La actualización de las tarifas de referencia para el transporte de granos en la provincia de Buenos Aires volvió a abrir un frente de conflicto entre las entidades del agro y el gobierno de Axel Kicillof. Esta vez, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales salieron a rechazar el aumento del 16% dispuesto por el Ministerio de Transporte provincial mediante un laudo, luego de que fracasara la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes.
El cuestionamiento fue formalizado luego de una reunión de la Comisión de Transporte de Granos realizada ayer 12 de noviembre, de la que participaron distintas cámaras de transportistas, las entidades rurales y representantes del comercio cerealero.
Según explicaron las entidades dadoras de carga, durante la negociación habían planteado una actualización inicial del 8,3%, correspondiente al incremento de los costos reales, con margen para llevarla hasta el 11,5% sobre las tarifas vigentes entre abril y octubre.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte terminó fijando un incremento del 16%, un porcentaje que no solamente superó la propuesta de los productores y acopiadores, sino también el 15% que reclamaban los representantes del transporte.
Para las tres organizaciones, se trató de una decisión inédita en la historia de la Comisión y un nuevo golpe al funcionamiento de la mesa institucional que desde hace años discute los valores orientativos de los fletes en territorio bonaerense.
El malestar tiene un antecedente cercano. En abril pasado, luego de que la mesa de negociación acordara una actualización del 14%, las entidades del transporte, junto con fleteros y transportistas autoconvocados, impulsaron medidas de presión que incluyeron bloqueos de rutas y puertos.
En ese escenario, durante una reunión realizada en Necochea, la Provincia terminó avalando una suba del 16%, que tampoco había sido consensuada con las entidades que representan a quienes contratan los servicios de transporte. Ese episodio, según sostienen ahora CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores, marcó el comienzo de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad de la mesa tarifaria.
La nueva intervención del Ministerio profundizó esa disputa. Las entidades consideran que el argumento oficial de evitar un conflicto mediante la fijación de una tarifa más elevada termina produciendo el efecto contrario.
En el comunicado conjunto cuestionaron que el gobierno provincial haya establecido un aumento incluso superior al solicitado por los transportistas para evitar eventuales medidas de fuerza.
“El Ministerio, al fijar un valor por encima del pretendido por el transporte para prevenir medidas de fuerza no evita el conflicto: lo convalida”, plantearon.
Y agregaron que esa conducta termina enviando una señal negativa al conjunto de los participantes de la actividad: “Le confirma a cada parte que la presión ofrece mejores resultados que la concertación”.
Las organizaciones también repudiaron lo que calificaron como un laudo arbitrario y dejaron asentado su rechazo en el acta oficial de la reunión.
