En España, la actividad agropecuaria del Litoral -del Mediterráneo, en su caso- también está afrontando los efectos de las inundaciones sobre los cultivos y la infraestructura rural.
No son a causa del “Súper Niño”, como ocurre aquí, sino de un fenómeno conocido como “Adam” y cuyo nombre técnico es “depresión aislada en niveles altos” (Dana). Se caracteriza, igualmente, por provocar precipitaciones muy intensas y de gran magnitud que, al igual que se ve hoy en la costa de los ríos Paraná y Uruguay, desborda los cauces y arrasa con todo a su paso.
Pero en el sur de Valencia y el norte de Alicante, las zonas más comprometidas, pueden quedarse tranquilos de que allí la ayuda estatal es bastante más significativa. Según lo anunciado por el gobierno español, sólo para reparar los caminos rurales y otras infraestructuras aledañas, se van a destinar 85 millones de euros mediante una partida excepcional que, en suma, es 15 veces más grande que todo el presupuesto que proyecta usar Argentina para emergencias agropecuarias en 2027.
Mediante el Real Decreto-ley 33/2026, publicado el pasado 11 de noviembre, se oficializó una batería de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones registradas entre los días 17 y 19 de octubre y atribuidas a “Adam”.
Es un paquete que, en términos presupuestarios, alcanza los 182,2 millones de euros en total y dedica un capítulo específico al sector agropecuario, al que destina 88,7 millones. “Desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, se han visto afectadas cosechas de frutales y hortalizas, y se han alterado las vías por donde debe canalizarse la actividad agrícola y ganadera, pues se han producido daños de diferente calibre en caminos, vallas o taludes”, evalúa la decisión gubernamental.
La ayuda para el sector está pensada para reparar la infraestructura alcanzada por las inundaciones y, además, ampliar las medidas de auxilio y de cobertura con seguro agrícola para los productores afectados.
El grueso de los fondos para el agro irá directamente a la red de caminos rurales y de riego, con un crédito extraordinario de 85 millones de euros que se suman al presupuesto con el que ya cuenta el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español.
Los trabajos incluirán la reparación y acondicionamiento de las trazas y, además, la limpieza y reparación de los sistemas para el riego, tanto las instalaciones como las acequias, tuberías, canales y compuertas. Se les dará prioridad a los trabajos presupuestados en más de 100.000 euros y los contratos para ejecutar las obras tendrán “carácter de emergencia”.
“Es una medida necesaria para apoyar la recuperación de las explotaciones agrícolas afectadas y el entorno rural de dichas zonas”, aseguran.
La conversión arroja que la medida excepcional anunciada por el gobierno español es de alrededor de 150.450 millones de pesos. Sólo a modo de referencia, es prácticamente lo que cuesta cubrir el tramo 4.2 de la Cuenca del Salado, que estuvo paralizado por dos años por Nación. Y es incluso más que lo que se ejecutó del fondo hídrico entre 2024 y mediados del 2026.
Una partida presupuestaria extra, pensada para paliar los efectos de un fenómeno climático ocurrido por 3 días es más alta que todo lo que desembolsó el gobierno de Javier Milei en obras hídricas de ese fideicomiso hasta ahora. De un fondo que, vale recordar, tiene 85% de sus recursos puestos en plazos fijos y Lecaps.
Pero, para ser justos en la comparación, hay que tomar como referencia las partidas con las que dispone el ministerio de Economía para actuar ante emergencias agropecuarias, sea a través de aportes a las provincias, obras específicas o medidas de financiamiento.
En el Presupuesto 2027, que por estos días se debate en los pasillos del Congreso, el oficialismo fijó que para el programa 59, de “Políticas para la Gestión de Riesgo Agropecuario” habrá un total de 9.644 millones de pesos. Dicha partida corresponde a la sumatoria del “Apoyo a la Emergencia”, unos 4.707 millones, y del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, fijado por la Ley 26.509 y que aporta 4.937 millones.
En total, el poder de fuego que tendrá la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para atender eventos extraordinarios es 15 veces más bajo que la partida específica anunciada para reparar los caminos rurales dañados por un evento de apenas 3 días en la costa del Mediterráneo español.
A esta altura del año, pero de 2025, gran parte del centro bonaerense aún tenía a su red de caminos bajo agua, a causa de las intensas inundaciones que golpearon al interior productivo. La visibilización del reclamo llevó a que la entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich, hiciera un desembarco estelar en la región y anunciara un fondo de 1900 millones de pesos para ayudar a los productores de 9 de Julio, Carlos Casares y Bolívar.
A valores de aquel entonces, era alrededor de 1,12 millones de euros, es decir, 76 veces menos que la partida que acaba de anunciarse en España para reparar los caminos rurales.
