En las próximas horas, buena parte del comercio exterior argentino podría paralizarse debido a que los prácticos, el gremio de profesionales que guían los barcos en aguas argentinas incluyendo la estratégica Hidrovía, dejarían de prestar ser vicios como respuesta a un decreto impulsado por Javier Milei y su ministro desregulador Federico Sturzenegger. A la par, la asociación que representa gremialmente a los prácticos anunció que presentará una denuncia penal contra el Presidente y varios de sus ministros.
El viernes, según informó oportunamente este medio, el gobierno publicó el Decreto 690/2026, en busca de desregular por completo la contratación de estos profesionales de la navegación, que usualmente son capitanes de ultramar que prestan ese servicio. A instancias de Sturzenegger, se dictó una liberalización casi completa de la actividad, permitiendo a los armadores que contraten libremente ese servicio, poniendo tarifas máximas e incluso que los capitanes de buques extranjeros cumplan ese rol en aguas nacionales.
El practicaje es el servicio de asesoramiento a los capitanes de buques mediante el cual expertos locales guían a los barcos en zonas de navegación complejas como puertos, ríos y canales. En la Argentina, ese servicio es crucial para la entrada y salida de mercaderías por el sistema del Río de la Plata y la Hidrovía del Río Paraná. Por lo tanto, la contratación de este profesional constituye otro costo que el sector de la logística deriva al sector productor.
Frente a la decisión absolutamente inconsulta y nada conciliada con el sector, estos profesionales (técnicamente prestan un servicio y no son empleados en relación de dependencia, por lo tanto no tienen un gremio específico) anticiparon medidas de protesta. En principio dejarían de prestar el servicio desde este mismo domingo, con lo cual se podría detener todo el movimiento de buques cargueros. Los prácticos son claves en el amarre y el desamarre de los barcos en puertos argentinos. Pero también en la tránsito del río Paraná y el Río de la Plata, puerta de salida de casi 80% de los embarques de la Argentina.
“Pilotos y baqueanos fluviales de todo el país acordaron dejar de prestar servicios profesionales a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que requiera sus servicios a partir de este domingo”, fue el aviso que los Capitanes de Ultramar dieron a conocer al medio urgente 24 y que otras fuentes del sector confirmaron a Bichos de Campo. Frente a la versión, en los puertos cerealeros ya estaban previendo grandes dolores de cabeza para las próximas horas.
La salida de servicio de los profesionales de la navegación es por tiempo indeterminado, hasta que se proceda a la suspensión de la vigencia del decreto 690/26, que impone una exagerada regulación del servicio profesional y, al mismo tiempo, un relajamiento de elementales normas de Seguridad Náutica.
Sturzenegger fue advertido de este riesgo, pero “se mantuvo en su idea de que hay demasiada burocracia y de que tiene que bajar los costos de la navegación (a expensas de los servicios profesionales de prácticos, pilotos y baqueanos fluviales)”. La norma flexibiliza cuestiones relativas al tamaño de los buques a partir de los cuales es obligatorio contar con servicios de asesoramiento en ruta y maniobra. También habilita a profesionales del mar al mando de buques de cualquier bandera a que puedan prescindir de los servicios de practicaje si acreditan, mediante una simple declaración jurada, que conocen la zona por la que han de navegar.
Las fuentes consultadas informaron que, debido al riesgo para la navegación que implica estas medidas desregulatorias, el próximo lunes se presentará una denuncia penal contra todos los firmantes del decreto 690/2026. Además de Javier Milei y el propio Sturzenegger, figuran allí los ministros Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y el general Carlos Presti por presunta violación al artículo 190 del Código Penal, que es aquel que castiga los actos que ponen en peligro la seguridad de naves o aeronaves, provocan naufragios o desastres, y causan lesiones o la muerte.
