El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), el organismo encargado, justamente, de impulsar los índices de empleo formal en el sector, acaba de inaugurar un plan específico para afrontar los índices de morosidad que hoy se observan del otro lado del mostrador, en los productores y dueños de establecimientos.
El Plan Excepcional de Facilidades de Pago (PEFP) apunta a regularizar las deudas de empleadores que registraron a sus trabajadores pero deben parte de sus contribuciones al Renatre. Las mismas alcanzan al 1,5% por ley, el mismo porcentaje que le corresponde al trabajador.
La moratoria contempla un esquema de hasta 12 cuotas, que pueden ampliarse a 24 en situaciones de emergencia agropecuaria, y reducciones de hasta el 50% de los intereses. El plazo para adherirse se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
Este plan, señalan desde el organismo, forma parte de la política de promoción para que más trabajadores rurales ingresen al circuito formal, una de las principales deudas pendientes aún en el sector agropecuario. En ese sentido, buscan facilitar la cancelación de las contribuciones adeudadas y se ofrecen descuentos sobre los intereses y condiciones especiales de financiación.
“La registración y regularización de las relaciones laborales rurales constituye uno de los objetivos propios y permanentes del Renatre, resultando conveniente, en consecuencia, establecer medidas que contribuyan a incentivar a los empleadores rurales a regularizar aquellas relaciones laborales que se encuentren no registradas”, expresa la resolución 100/2026, que efectiviza este nuevo esquema.
El nuevo plan, sin embargo, no está abierto indiscriminadamente a todos los empleadores rurales. Hasta el 31 de diciembre, podrán inscribirse aquellos que hayan sido fiscalizados por el organismo y acrediten haber regularizado todas las relaciones laborales no registradas detectadas durante esas inspecciones. Para cubrir las deudas con el organismo, primero debe demostrarse que se llevó a cabo la registración adecuada.
“La normativa también establece exclusiones expresas para los establecimientos donde se hayan detectado indicadores de presunta explotación laboral, trata de personas o trabajo infantil y se hayan formulado denuncias conforme a la legislación vigente, salvo que se hubiera dictado sobreseimiento o falta de mérito”, aclaran desde el Renatre.
Del mismo modo, también quedarán exceptuados los empleadores que tengan cuotas vencidas de planes de pago anteriores.
Inicialmente, el esquema ofrece un financiamiento de 12 cuotas con una tasa del 1,5% mensual y un adicional del 3% sobre el total correspondiente a gastos administrativos y de gestión.. Para aquellos establecimientos alcanzados por alguna emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial, se prevé una extensión hasta los 24 pagos.
Asimismo, la moratoria también establece una quita de los intereses de la deuda, que dependerá del plazo de cancelación elegido. Si se hace en un pago único o en hasta 3 cuotas, se reducen en un 50%, en caso de afrontarla entre 4 a 6 cuotas, en un 40%, y de 7 a 12 cuotas la quita es de un 30%.
“De esta manera, el costo efectivo de cada acuerdo dependerá del monto adeudado, la reducción de intereses obtenida, el plazo de financiación y los cargos previstos por el organismo”, explicaron.
