El de la Unión Europea con el Mercosur fue un acuerdo que se discutió por 25 años y que, necesariamente, tiene mucha complejidad en su aplicación. De hecho, aún resta determinar el reparto de varios segmentos entre los países de esta región, las exigencias ambientales y de trazabilidad europeas, las reformas necesarias para aprovechar los cupos y hasta la posibilidad de aplicar salvaguardias al agro.
Esta experiencia, que inició con la entrada en vigencia provisional hace ya cuatro meses, fue la que puso en evidencia que el gobierno necesita de una unidad que se encargue de seguir de cerca específicamente los acuerdos comerciales -incluso después de aprobados- para trabajar en su implementación. Y eso fue lo que acaba de crear la Cancillería.
Se llamará “Programa de Seguimiento y Asistencia para la Implementación de Acuerdos Negociados por la República Argentina” y dependerá, desde ya, del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que dirige Pablo Quirno.
Quien estará al frente será María Constanza Crespo, ministra plenipotenciaria de primera clase y diplomática con experiencia en la relación comercial con la Unión Europea. Ejercerá en su cargo ad honorem, siguiendo con las gestiones que, durante los últimos meses, estuvieron abocadas a la implementación del acuerdo con el bloque europeo.
De este modo, Cancillería ya deja entrever que ese compromiso comercial estará en lo más alto de la agenda del nuevo programa, aunque también aclara que esa unidad trabajará en todos “acuerdos en negociación o que se negocien y que requieran, luego de su entrada en vigor o aplicación provisional, el cumplimiento de obligaciones específicas por parte del Estado argentino”.
Además del compromiso interbloque, actualmente el Mercosur tiene por delante la implementación de los acuerdos con los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y con la República de Singapur. Ambos, también mencionados entre las primeras tareas que tendrá la nueva dependencia de Cancillería.

De acuerdo a lo detallado en la resolución 139/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la rúbrica de Pablo Quirno, el programa tendrá entre sus obligaciones “asesorar a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales respecto del cumplimiento de las obligaciones que surjan para la República Argentina” en los acuerdos previamente especificados.
Además, deberá “asistir, en caso de así ser requerido, a los organismos de la Administración Pública Nacional en la implementación de las políticas y cursos de acción a fin de dar cumplimiento a los compromisos que emanan de los acuerdos”. Eso implica “comunicar a las reparticiones pertinentes las acciones fijadas para cada uno de ellos”.
Puertas adentro, tendrá que coordinar el trabajo de las diferentes áreas del Estado y mantener actualizado un relevamiento de todos los compromisos asumidos. También podrá intervenir en la identificación y elaboración de las reformas normativas y regulatorias que necesite la Argentina para cumplir con cada acuerdo dentro de los plazos establecidos.
Pero, además de la necesaria articulación y coordinación con los distintos actores y dependencias de la Administración Pública Nacional, el programa podrá proponer cursos de acción a las provincias y municipios, colaborar para que aprovechen las oportunidades comerciales abiertas y convocar al sector privado privado y a representantes de la sociedad civil. La resolución incluso contempla la posibilidad de conformar grupos consultivos y organizar un foro para discutir la implementación de los acuerdos.
Y no deberá sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones argentinas, sino además analizar cómo avanzan “las contrapartes y los Estados Partes del Mercosur” e identificar eventuales incumplimientos, demoras o dificultades que pudieran afectar los intereses nacionales. También podrá impartir instrucciones a las representaciones diplomáticas y delegaciones oficiales que intervengan en esos asuntos.
La resolución aclara específicamente que la nueva unidad “no representará erogación adicional alguna para el ministerio de Relaciones Exteriores” -es decir que no se destinará un presupuesto extra a esa dependencia- aunque aún no precisa de qué manera definirá su cronograma, mecanismos de consulta ni publicación de informes.




