En agosto del 2024, el gobierno nacional decidió la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), históricamente manejada por el gremio de la Uatre. Alegaban irregularidades institucionales, una situación financiera crítica y desvío de fondos.
Hoy, aún con el control del gobierno, algunos de los artífices de esa intervención acaban de ser procesados por la Justicia. Curiosamente, por una presunta maniobra de corrupción que involucra también a un socio de Martín Menem.
Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello tras los llamados a indagatoria de las últimas semanas. Los interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, y el empresario Sergio Aguirre, son acusados de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
La acusación, vertida por el fiscal Guillermo Marijuán, se centra en un contrato entre Osprera y la empresa de seguridad informática Htech, suscrito inicialmente por la interventora Montero, a mediados de 2024 y ratificado por su sucesor, Petroni. La cifra investigada es de unos 266 millones de pesos.
Las sospechas responden a que Htech fue creada apenas unos meses antes de suscribir su compromiso con la obra social y no tenía ni empleados registrados ni actividad alguna. De hecho, las primeras dos facturas que emitió fueron las que corresponden a Osprera.
El círculo se cierra con la figura de Sergio Aguirre, quien fuera socio del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en otra firma, dedicada a la importación y venta de suplementos deportivos, TR Nutritional.
Aunque procesados por la Justicia, la investigación preliminar menciona varias veces a Eduaro “Lule” Menem y su hermano, Martín, y los señala en chats, comunicaciones y reuniones tanto con los interventores como con el propio Aguirre.
Cabe recordar que los hermanos fueron los principales promotores de la intervención de la obra social por parte del gobierno, aparentemente en una misión para sanearla que terminó manchada por fuertes sospechas de corrupción. De mejorar el servicio brindado para los trabajadores rurales lamentablemente no se habla.
El juez Casanello también decidió procesar a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre y presidenta de su Htech al momento de la contratación. Además, tras investigar la compra de autos de lujo y el aparente desvío de fondos, dispuso embargos por 1463 millones de pesos para cada uno de los acusados.
Durante el llamado a indagatoria, cada una de las partes había tomado caminos distintos: la interventora Montero defendió la contratación de los servicios informáticos, Aguirre desmintió tener conocimiento previo de la operatoria y Petroni, sucesor de Montero, se desligó del compromiso, que sostuvo hasta que debió abrir auditorías internas, forzado por el escándalo desatado en la agenda pública.
Tras dos intervenciones -y dos restituciones- fallidas, desde marzo Osprera es dirigida por César Lococco, el nuevo enviado del gobierno para continuar con la tarea de sanear las cuentas y el servicio. Se cumplieron ya dos años del inicio de esa misión, que hasta ahora sólo ha dejado un escándalo en puerta en la Justicia.
Del otro lado, quien aguarda es el titular de la Uatre, José Voytenco, uno de los denunciantes de la causa de Htech pero que, a la vez, sigue bajo investigación por presunto lavado de activos y administración fraudulenta vinculada al menejo previo de Osprera. En febrero, la Cámara Federal había ordenado profundizar la búsqueda de pruebas antes de descartar la acusación.
