Los huevos que se venden en la Argentina podrán seguir proviniendo de gallinas criadas en jaulas, pero, si prospera un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso, los consumidores deberán ser informados de ello antes de comprarlos. Esa es la propuesta que impulsa la organización Sinergia Animal Argentina, que busca establecer un sistema de etiquetado obligatorio que permita identificar cómo fueron producidos los huevos que llegan a las góndolas.
La iniciativa, presentada formalmente por la diputada nacional Gabriela Estévez, parte de un dato que la ONG considera preocupante: según una encuesta realizada por la propia entidad, más del 78% de los argentinos desconoce que aproximadamente el 90% de los huevos producidos en el país provienen de sistemas de jaulas.
Estos datos adquieren especial relevancia en un contexto de alto consumo de ese alimento. Según proyecciones del sector avícola, Argentina se encamina a alcanzar un nuevo récord de 430 huevos consumidos por habitante durante este año, consolidando su posición como uno de los mayores consumidores del mundo.
En ese escenario, este proyecto propone incorporar al etiquetado obligatorio existente una identificación que distinga cuatro sistemas productivos: huevos producidos en jaulas, libres de jaulas en galpón o piso, camperos o de libre pastoreo y orgánicos. De aprobarse la ley, esa información deberá figurar en la cara principal de los envases, de forma “visible, legible y comprensible”.
Cabe mencionar que la propuesta no se limita únicamente a las etiquetas. También establece que las publicidades deberán informar el sistema de producción correspondiente y prohíbe utilizar imágenes, expresiones o recursos gráficos que puedan inducir a engaño. Así, por ejemplo, un envase no podría mostrar gallinas al aire libre si los huevos comercializados provinieran de otro sistema de producción.
En caso de aprobarse, la normativa contemplaría, además, sanciones por incumplimiento y otorgaría un plazo máximo de doce meses desde su reglamentación para que las empresas se adecuen a las nuevas exigencias.
“Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”, señaló Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina.
El argumento legal detrás de la iniciativa, indicaron, se encuentra en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz.
“Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”, explicó la diputada Estévez, quien aseguró que el proyecto ya cuenta con acompañamiento de diferentes espacios políticos y que se continúa trabajando para ampliarlo.
