El concuñado de Agricultura, Sergio Iraeta, estableció este martes, mediante la Resolución 96/2026 publicada en el Boletín Oficial, nuevos criterios para la autorización por parte del Estado de ensayos o experimentos con microorganismos genéticamente modificados (MGM).
La biotecnología avanza a pasos agigantados. Y ahora el último grito de la moda parece ser la modificación ya no del ADN de animales o plantas sino de microscópicos virus y bacterias, que luego se usan -a modo de ejemplo- como levaduras mejoradas para la producción de bioetanol o para la formulación de vacunas veterinarias. Lo que regula ahora Agricultura es esa fase experimental.
Reemplazando doctrina anteriormente publicada por la Secretaría de Agricultura entre 2018 y 2019, la nueva normativa aprueba un nuevo Reglamento Único para Solicitudes Relativas a MIcroorganismos genéticamente modificados, aunque aclara que “quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente medida las actividades confinadas en laboratorios de investigación científica que involucren MGM, así como aquellas realizadas con MGM sobre especies vegetales en cámaras de cría o con MGM aplicados a animales de laboratorio en bioterios”.
El nuevo reglamento es el que sigue:
Las evaluaciones para autorizar esos nuevos experimentos con microbios serán efectuadas como hasta ahora por la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (Conabia). “La evaluación se llevará a cabo bajo el criterio de análisis caso por caso, considerando los aspectos científico-técnicos involucrados. En caso de surgir preguntas, observaciones o requerimientos de subsanación, se notificará al solicitante para que brinde las respuestas y aclaraciones pertinentes”, se estableció.
Lo cierto es que en el camino de lograr un MGM con destino agropecuario, habrá que atravesar por estos pasos, mientras que el Estado se plne plazos para cumplir con ese trámite y responder a cada petición.
Agroindustria también debe autorizar los experimentos con microorganismos
“Toda solicitud efectuada en el marco de la presente normativa deberá contar con la evaluación final en la Conabia, plasmada en el acta de la reunión en la cual se trate la evaluación final de la solicitud, procedimiento que deberá cumplirse en el plazo máximo de 90 días hábiles administrativos contados desde el comienzo del trámite”, dice la nueva resolución, aunque de nuevo aclara que “el cómputo de dicho plazo máximo se suspenderá durante los períodos en los cuales se deba esperar respuestas a requerimientos de información adicional, documentación faltante u otras acciones imprescindibles”.
Por otro lado, la norma aclara que “todas las actividades que involucren ensayos con animales de uso agropecuario deberán adherirse a las normativas vigentes que aseguren el bienestar animal durante la liberación experimental. Los mismos deberán encontrarse debidamente identificados al inicio de las actividades”.
