Mientras avanza con su plan para ceder 9000 kilómetros de rutas nacionales a privados, a través de la Red Federal de Concesiones, y traslada a las provincias la responsabilidad sobre muchas de esas trazas, el gobierno deja muy en claro que no permitirá que el costo derivado del mantenimiento y la realización de obras comprometa su mentado equilibrio fiscal. Sobre todo ahora, cuando, tras dos años y medio de poca actividad, las rutas muestran un visible deterioro.
Y es que el grueso de los fondos que deberían ser destinados a esos fines, y que se recaudan a través del impuesto a los combustibles, en realidad están siendo sub ejecutados y desviados a inversiones en plazos fijos y títulos. Y apenas 1 de cada 4 pesos se destina efectivamente a la obra pública.
Tal como arrojó una reciente investigación de La Nación, desde 2024 a la fecha el gobierno recaudó al menos 1,5 billones de pesos en el fideicomiso “Sistema Vial Integrado” (Sisvial), creado por decreto en 2001 para financiar la obra pública con lo obtenido por impuestos y tasas. Sin embargo, en ese mismo período, mantuvo al menos 1 billón de pesos en inversiones financieras en vez de volcarlo a las rutas, un nivel de subejecución que asciende al 73,8%.
Con esas cifras en mano, la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó ayer una denuncia penal en Comodoro Py contra el ministro Luis “Toto” Caputo y otros funcionarios de la cartera de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina (BNA).
En la presentación se solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo.
Más de $1 billón para rutas, puestos en la timba financiera
Denuncié penalmente al Gobierno nacional por el desvío de fondos del SISVIAL.
Mientras las Rutas Nacionales 3 y 5 siguen paralizadas – y otras tantas en el resto del país, y los argentinos arriesgan su vida todos los… pic.twitter.com/0Dj0Er8LTF
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 10, 2026
Tal como revela el informe de La Nación, el gobierno superditó la ejecución de los fondos del Sisvial a las demandas políticas. En 2024, sólo ejecutó un 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones de $360.238 millones), al año siguiente, un año electoral, la relación ascendió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) y, entre enero y mayo del 2026, bajó otra vez al 18,5% ($83.144 millones de $450.500 millones).
En total, se trata de 1.503.252 millones de pesos recaudados, 394.406 millones ejecutados y más de 1 billón de pesos que quedó en manos de la “mesa de dinero” del quinto piso de Hipólito Irigoyen en vez de invertirse en obra pública.
La operatoria fue confirmada por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su visita a La Pampa fue consultado por el giro de fondos a las rutas. “Lo que no puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, señaló, confirmando lo que los balances arrojan.
Creado por el decreto 976/01, el fideicomiso del Sistema Vial Integrado, cuyo fiduciario es el Banco Nación y su administrador el ministerio de Economía, tiene como destino obligado las obras viales. De hecho, fue creado por un pedido del Banco Mundial con el objetivo de evitar lo que, en definitiva, continúa ocurriendo: que los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles se desvíen en gastos corrientes o se utilicen con otros fines.
Y más que una operatoria aislada, esta ha sido una estrategia muy utilizada por el ministro Caputo para contener el equilibrio fiscal. Lo evidencia lo ocurrido con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica que, tal como describió Bichos de Campo en varias oportunidades, en vez de solventar inversiones en obras diseñadas para mitigar daños por inundaciones -justamente en años como el 2025 y 2026- cuenta con el grueso de sus fondos invertidos en Lecaps.
“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable -el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional- fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros. Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman timbean la plata del SISVIAL”, expresó Tolosa Paz.
En su presentación, la diputada nacional se refirió a los mecanismos utilizados para financiar las obras en las rutas 3 y 5, con un 70% de crédito externo y un 30% de aporte nacional, también congelado. “Es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida”, apuntó.
Cabe destacar, de hecho, que los trabajos en ambas rutas cuentan con un avance muy bajo. En el tramo Mercedes-Variante Suipacha de la ruta nacional 5, por ejemplo, el progreso físico es de tan solo el 16,89% y la ejecución financiera del 11,36%. En otro segmento sobre la misma traza, entre la intersección con la ruta 41 y el kilómetro 104, a diciembre del 2025 se reportaba un avance del 0,88%, a pesar de contar con fecha límite contractual para octubre de ese mismo año.
En cuanto a la ruta nacional 3 (San Miguel del Monte–Gorchs), la obra registraba a mayo de 2026 un avance físico del 26,95%.
En la misma línea, días atrás el ministerio de Economía le reconoció a las constructoras una deuda de 220.000 millones de pesos por certificados de obra pública -tanto propios como del gobierno de Alberto Fernández-. Para cubrirla sin comprometer el superávit fiscal, ofreció la emisión de tres bonos del Tesoro.
“La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, señaló Tolosa Paz, quien en su presentación exigió a la Justicia la adopción urgente de medidas cautelares para preservar las pruebas y evitar la destrucción de documentación ligada a la gestión de estos fondos desde enero de 2024.
