Luego de idas y vueltas en la Justicia, en mayo el Tribunal Federal de Casación, la máxima autoridad penal nacional, decidió restituir la prohibición para los desmontes ilegales en Chaco, una medida cautelar muy resistida por la industria forestal y que se encuadra en la megacausa de la “Mafia de los desmontes”.
Pero la decisión no logró sortear el eterno flagelo que rodea a toda restricción ambiental, la dificultad para controlar sin caer en abusos. Es lo que motivó una nueva presentación por parte de la ONG Abogados Ambientalistas -la que impulsa la causa principal- para buscarle una “vuelta de rosca”, que acaban de encontrar en los tribunales: una jueza decidió sentarlos a todos en la misma mesa y conformar algo así como una “brigada antidesmontes”.
Fue por decisión del Juzgado Federal de Resistencia, que convocó a funcionarios provinciales y nacionales, organismos públicos, representantes de la policía y gendarmería, fiscales y hasta el sector ambientalista a trabajar en conjunto. Deberán cumplir con determinadas obligaciones, seguir un plan ya fijado y presentar informes periódicos.
Se llamará “Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco” y, según explicó la jueza Zunilda Niremperger, deberá “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”. La misma fue dictada inicialmente en 2024, levantada por la resistencia de la actividad productiva, y ahora puesta nuevamente en vigencia.
En ese sentido, el expediente, al que accedió Bichos de Campo establece que la gran mesa reúne a los principales referentes a nivel provincial y nacional para frenar los desmontes ilegales en el Gran Chaco. En conjunto, deberán intercambiar información, detectar posibles infracciones y favorecer la intervención de la autoridad.
Y en esta “liga antidesmontes” nombres propios no faltan. Por el Ministerio Público Fiscal Federal estarán sentados los doctores Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell; por la provincia del Chaco lo hará el Subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro y el Director de Bosques, Gustavo García; y el enviado de la Autoridad Ambiental Nacional es el ingeniero forestal Eduardo Manghi.
La Administración de Parques Nacionales sentará al intendente del Parque Nacional Copo Néstor Arriola y al director de la Regional Norte Sergio Arias Valdecantos; y la Gendarmería Nacional enviará a su jefe, el comandante general Claudio Brilloni.
“Es una resolución muy trascendente. Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales y hacer efectiva la prohibición vigente”, señaló a Bichos de Campo Fabián Maggi, el representante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que también integrará esa mesa.
La ecorregión del Gran Chaco, que abarca una vasta superficie de bosques nativos en esa provincia, en Formosa y en Santiago del Estero, es uno de los epicentros de mayor avance de la deforestación, a razón de una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires -unas 40.000 hectáreas- cada 6 meses.
Es un fenómeno que permea a las legislaciones vigentes, las multas y los ordenamientos territoriales. De hecho, es uno de los puntos donde pone la lupa el sector ambientalista, que ha denunciado hasta el hartazgo la cooptación de los mecanismos de control por parte de los sectores a los que interesa avanzar sobre las áreas protegidas. Algo así como poner lobos a cuidar las ovejas, grafican en el sector.
La megacausa penal de la “Mafia de los desmontes”, iniciada en 2024, apunta identificar aquellos empresarios y funcionarios que logran estar de un lado y otro del escritorio y ya tiene una decena de imputados. En el marco de esa investigación se impulsó la medida cautelar de prohibición de desmontes, resistida sobre todo por la actividad maderera, y que había tenido hasta ahora un grado de cumplimiento bajo.
Uno de los ejemplos más recientes lo aportó el reciente caso de 1800 hectáreas desmontadas en el límite con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, denunciado semanas atrás por las entidades ambientalistas. “A raíz de esa situación crítica, le pedimos a la jueza que se genere un comité de control. Esperamos que se traduzca en una protección real del bosque del Gran Chaco y logremos que no se siga desmontando”, señaló Maggi.
La resolución del juzgado federal chaqueño detalla las obligaciones de esa mesa. Lo primordial será el intercambio de información entre todos los actores, mediante los sistemas de monitoreo satelital, alerta temprana y vigilancia territorial, y la comunicación fluída e inmediata para coordinar acciones ante posibles irregularidades.
También se detiene en el poder de policía. A la Gendarmería Nacional le exige “reforzar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y operativos destinados a las tareas de vigilancia, monitoreo, patrullaje preventivo y detección temprana de posibles desmontes”, y llama a evaluar la incorporación de personal, vehículos, drones y otras herramientas tecnológicas.
Lo propio hace con el ministro de Seguridad de Chaco, a quien la Justicia pide “fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales” del mismo modo.
En caso de detectarse acciones ilegales, obliga a comunicar de manera inmediata toda alerta a la Dirección de Bosques provincial, para que “disponga las verificaciones
territoriales y adopte las medidas administrativas preventivas, de fiscalización o de cese de actividades”. Su trabajo está también conectado con el del Ministerio Público Fiscal, que deberá intervenir cuando pueda haber “delitos o incumplimientos de la medida cautelar judicial”.
En el procedimiento detallado por la jueza se contempla, además, la “intervención judicial urgente” para evitar dilaciones cuando se necesiten medidas que requieran autorización. Es el caso de los allanamientos o el decomiso de material, por ejemplo.
Para hacer seguimiento a todo ese trabajo, que comenzará las próximas semanas luego del fallo judicial, la Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco y el Ministerio Público Fiscal Federal están obligados a presentar informes periódicos ante el tribunal. Deberán detallar las alertas detectadas, las medidas administrativas, preventivas o investigativas adoptadas y hasta si se detectaron dificultades en el proceso.
El primero de ellos deberá entregarse dentro de la primera mitad de febrero del 2027, y luego tendrán una frecuencia trimestral.
