Después de dos semanas de toma en Las Varillas, de una audiencia a la que sus directivos ni siquiera se presentaron y de un plan de retiros que los trabajadores calificaron de “provocación y humillación”, Pauny S.A. presentó una propuesta formal ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba en la que ofrece reiniciar “progresivamente” la actividad industrial a partir del martes 24 de noviembre y cancelar los salarios adeudados de septiembre y octubre, aunque sujeta la oferta a que se le restituya “la plena disponibilidad de sus instalaciones”.
El documento, que lleva por título “Propuesta ante la Autoridad Administrativa del Trabajo”, fue elevado a la Mesa de Diálogo y Negociación en cumplimiento del requerimiento formulado por la Dirección General de Conciliación y plantea además un régimen de suspensiones, un programa de retiros voluntarios y un inventario de los bienes de la fábrica.
La empresa se presenta ante el organismo para formular “una propuesta integral destinada a superar la actual situación de conflicto, reanudar progresivamente la actividad industrial y establecer las bases de una reorganización empresarial que permita asegurar su continuidad”. En el primer punto informa: “Se encuentra en condiciones de reiniciar progresivamente sus actividades industriales a partir del próximo martes 24 de noviembre de 2026, una vez restituida la plena disponibilidad de sus instalaciones”.
Según el programa de producción, durante la primera semana se terminarían las unidades actualmente en proceso de fabricación, con un incremento gradual de la actividad en las semanas siguientes de diciembre. Pauny aclara que contará con el capital de trabajo necesario, pero advierte que su “efectiva disponibilidad queda condicionada al cumplimiento de las condiciones contempladas en la presente propuesta”.
El capítulo sobre los salarios es el que los trabajadores esperaban con más ansiedad. Sobre la base del programa de producción previsto hasta el 31 de diciembre, la empresa propone “cancelar el día 27 de noviembre de 2026 la totalidad de los salarios adeudados correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre”. Los haberes de octubre se pagarían mediante cuatro pagos semanales, a efectuarse los cuatro viernes subsiguientes. Para noviembre, en cambio, no hay fecha. El texto señala que su tratamiento y cronograma de cancelación quedan pendientes de definición en función de la evolución del programa productivo y de las disponibilidades financieras de la empresa. Pauny sostiene: “El cronograma representa la alternativa económicamente viable que puede comprometer en las actuales circunstancias”.
La oferta aun no fue evaluada por los trabajadores, que mantienen la planta tomada y en asamblea para decidir los próximos pasos.
La propuesta incluye también un régimen transitorio de suspensiones por “causas económicas”, que regiría desde la reanudación efectiva de las tareas hasta el 31 de diciembre, en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
La empresa lo justifica en “la grave situación económica y financiera que atraviesa”, en “la significativa reducción de su actividad productiva” y en “las actuales limitaciones de capital de trabajo”. El régimen “comprenderá a la totalidad del personal” y cada trabajador cumpliría “el cincuenta por ciento (50 %) de las horas correspondientes a su jornada habitual”, mientras que la prestación laboral permanecería suspendida durante el cincuenta por ciento restante.
Se implementaría “un sistema de trabajo rotativo, flexible y alternado” cuya organización quedaría “a cargo de la empresa”. Por las horas efectivamente trabajadas se pagarían las remuneraciones correspondientes y por los períodos de suspensión se reconocería “la prestación económica que se acuerde” según la norma citada. El esquema, advierte el escrito, tendrá carácter excepcional y transitorio y quedará sujeto a los acuerdos que correspondan y a su homologación por la autoridad administrativa.
Otro de los puntos es la reestructuración. Pauny informa que desarrolla un proceso integral de reestructuración empresarial, que comprende tanto las áreas productivas como las administrativas y de conducción, y ratifica la decisión de implementar el Programa de Retiros Voluntarios, cuya efectiva instrumentación se vio impedida hasta el presente por la ocupación de las instalaciones fabriles.
Propone habilitarlo desde el 24 de noviembre, mediante dos modalidades de adhesión, cuyas condiciones serán comunicadas formalmente a todo el personal. La adhesión será “estrictamente voluntaria”, con aceptación sujeta a la evaluación de la empresa, y el objetivo es avanzar hacia una dotación de personal “no superior a trescientos (300) trabajadores durante el próximo ejercicio”.
El último capítulo de fondo tiene que ver con la toma, que según el documento se mantiene desde comienzo de este mes de noviembre. La empresa pide que, una vez recuperada la planta, se haga un relevamiento de los bienes existentes con intervención de un escribano público y con la posibilidad de que lo presencien representantes de Trabajo y del sindicato.
Uno de sus fines es verificar eventuales daños, deterioros, faltantes o alteraciones producidos durante el período de ocupación, con expresa reserva de los derechos y acciones que pudieran corresponder. El otro es dejar constancia objetiva de los bienes que integran el patrimonio industrial de la empresa, frente a las manifestaciones relacionadas con un supuesto riesgo de vaciamiento, “circunstancia que PAUNY S.A. rechaza expresamente”. La compañía aclara que el procedimiento no implica reconocimiento de legitimidad alguna a la ocupación del establecimiento.
En las consideraciones finales, Pauny ratifica su voluntad de superar el conflicto y recuperar la actividad industrial mediante un programa económicamente viable y solicita a la autoridad laboral y a la representación sindical su consideración en el marco de la mesa de negociación.

El escrito llega después de un mes de deterioro. Los trabajadores de Las Varillas tomaron la planta a comienzos de noviembre por salarios impagos, y poco después unos 50 operarios de la sucursal de La Banda, en Santiago del Estero, hicieron lo propio por atrasos salariales, incumplimientos de acuerdos y falta de obra social.
El jueves 12, tras un nuevo fracaso en la Secretaría de Trabajo, los directivos Raúl Enrique Giai Levra y José María López no asistieron a la audiencia y enviaron por medios tecnológicos una presentación en la que reconocían una “situación de extrema dificultad económica y financiera”, atribuida a una “importantísima disminución de las ventas de tractores”.
Ahí se anunciaba un retiro voluntario para hasta 150 trabajadores, con una compensación equivalente al 100% de la indemnización por antigüedad pagada en doce cuotas, y la empresa advertía que no continuará participando de instancias de negociación con la representación sindical mientras persista la ocupación de su planta industrial.
Lucas Sarmiento, de la UOM San Francisco, la calificó como “sumamente ofensiva” y “sumamente irresponsable”, y anticipó denuncias penales contra los propietarios.
La caída de la fábrica tiene números contundentes. Pauny llegó a producir entre 180 y 200 tractores por mes, cerca de 2.000 por año, pero en septiembre patentó apenas 24 unidades y en los primeros diez meses del año acumuló 316, un 28% menos que en igual período de 2025. A eso se suman deudas bancarias superiores a los 30.800 millones de pesos y más de 1.000 millones en cheques rechazados, además de la competencia de tractores importados, sobre todo chinos, que en algunos casos se ofrecen a la mitad del precio de los nacionales.
Para Las Varillas, el desenlace excede lo salarial. Pauny nació tras la quiebra de Zanello, cuando los trabajadores y la comunidad recuperaron la actividad después de la crisis de 2001, y hoy da empleo a unas 450 personas, además de sostener a decenas de pequeñas industrias proveedoras.



