Cerca de un centenar de productores de Entre Ríos, junto a representantes de FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y FARER, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, con autoridades policiales. El motivo fue reclamar medidas urgentes ante lo que describieron como “el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores”.
El reclamo apunta a las zonas agropecuarias cercanas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay. Los productores sostienen que, sin cambios, seguirán “viviendo como si el Estado de derecho no existiera”.
Una parte central del petitorio está dirigida a la Justicia. Las entidades pidieron a los funcionarios judiciales “que cumplan con su deber público, que investiguen las innumerables denuncias efectuadas, que adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, que impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables”. El comunicado agrega que se trata de “demandas de toda la sociedad local”.
Durante la reunión se destacó el trabajo de la Policía Rural, pero se reclamó que reciba “el equipamiento necesario e imprescindible” para prevenir el delito y brindar seguridad. En concreto, los productores solicitaron que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas.
También pidieron la colocación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, integradas a un sistema de monitoreo y control policial “que permita una respuesta rápida ante situaciones delictivas”.
El petitorio fue encabezado por Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER. Según el comunicado, contó con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.
El reclamo llega a dos semanas de que se haga público lo que se vive en Bovril, una de las localidades que el petitorio señala como más afectadas. Allí, el criador Álvaro Prevero, que trabaja un campo junto a su hermana en la zona de monte, perdió seis vacas y tres terneros en menos de un mes, un daño que calculó en al menos 15 millones de pesos.
Los vecinos hablan de cerca de veinte animales faenados en pocos días, además de robos en casas alejadas del casco urbano, y sostienen que la carne termina en circuitos de venta clandestina.
En aquella nota, Federación Agraria ya describía el escenario como una “zona liberada”, y su representante en la zona, Marcelo Schneider, apuntaba a la falta de reacción de las autoridades. Prevero había contado además que la brigada rural no disponía de visores infrarrojos ni de drones térmicos y que le dijeron que sus equipos estaban obsoletos, el mismo equipamiento que ahora las entidades piden para cada destacamento.
En ese momento varios concejales le enviaron una carta al jefe de la Policía de Entre Ríos para solicitar su intervención urgente, y FAA anticipó que, si la gobernación no respondía, llevaría el caso a la Nación.
