La inminente llegada del “Súper Niño” es una certeza entre la mayoría de los especialistas del sector. De acuerdo con este fenómeno climático, vinculado al aumento de la temperatura en el océano Pacífico, son esperables intensas precipitaciones en el centro-norte del país, y en vistas de lo ocurrido el año pasado, empieza a generar movimiento político para trabajar en acciones preventivas.
Mientras los gobernadores del norte y litoral argentino apuran una cumbre con el Gobierno nacional para planificar medidas, en la legislatura bonaerense le exigen a Axel Kicillof dar a conocer su plan de prevención, dado que el distrito podría verse particularmente afectado.
Días atrás, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez confirmó que ya está en marcha un proyecto junto al Ministerio de Infraestructura que dirige Gabriel Katopodis, la Comisión de Emergencia Agropecuaria y con los municipios.
El mismo, informaron, contempla obras de limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, puentes y cunetas, además del mantenimiento y mejora de caminos rurales y el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante emergencias.
La respuesta llegó en las últimas horas y desde dentro de la legislatura bonaerense, donde el arco opositor pidió al gobierno de Kicillof dar a conocer los detalles de ese plan anunciado.
Por un lado, lo hizo la bancada completa de La Libertad Avanza (LLA), que, con la firma de la diputada Sofía Pomponio, solicitó a Rodríguez y su par de Seguridad, Javier Alonso, que informen los planes de prevención, los protocolos de emergencia, las áreas de mayor riesgo y los recursos presupuestarios que la provincia prevé destinar frente a este escenario climático.
De manera análoga, la senadora provincial del bloque radical Hechos UCR Identidad, Natalia Quintana, también acaba de ingresar un pedido de informes que solicita conocer los alcances de ese proyecto provincial.
“La Provincia de Buenos Aires reúne condiciones particularmente sensibles frente a este escenario por la extensión de sus cuencas hídricas, la existencia de amplias llanuras con escasa pendiente, la presencia de zonas naturalmente deprimidas y la enorme importancia estratégica que reviste su producción agropecuaria para la economía”, graficó Quintana.
Al respecto, la senadora por la Cuarta Sección electoral solicitó expresamente que se fije el cronograma de ejecución, los organismos responsables, las partidas presupuestarias asignadas, porcentaje de avance, así como el detalle de las tareas que se llevarán adelante.
Y, además, solicitó que la administración provincial detalle las áreas geográficas identificadas como de mayor vulnerabilidad frente a los pronósticos, con posibilidad de inundaciones, anegamientos, desbordes de cursos de agua, ascensos de napas y demás eventos extremos.
Es de destacar que el año pasado, en el que también hubo una temporada de intensas precipitaciones, gran parte del territorio bonaerense sufrió los efectos de los excesos hídricos. Ante un diagnóstico que parece mucho más complejo, las medidas preventivas serán fundamentales.
Los equipos técnicos del ministerio de Desarrollo Agrario estiman una probabilidad del 90% de que se registre un evento de intensidad entre moderada y fuerte. “Se prevé que va a ser un trimestre y un semestre más lluvioso que el promedio y con temperaturas más altas”, indicó el funcionario al anunciar la puesta en marcha del plan de gestión de riesgo.
Además de las carteras de Desarrollo Agrario y de Infraestructura, se prevé la participación del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias, que reúne a las subsecretarías de Recursos Hídricos, Energía y Planificación, además de la Dirección de Vialidad bonaerense, la Autoridad del Agua (ADA), Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).
Sin embargo, aún no se dieron detalles del alcance del plan, ni las evaluaciones realizadas. Por eso, la senadora radical pidió conocer los criterios técnicos que fueron utilizados para priorizar las intervenciones territoriales y que se informe cuáles fueron los indicadores hidrológicos, climáticos, productivos y sociales considerados para la confección de ese proyecto que llevará adelante el Ejecutivo provincial.
“La gestión del riesgo climático no puede limitarse a respuestas posteriores a la emergencia, constituye una política pública permanente que exige planificación, inversión sostenida, coordinación interjurisdiccional, información científica actualizada y transparencia en la utilización de los recursos públicos”, recalcó Quintana.
