Hace muchos años que en este medio venimos recorriendo la situación de Lácteos Verónica, una empresa en crisis desde hace más de ocho años, con deudas conocidas públicamente que se intentaron sanear muy lentamente. La empresa vivió una breve recuperación en los años de pandemia gracias al comercio exterior, que nunca impactó en sus 700 empleados. Desde abril de 2025 vive una paralización que nunca se pudo superar.
En estos intentos de recuperación en una firma con tres plantas industriales, hubo también algunos contratos de producción para terceros que hubieran podido ser una alternativa, entre octubre de 2025 y enero pasados, pero los incumplimientos salariales y una multiplicación de pasivos generaron un deterioro irremontable.
La división hace un año de la empresa agropecuaria del grupo había sido el indicio fundamental para entender que no había marcha atrás con un desmembramiento de la láctea santafesina que aún no encuentra rumbo.
Todo esto sería parte de una triste historia de la familia Espiñeira, los dueños de Verónica, si la situación no tuviera por víctimas a los 700 empleados, muchos ya alejados y con la fortuna de haber conseguido otros trabajo u tareas, pero con muchos otros esperando que su destino tenga una orientación concreta, como tantos otros acreedores por servicios jamás cubiertos.
Se entiende que Verónica se hundió por la poca pericia en su manejo, a pesar de tener una historia centenaria: gobiernos pasaron muchos pero nunca hubo una reacción para evitar semejante desastre en plena cuenca lechera.
Este desenlace estuvo atravesado en el último año por múltiples ofertas para la compra de algunas plantas por parte de otras empresas del sector, e incluso de otros sectores productivos. A todos se les negó la oportunidad y llegamos hasta acá, con muchos miles de millones de pesos en el rojo, entre lo que se cuentan salarios y cargas impagas desde diciembre pasado.
A fin de agosto, la firma Lácteos Verónica finalmente recurrió al Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para solicitar la apertura de un Concurso de Acreedores que aún no se concedió, por la falta de claridad en el proceso. No es una empresa que inevitablemente quedó en esa situación sino que es una que no quiso cambiar su rumbo y a la vez, debe muchas explicaciones. Por eso los jueces demoran una decisión.
La semana pasada, el gremio Atila (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera), en una comunicación para sus afiliados, confirmó que la Justicia ahora pide papeles para poder avanzar. Incluso se deja entrever allí que no existe una deuda reclamada del gremio a la empresa, lo cual confirma lo que siempre se sospechó sobre un sindicato sin quejas, sin movilización y trabajadores solos reclamando por sus puestos de empleo.
Se entremezcló en todo este esquema a una suerte de “apropiación” de la planta de Suardi por parte del la propia Atilra, que fue quien anunció hace un mes la reactivación de las instalaciones para el secado de leche en favor de la empresa Copalac SAS, una firma creada recientemente, que tiene a socios acreedores de la láctea y que pretende así recuperar pérdidas.
Allí, en el terreno, costó la puesta en marcha, sobre todo por la caldera que estuvo abandonada por más de un año. La planta de Suardi ya se está trabajando, con menos del 30% del personal, sin mucha certeza sobre cómo seguir, aunque ya con acuerdos de fasón para otras empresas y por tiempo acotado. Ese es el escenario tal y como lo había comunicado Atilra, endilgándole la gestión exitosa de esta reactivación parcial a su secretario nacional Héctor Ponce.
Ahí está el vínculo con la firma extranjera Mexicana de Industrias y Marcas, que acaba de comprar otras cuatro plantas en el país, pero en este caso sólo pretende leche en polvo.
Por otra parte, asoma en esta historia el empresario Sergio Armando, que tiene en otros sectores también deudas y que en este caso se presenta como titular de Lacterra SA. Hace varias semanas que ronda su nombre como interesado de la planta de Clason, en las cercanías de Totoras. Lo llamativo es que se dice “comprador” de un inmueble que aún no compró.
Incluso habla de la concreción de este proyecto, sobre la planta que está paralizada hace más de un año y que tiene varias deficiencias estructurales, donde ni siquiera hubo guardias constantes en todos estos meses.
En este caso, según la información disponible, no sólo no se hizo operación económica alguna, sino que todo depende de la incorporación de un socio comercial del rubro lácteo que garantice la inserción en el mercado, así como de la posterior homologación por parte de la Justicia, sobre lo cual Armando le pone un plazo de dos a tres semanas al juez que interviene en el pedido.
Bichos de Campo tomó contacto con el empresario para consultarle sobre esta situación. Sin embargo, no fue posible generar el intercambio en las últimas horas, quedando abierta la posibilidad para hacerlo cuando el señor Armando lo desee.
Para la tercera planta de Lehmann no habría ni ofertas, ni cambios, ya que algunos dicen que existe una voluntad de uno de los socios familiares de quedársela y revivirla. Pero son trascendidos, poco claros como todo este proceso.
A toda esta novela trágica, se sumó en las últimas horas una versión de la conversación de un trabajador despedido del centro de distribución Boulogne y el empresario Gonzalo Espiñeira, donde éste dice estar intentando la venta de la empresa Verónica durante los últimos dos años, niega versiones periodísticas de venta por partes, e incluso cuenta no haber podido negociar nunca con Atilra la discontinuidad de los turnos de quesería de los fines de semana, que generan en las empresas una erogación extraordinaria, difíciles de sostener.
Resulta lamentable escuchar que un empresario justifica la falta de pago de salarios por la paralización que él mismo y sus pares generaron en la empresa, sin haber tenido una reacción inmediata para frenar tanto daño, en un contexto muy complejo y que aún está lejos del final.
