La derrota del proyecto oficialista en el Senado, a principios de agosto, no barrió del todo con el debate abierto en torno al régimen de “extranjerización de tierras” vigente. El gobierno archivó la propuesta de modificar la reglamentación introducida por el kirchnerismo, y todo indica que no se arriesgará a otro revés legislativo antes de las elecciones, pero en territorio bonaerense la iniciativa toma carrera propia.
Por impulso del peronismo, se trabaja en una “Ley de Tierras” exclusiva para la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “blindarse” de algún posible avance del gobierno de Javier Milei. A días de lanzar oficialmente su candidatura, se vislumbra que Axel Kicillof podría contar con un régimen aún más estricto que el fijado por Cristina Fernández de Kirchner en 2011, que sostiene los límites impuestos en aquel entonces, pero endurece los controles en ciertas actividades y áreas productivas.
El Movimiento Evita y el massismo, las claves en la negociación que, de algún modo, acerca posiciones entre la iniciativa de la ex presidenta y el entorno afín al gobernador.
En la redacción original del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, en gran medida motorizado por Federico Sturzenegger, el gobierno proponía cambios radicales sobre la “Ley de Tierras” vigente desde 2011. En concreto, los artículos más sensibles establecían la eliminación del tope del 15% a la adquisición de tierras por parte de particulares y empresas extranjeras, la eliminación del límite del 30% por nacionalidad y la habilitación a adquirir más de 1000 hectáreas en zona núcleo.
Las negociaciones que debía comandar la jefa de bloque, Patricia Bullrich, no llegaron a buen puerto, incluso tras haber incorporado concesiones. Y, sin el apoyo de los “dialoguistas” y aliados, el gobierno debió retirar ese capítulo completo antes de ingresar al recinto.
El hecho generó rispideces en Casa Rosada y, sin admitir la derrota puertas afuera, deslizaron que la iniciativa oficialista volverá a debatirse en algún momento. Es lo que motiva la respuesta desde las entrañas de la legislatura bonaerense, donde se trabaja en un proyecto conjunto por si las intenciones libertarias avanzan.
En la comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados bonaerense se le acaba de dar despacho por mayoría a un proyecto de ley para fijar un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras en territorio provincial. La iniciativa unifica proyectos de dos bloques y avanza para ser tratada.
Este jueves, los diputados acordaron unificar los expedientes presentados por la titular de la comisión de Tierras, Noelia Saavedra (Unión por la Patria), y la legisladora Sofía Vannelli (Frente Renovador). El proyecto conjunto replica en gran medida la ley nacional, por ahora no modificada por el gobierno, y suma aspectos propios, vinculados a la producción bonaerense.
“En un contexto donde el gobierno nacional presenta normas para avanzar en la extranjerización de tierras, considero que la provincia debe pensar en un régimen propio para proteger donde se producen gran parte de los alimentos y donde están las zonas estratégicas para nuestro desarrollo”, indicó Saavedra durante la reunión de comisión.
En ese sentido, además de sostener el techo del 15% para propietarios extranjeros, se busca crear un Registro de Tierras Rurales, que contemple “zonas de protección territorial estratégica”, como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras, cinturones hortícolas y otras áreas de producción de alimentos y agricultura familiar.
Esto último se desprende del proyecto impulsado inicialmente desde Unión por la Patria. En el despacho original, establece que en esas áreas “toda adquisición, transferencia, cesión de derechos, constitución de derechos reales, fideicomiso, modificación societaria, arrendamiento de largo plazo o cualquier otro acto jurídico que implique dominio, posesión, tenencia, control o aprovechamiento económico por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras requerirá autorización previa de la autoridad de aplicación provincial”.
Y, en ese sentido, señala que “se deberá denegar la autorización cuando la operación pueda afectar el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local de alimentos, la agricultura familiar, el arraigo de comunidades locales, la preservación de recursos naturales, el equilibrio ambiental, la planificación territorial municipal o provincial, o cuando favorezca procesos de concentración económica, especulación inmobiliaria, uso improductivo de la tierra o control indirecto extranjero sobre bienes estratégicos”.
Todas ellas, definiciones aún muy generalistas para aplicarse directamente.
La iniciativa también busca sellar otro de los artículos que el gobierno nacional buscaba modificar, y establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia, delimitada en los municipios de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento. San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.
Esto último ya rige en la ley vigente desde 2011, y quedaría cristalizado en la legislación bonaerense.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 830.000 hectáreas en manos extranjeras, alrededor del 2,3% del total de esa legislación y por debajo de los techos impuestos para cada provincia. Sin embargo, Saavedra advirtió que hay que mirar el mapa por localidad, y que en municipios lindantes al Río Paraná, como Zárate y Campana, ya se excede el 15% de extranjerización que establece la Ley nacional de Tierras.
En ese sentido, el proyecto conjunto apunta a establecer un Registro Provincial, que contenga la información de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera, y obliga a solicitar certificados de habilitación cada vez que se transfiera la propiedad.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se destaca también la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, conformado por las carteras provinciales de Justicia, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad.
