A casi un año de haber entrado en concurso de acreedores, fruto de la acumulación de severas deudas en la cadena de suministro, la Bodega Norton afronta un nuevo conflicto judicial. Se investiga una deuda de más de 900 millones de pesos por la compra de vino a una cooperativa en 2024, que la empresa decidió cancelar con cheques apenas horas antes de presentarse al concurso preventivo.
Tres ejecutivos fueron imputados por presunta maniobra de defraudación, junto con uno de los representantes de Acindar SGR, acusada de haber sido partícipe para perjudicar en conjunto a la cooperativa. Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza y desde la empresa salieron a respaldar a sus directivos.
En 2024, la la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud vendió a Norton 375.000 litros de Malbec y 45.000 litros de Cabernet, por un valor total de 503.250.000 pesos. El compromiso fue cubierto con un préstamo del banco Santander, solicitado por la propia cooperativa y respaldado por Acindar Pymes SGR, que sería la encargada luego de cerciorarse de que Norton cancelara esa suma.
Hasta ese punto, la operatoria no es cuestionada por el fiscal Alejandro Iturbide, quien sí se centra en lo ocurrido posteriormente. La obligación de la bodega venció el 9 de septiembre de 2025 y, como no fue pagada, Acindar debió actuar como garante y cancelar el préstamo ante Santander.
La imputación señala que entre el 21 y el 30 de octubre Norton negoció refinanciar la deuda con la emisión de seis cheques por una suma total -actualizada- de 955 millones de pesos. Lo curioso es que los mismos fueron firmados el día 29, apenas 48 horas antes de que la empresa presentara formalmente el concurso preventivo de crisis e iniciara la cesación de pagos.
Desde la Justicia acusan a los responsables de la bodega de haber emitido los seis cheques cuando ya habían decidido recurrir al concurso preventivo. Y allí es donde ingresa Acindar SGR, también apuntada por ser parte de la supuesta maniobra.
Los cheques fueron enviados inicialmente a la cooperativa vitivinícola que, como ya había cobrado el dinero correspondiente por medio del préstamo bancario -cancelado por la SGR en garantía de Norton- los endosó para que esa empresa los cobrara a la bodega.
Si Norton los hubiese dirigido directamente a nombre de Acindar, la SGR habría tenido que reclamar dentro del concurso, que está aún en proceso de evaluación en la Justicia, junto con los demás acreedores. Pero, al hacerlo a nombre de la cooperativa y conseguir que esta los endosara, Acindar obtuvo otra figura ante la cual reclamar: la propia cooperativa San Carlos.
Desde la fiscalía acusan a los representantes de Norton y Acindar por el delito de defraudación, bajo el supuesto de que habrían inducido a la cooperativa a firmar los cheques sin informarle que la bodega ya había decidido concursarse. Es lo que ilustran las fechas de lo ocurrido, muy cercanas a la presentación oficial ante la Justicia de acuerdo con lo cubierto en ese entonces por Bichos de Campo.
De ese modo, terminó dándose un hecho paradójico: la misma firma que había vendido el vino en 2024 terminó convirtiéndose en una de las responsables de pagar la deuda. De hecho, ahora enfrenta, en paralelo, un juicio ejecutivo promovido por Acindar, que busca cobrar esos 955 millones de pesos a la propia cooperativa.
Con esa hipótesis, el fiscal Alejandro Iturbide resolvió en las últimas horas imputar como presuntos coautores a tres integrantes de Norton: su director enológico, David Bonomi, junto a Martín Shulz y Lorena Sánchez como coautores. Además, como sostiene que pudo existir una acción coordinada entre los representantes de la bodega y de Acindar Pymes SGR, también fue imputado Carlos Moyano, quien participó de la operación financiera.
Por su parte, en un comunicado oficial difundido recientemente, Norton salió a respaldar a sus representantes y aseguró que no hubo un “beneficio indebido o una conducta irregular” por parte de la empresa, sus directivos o sus empleados. Además, aseguraron desconocer la existencia de la denuncia y afirmaron que aún no fueron notificados.
“Confiamos en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos y determinar que no hubo un accionar contrario a derecho por parte de Bodega Norton, para lo cual seguirá estando, como en todas las instancias necesarias, a disposición de la Justicia”, destacaron desde el directorio, en una escueta, pero contundente, defensa de la firma.
Por su parte, mientras se tramita el concurso preventivo en la Justicia, desde la bodega buscaron calmar las aguas ante su cadena de suministro, de distribución y de consumo. “El proceso de reorganización continúa a buen ritmo y Bodega Norton trabaja con la mayoría de sus proveedores históricos. Queremos transmitir tranquilidad sobre el futuro de Bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina”, destacaron.
El proceso iniciado el 31 de octubre de 2025 -dos días después de la emisión de los cheques ahora en disputa- se tramita en el Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, a cargo de Lucía Raquel Sosa.
Vencido el plazo para presentar verificaciones, observaciones e impugnaciones, se presentaron 367 acreedores y el pasivo reclamado superaría los 41 millones de dólares, y la sindicatura comenzó a evaluar cuáles de esos reclamos serán admitidos. En tanto, el plazo de exclusividad fijado para que la empresa consiga las mayorías necesarias y presente una propuesta vence, en principio, en abril de 2027.
