Esta semana un simple acto administrativo se comunicó como un gran evento histórico. No resulta intrascendente analizar el componente simbólico del suceso.
Luego de reclamar durante más de dos años, finalmente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, logró que el gobierno nacional ceda a la provincia el mantenimiento de la ruta nacional A012, que había sido abandonada por la gestión de Javier Milei y representa una arteria vial clave para el complejo agroexportador del Gran Rosario, que es donde se genera el mayor flujo genuino de divisas de la economía argentina.
“Es un paso importante porque está bueno ver que el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias porque somos todos argentinos (sic)”, aseguró la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
“Es clave seguir mejorando la logística y la infraestructura. Nosotros repetimos hasta el cansancio que la productividad va a venir dada por la baja de impuestos, la baja de regulaciones y la mejora en la infraestructura”, afirmó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Después de años de reclamos, Santa Fe logró que Nación le ceda una ruta clave para sus exportaciones
En el acto estuvieron además presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, organismo que el gobierno intentó disolver, aunque la iniciativa no tuvo éxito.
El mensaje es claro: el Estado nacional no tiene que hacerse cargo de la red vial porque tal cuestión corresponde a las provincias o bien a los propios usuarios por medio del pago de peajes a empresas concesionarias encargadas del mantenimiento de las rutas.
Al día siguiente de firmar el convenio, Pullaro comenzó a realizar obras de mantenimiento en la A012 con una inversión estimada en 4300 millones de pesos, que será afrontada con recursos del Estado provincial.
No puede sorprender a nadie que la gestión de Milei promueva una reducción del Estado, porque esa fue, precisamente, una de las premisas de su campaña electoral. Lo que resulta insólito es que, cuando se trata de cobrar impuestos, la filosofía libertaria se transforma mágicamente en una política intervencionista.
Mientras que el Dr. Jekyll no tiene reparos en recortar estructuras estatales para alcanzar el deseado superávit fiscal, Mr. Hyde muestra los dientes a todos los que se atreven a pedir que la filosofía libertaria se aplique de manera integral y no sólo cuando se trate de “tijeretear” el presupuesto nacional.
Este año, sólo considerando al cultivo de soja, los empresarios agrícolas santafesinos abonarán derechos de exportación por más de 600 millones de dólares. Una apropiación indebida del capital de trabajo del sector que impide el crecimiento (¡cuánta falta haría para mejorar los niveles de fertilización, implementar equipos de riego y poder armar o recomponer rodeos de cría!) y resta empleos y recursos tributarios a las provincias.
Por otra parte, vale recordar que una porción del impuesto sobre los Combustibles Líquidos se deriva a Vialidad Nacional (organismo “fantasma” al momento de hacer obras, pero sólido como la roca cuando se trata de recibir recursos).
Mientras que durante el kirchnerismo las retenciones resultaban esenciales para cuidar “la mesa de los argentinos”, ahora son indispensables para proteger el “equilibrio fiscal”. Mañana podrá ser para asegurar la “felicidad de los niños” o cualquier otra excusa.
Los empresarios agropecuarios no tienen una opinión unívoca en la materia. Mientras que algunos consideran que es vital reclamar hasta el cansancio que la política instrumentada sea coherente –eliminar impuestos a la par de erogaciones estatales–, otros creen que es mejor callarse la boca ante la posibilidad de que regresen los cavernícolas que no tienen reparos en cerrar mercados externos para “planchar” precios internos. Entre un estúpido violento y un esquizofrénico mitómano –parecen decir– nos quedamos con este último.
Mientras tanto, en el manicomio a cielo abierto donde se practica “racismo” tributario contra las pymes agropecuarias y corporaciones agroindustriales argentinas, las compañías petroleras y mineras –muchas extranjeras– gozan de considerables beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios.
Si el gobierno nacional va a 200 km/hora al momento de recortar partidas, pero solo a 50 km/hora cuando se trata de reducir impuestos, entonces estamos frente a un problema importante, porque los aportantes del sector privado tienen que hacerse cargo no solo de nuevas obligaciones, sino también de seguir manteniendo a un Estado que asegura que algún día las cosas van a ser diferentes.
Bonus track. Esta semana EE.UU. le aplicó un “arancelazo” del 37,5% a casi 4000 productos brasileños, pero dejó afuera de esa medida a la carne vacuna. Mientras tanto, la Argentina –increíblemente– sigue aplicando un derecho de exportación del 5,0% a las exportaciones de carne bovina. Una locura total.
