El Senado ya discute el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa oficialista impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que trastoca las bases de normativas clave, como el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Tierras.
En este último caso, el gobierno reflota el intento de modificar lo dispuesto por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En concreto, propone eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y promover así el ingreso de esos capitales al mundo de los agronegocios.
La medida, desde ya, suscita advertencias desde el sector productivo, académico y ambientalista por el cambio radical que podría introducir en la administración de recursos clave -mineros, hídricos o de agrícolas- y los efectos sobre la soberanía que trae aparejado la eliminación de restricciones al capital extranjero.
En el sector inmobiliario, en cambio, la expectativa está puesta en la reactivación económica que ello supondría, y hay quienes se frotan las manos con el impacto que podría tener esta batería de reformas.
En 2023, a propósito del DNU 70/2023, el gobierno había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras en su totalidad, una decisión que fue judicializada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y ahora recae en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Para ganar tiempo, previendo que el máximo tribunal podría demorar su decisión, en Casa Rosada la vía elegida es ahora la legislativa. Tal como habían anunciado a fines del año pasado, a propósito del encuentro del Consejo de Mayo, será el Congreso el que deberá votar si se modificará el espíritu de esa ley -y de otras igual de relevantes- o no.
En concreto, la propuesta oficialista prevé eliminar el tope del 15% fijado para privados extranjeros -tanto a nivel nacional, provincial y municipal- y el límite de 1000 hectáreas en zona núcleo. Las restricciones sólo se aplicarían a Estados extranjeros y sus organismos gubernamentales, que incluso podrían ser exceptuados si presentan “un plan de inversiones que sirva al interés público y no constituya un riesgo a la seguridad y soberanía nacional”.
La posibilidad de adquirir tierras incluso colindantes con cuerpos de agua o en zonas de frontera, genera expectativa en el sector inmobiliario, desde donde aseguran que la medida promoverá importantes inversiones productivas, sobre todo aquellas demoradas por la falta de capitales.
“Los extranjeros que llegan lo hacen con capital fresco y con la idea de obtener una renta. Eso nos puede llevar a dejar de ser meros exportadores de granos para pasar a exportar valor agregado”, aseguró Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, una importante firma del sector.
En ese sentido, Nordheimer le bajó el precio a las advertencias vertidas sobre el impacto de la extranjerización y aseguró que ese es “uno de los temores más arraigados del imaginario argentino”, aunque sin correlato en la realidad sectorial.
“Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, expresó. Por el contrario, opina el empresario, la eventual flexibilización de la Ley de Tierras podría abrir “un espacio genuino para el capital extranjero en proyectos de largo plazo y alta inversión”.
Se trata, fundamentalmente, de planteos que demandan un alto desembolso inicial, pero que a la vez demoran varios años en amortizarse por completo. Es el caso de la infraestructura de riego, hoy valuada en no menos de 3000 dólares por hectárea, de acuerdo a las últimas estimaciones del INTA. O la implantación de cultivos permanentes, -como pistacho, nogales u olivos-, que pueden requerir entre 15.000 y 25.000 dólares por hectárea y al menos 5 años de espera hasta la primera cosecha.
“Para un productor individual, estos montos resultan difíciles de afrontar, mientras que para fondos internacionales especializados en agronegocios representan una inversión manejable dentro de su cartera global”, señaló Nordheimer, que asegura que la actividad agropecuaria puede superar los retornos del 3,5% anual que suelen buscar los capitales extranjeros.
“Además, esas inversiones demandan mano de obra, técnicos, infraestructura y generan un círculo virtuoso que agranda la torta productiva. Eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”, agregó.
Eso no quita, sin embargo, que la esperada activación de esos proyectos a largo plazo -que está supeditada a las proyecciones extranjeras sobre el futuro del país- pueden de todos modos convivir con la compra de tierras con fines no estrictamente productivos, o bien no para las actividades de alto valor agregado, como se prevé.
Esos son aspectos que, junto a la esperada inversión extranjera -que bien podría venir de la mano de esquemas como el RIMI- también podría habilitar las modificaciones propuestas a la Ley de Tierras. Y son los que el Congreso también deberá poner sobre la balanza.
