios, quién cobra por ellos y quién controla los contratos.
Voluntario en los papeles, ¿obligatorio en el mercado?
Este es probablemente el aspecto que más directamente afecta al productor. VISEC sostiene que no fija precios ni condiciones de compraventa. Sin embargo, su propia documentación reconoce que quien no se inscriba no podrá enviar hacienda al circuito europeo cuando el EUDR resulte plenamente aplicable.
Además, CRA manifestó objeciones sobre las condiciones de adhesión y denunció situaciones comerciales vinculadas con la utilización de la plataforma.
Es necesario distinguir responsabilidades: VISEC no puede ser responsabilizada automáticamente por decisiones comerciales independientes de los frigoríficos. Pero tampoco puede ignorarse que su utilización puede terminar convirtiéndose en una condición de acceso a determinados compradores.
Si un frigorífico acepta exclusivamente la información de una plataforma, aun cuando existan otros mecanismos técnicamente válidos para demostrar el cumplimiento de los requisitos europeos, la libertad de elección del productor queda limitada.
La adhesión puede ser voluntaria desde el punto de vista contractual y obligatoria en la práctica desde el punto de vista comercial.
La exigencia europea no debería utilizarse para imponer una herramienta privada determinada ni para trasladar unilateralmente los costos de cumplimiento al primer eslabón de la cadena.
¿Qué alternativa tiene la Argentina?
La Argentina cuenta con registros oficiales, organismos especializados y capacidades técnicas para desarrollar una infraestructura propia de trazabilidad e información.
No se trata de comenzar desde cero ni de impedir la participación privada. Se trata de que el Estado nacional, en coordinación con las provincias y los organismos competentes, asuma la conducción de un sistema público e interoperable.
Los frigoríficos podrían acceder a la documentación necesaria para sus operaciones y las empresas tecnológicas y certificadoras podrían continuar prestando servicios especializados. La diferencia estaría en quién establece las reglas.
Un sistema nacional debería permitir que diferentes plataformas trabajen con estándares comunes, garantizar la protección de los datos y ofrecer alternativas técnicas equivalentes. El Estado puede contratar servicios privados y aprovechar las capacidades existentes. Lo que no debería delegar es la conducción institucional de una infraestructura estratégica para las exportaciones argentinas.
Las preguntas que todavía esperan respuesta
Los interrogantes concretos que quedan:
- ¿Cuánto dinero aportó y aporta actualmente el IPCVA a VISEC?
- ¿Qué contratos, presupuestos y rendiciones respaldan esos gastos?
- ¿Quiénes son los proveedores tecnológicos y satelitales?
- ¿Qué derechos conserva VISEC sobre las bases de datos que administra?
- ¿Qué información se conserva cuando un productor se da de baja?
- ¿Qué representación efectiva tienen los productores en las decisiones de la organización?
- ¿Qué alcance tienen los acuerdos con RENATRE y CRISOL?
- ¿Qué alternativas técnicas acepta la industria exportadora?
- ¿Se garantiza que un productor pueda utilizar otro sistema equivalente sin sufrir penalizaciones comerciales?
No son preguntas que presupongan irregularidades. Son cuestiones básicas que deberían poder responderse cuando una organización privada adquiere una posición relevante en una cadena productiva estratégica.
La discusión no es ambiental. Es institucional y económica.
No está en discusión la necesidad de demostrar que la producción argentina cumple las exigencias ambientales y legales de los mercados internacionales. Tampoco la utilidad de la tecnología, la trazabilidad o la cooperación entre los integrantes de la cadena.
Lo que está en discusión es cómo se organiza esa respuesta y quién controla sus instrumentos. Una exigencia comercial legítima no debería convertirse en una obligación de adherir a una plataforma privada. La información que aporta el productor no debería quedar sometida a condiciones que no estén suficientemente explicadas. Y los recursos provenientes de contribuciones obligatorias de la producción deben tener mecanismos de control y rendición acordes con su origen.
El IPCVA tiene una responsabilidad que va más allá de promover las exportaciones: debe garantizar que los recursos comunes se utilicen de manera transparente y en beneficio del conjunto de la cadena, especialmente de quienes los aportan.
La ganadería argentina necesita trazabilidad, tecnología y acceso a los mercados internacionales. Pero también necesita instituciones que defiendan sus intereses, reglas claras y herramientas que no generen nuevas dependencias.
Europa puede exigir que demostremos cómo producimos, pero no puede decidir quién administra nuestra información ni bajo qué estructura debemos hacerlo. Esa decisión le corresponde a la Argentina.
La pregunta, entonces, no es si necesitamos una plataforma para cumplir con las exigencias internacionales. La necesitamos. La verdadera pregunta es si queremos que una infraestructura estratégica para la ganadería argentina quede organizada alrededor de una iniciativa privada, financiada parcialmente con recursos de la propia cadena, o si estamos dispuestos a construir un sistema nacional, público, transparente e interoperable, que garantice igualdad de condiciones para todos los productores.
Porque cumplir con Europa es una necesidad comercial. Pero perder el control de la información y de las herramientas estratégicas de nuestra producción sería una decisión política e institucional que la Argentina debería discutir antes de que sea demasiado tarde.
Andrés Halle





