Eduardo Malis, especialista en carne vacuna que trabajó en diferentes organismos, apunta que el verdadero problema no es la financiación obligatoria del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que es lo que cadena ganadera comenzó a discutir frente a una destemplada (e inconsulta) iniciativa del ministro desregulador, federico Sturzenegger, para convertir en “voluntario” el aporte que hacen ganaderos y frigoríficos para la marcha de ese ente de promoción.
-¿Y cuál es el verdadero problema?- repreguntamos.
-El IPCVA necesita una reforma urgente Mientras los principales competidores de Argentina consolidan modelos de promoción con presupuestos crecientes, foco en I+D y gobernanza renovada, el instituto argentino arrastra críticas por falta de resultados, financiamiento acotado y una representación que muchos consideran desactualizada- responde Malis.
Que insiste: “La discusión sobre si la financiación del IPCVA debe ser obligatoria o voluntaria es una simplificación que nos aleja del análisis de fondo de los objetivos e instrumentos que debe tener nuestro país para una política de carnes sustentable y permanente. Cuando se habla de promoción de carnes, el concepto incluye investigación y desarrollo, agregado de valor, difusión nutricional, prácticas productivas sostenibles y atributos de calidad. Es, junto con la sanidad y el acceso a mercados, uno de los pilares de la competitividad de una cadena que enfrenta la presión creciente del pollo y el cerdo, y una competencia internacional cada vez más profesionalizada”.
En ese sentido, el consultor privado que además fue ex director del Laboratorio de SENASA y del Servicio de Inspección de Carnes, ex director del Centro de Investigaciones de Carnes del INTI, ex gerente de la JNC, y ex director de Fiscalización y Control Comercial Agropecuario, repasó lo que hacen en este misma materia los países que compiten contra la Argentina en el negocio de las carnes.
Estados Unidos combina financiamiento obligatorio de la industria (el sistema check-off, con un dólar por cabeza en cada venta) con fondos adicional aportado por el USDA, en un esquema de inversión público-privada de unos 80 a 85 millones de dólares anuales. La ejecución del presupuesto recae en la U.S. Meat Export Federation (USMEF), una entidad privada con oficinas en 15 países y presencia en más de 80 mercados, mientras el USDA se limita a aprobar presupuestos, auditar y garantizar que las campañas sean genéricas. Es, en síntesis, un modelo de financiamiento obligatorio con ejecución privada y supervisión estatal acotada.
Australia opera con Meat & Livestock Australia (MLA) como organismo único para toda la carne roja, con un presupuesto de 150 a 180 millones de dólares australianos anuales. A diferencia de Estados Unidos, la tasa a los productores no es obligatoria por ley federal y se complementa con fondos de contrapartida del gobierno, restringidos por ley a investigación y desarrollo. La junta de la MLA combina directores elegidos por los productores con otros designados en consulta con el sector, y debe rendir cuentas ante el Ministerio de Agricultura. El rasgo distintivo del modelo es que cerca de la mitad del presupuesto está legalmente atado a I+D, lo que sostiene campañas como “True Aussie Beef” sobre una base técnica sólida.
Uruguay, por su parte, resuelve la ecuación con un organismo no estatal de interés público (el INAC) con miembros del Poder Ejecutivo en su presidencia y vicepresidencia y participación privada obligatoria en su dirección mediante representantes de los frigoríficos y de los productores en forma igualitaria, financiado con aportes no tributarios obligatorios sobre exportaciones y faena, por unos 20 a 25 millones de dólares al año. Es el modelo más centralizado y estable de los tres, y sostiene una marca país única (“Uruguay Natural”) sin la dispersión de actores que muestran Argentina o incluso Estados Unidos. La presencia del Estado en la presidencia y vicepresidencia asegura la unificación de criterios y coordinación de acciones entre la política de carnes del país y las actividades del INAC.
Apunta Malis: “El denominador común de los tres países es que, más allá de las diferencias en el mix de financiamiento obligatorio u optativo, o en la mayor o menor participación estatal, existe una política de carnes nacional definida, con un organismo de promoción alineado a esa política que la ejecuta con recursos estables y gobernanza clara”.
Para el especialista, en cambio, la Argentina dispone de “un estado disperso y un instituto desalineado, ya que en el sector público argentino no existe un área específica dedicada a la promoción de carnes”, mientras que los programas de fomento de exportaciones, promoción de alimentos y marca país están repartidos entre Economía -Secretarías de Comercio y de Agricultura y Ganadería-, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete.
Es decir que el primero que debería revisar sus estrategias es el propio Estado.
En ese contexto, realizando sus actividades con criterios propios, opera el IPCVA creado por la ley 25.507 en 2001 como ente de derecho público no estatal. Lo gobierna un Consejo de Representantes con un delegado del Estado, cuatro del campo y dos de la industria, con presidencia rotativa del campo y vicepresidencia de la industria.
El ente argentino se financia con un tributo obligatorio por animal faenado de hasta 0,20% del valor índice de res vacuna en plaza de faena por parte del productor y de 0,09% por parte de la industria, con un presupuesto anual cercano a los 12 millones de dólares. Sus actividades se concentran en ferias internacionales, misiones oficiales, análisis del consumo interno y financiamiento de capacitaciones a través de las entidades que lo integran.
Malis acierta en que “el instituto argentino enfrenta cuestionamientos crecientes de sectores de la producción y el comercio focalizados en la obligatoriedad de los aportes que lo financian, que no encuentran resultados proporcionales a los aportes realizados”.
Y aunque aclara que “sería injusto cargar en la cuenta del IPCVA la ausencia de una política de carnes nacional a la que el instituto pueda alinearse”, también apunta hacia culpas propias. Entre los señalamientos más repetidos sobre el IPCVA tenemos:
- Una estructura de representación anquilosada, con cámaras empresarias de representatividad decreciente o nula, que restan legitimidad y consenso a las decisiones del instituto.
- Participación estatal mínima en la definición de estrategias y en el control de fondos, en contraste con los tres modelos de referencia, donde el Estado aprueba presupuestos, audita o cofinancia con condiciones.
- Falta de objetivos claros, particularmente en el mercado interno, y de criterios definidos sobre qué atributos y segmentos priorizar en las exportaciones. No define, por ejemplo, si queremos exportar volumen o valor. En el Artículo 2 de su creación se establece taxativamente que el objetivo en el mercado interno es aumentar el consumo, y desde entonces el mismo disminuyó de 60 kg/hab. año a menos de 47 kg/hab año.
- Presupuesto sensiblemente menor al de sus competidores: los 12 millones de dólares anuales del IPCVA equivalen a alrededor de un séptimo del presupuesto estadounidense y a menos de un décimo del australiano.
- Falta de resultados o beneficios perceptibles por parte de los productores y operadores del consumo interno.
Malis se pregunta qué hacer y define:; “El objetivo del que parte este análisis no plantea eliminar el IPCVA sino reformarlo y fortalecerlo, en el entendimiento de que renunciar a la promoción dejaría a la Argentina en desventaja frente a competidores que la sostienen como política de Estado. Del mismo modo, se debe subordinar la discusión sobre la obligatoriedad de los aportes a los objetivos que debe cumplir el Instituto y su rediseño para lograrlo”.
Entre sus propuestas aparecen:
- Modificar el consejo de representantes dándole más prevalencia a los representantes del estado con el fin de alinear la política de promoción con la política de carnes del país.
- Actualizar el sistema de gobernanza y la estructura de representantes del instituto para dotarlo de mayor legitimidad. Ajustar los requisitos de modo que las cámaras empresarias que lo integran cuenten con respaldos cualitativos y cuantitativos
- Dedicar al mercado interno acciones de promoción proporcionales a sus aportes.
- Unificar en el sector público las áreas hoy dispersas entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la de Industria, bajo una única conducción política que articule recursos presupuestarios, técnicos y profesionales con el propio IPCVA.
- Fortalecer el presupuesto combinando el aporte obligatorio actual con financiamiento estatal específico para programas de interés nacional.
- Potenciar la marca país con atributos certificables —denominación de origen, raza, propiedades nutracéuticas— que permitan diferenciar el producto argentino en los segmentos de mayor valor.
