El rechazo a la Resolución 201/2026 del SENASA, que modifica de manera sustancial el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, encontró en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) una de sus expresiones más contundentes. La entidad, que nuclea a buena parte de los productores ganaderos del interior, difundió un comunicado en el que cuestiona de raíz el criterio técnico y económico de la medida, al considerar que desarma un sistema sanitario que funcionó durante más de dos décadas.
La norma, impulsada en el marco de una política más amplia de desregulación, habilita cambios en la operatoria de vacunación bovina que, en los hechos, diluyen el rol de los entes sanitarios y fundaciones que hasta ahora coordinaban las campañas. Desde el Gobierno se planteó como una forma de reducir costos y dar mayor libertad a los productores. Pero en el territorio, la lectura dominante entre las entidades rurales es otra.
CRA sintetizó: “El fundamento oficial es erróneo”. Según la entidad, lejos de abaratar el sistema, la resolución “traslada el costo y el riesgo hacia los productores más chicos”, al desarticular un esquema basado en la llamada “solidaridad sanitaria”. Ese principio permitió, durante años, distribuir costos logísticos y operativos entre establecimientos de distinta escala, garantizando niveles homogéneos de cobertura en todo el país.
La preocupación central no es sólo económica. El comunicado advierte que el sistema actual no es un simple mecanismo administrativo, sino la columna vertebral de la sanidad ganadera argentina. “La sanidad no es un costo, es una inversión, y un seguro”, plantearon, al tiempo que alertaron sobre las consecuencias de una eventual caída en los niveles de vacunación. Menor cobertura implica menor inmunidad del rodeo, lo que a su vez eleva el riesgo sanitario y compromete el estatus alcanzado por la Argentina en los mercados internacionales.
“¿El resultado? Miles de productores quedan solos frente a costos más elevados, sin estructura logística y, en muchos casos, directamente fuera del sistema”, plantearon los ruralistas conducidos por Carlos Castagnani, que venía manifestando esta posición en los últimos días, tras conocerse la medida a la que consideró, además, inconsulta.
Ese punto de los mercados conecta con una dimensión estratégica del problema. La erradicación y control de la fiebre aftosa no sólo fue una política sanitaria, sino también una herramienta de inserción comercial. El acceso a mercados exigentes se construyó sobre la base de campañas sistemáticas, trazabilidad y coordinación público-privada. En ese sentido, el cuestionamiento de CRA apunta a que la resolución pone en tensión uno de los activos más relevantes del complejo ganadero exportador.
“Menos vacunación significa menor inmunidad del rodeo. Menor inmunidad significa mayor riesgo sanitario. Mayor riesgo sanitario significa poner en peligro el status sanitario del país y la conquista de mercados logrados en décadas de trabajo constante”, expresaron los productores a través de un comunicado de prensa.
A su vez, CRA afirmó con dureza: “Esta medida no moderniza el sistema, lo debilita. No mejora la eficiencia, rompe la coordinación. No baja costos, los redistribuye de manera regresiva y expulsiva. Se está poniendo en riesgo uno de los principales activos estratégicos de la Argentina: su sanidad animal y su capacidad exportadora”.
El malestar no es exclusivo de CRA. Otras organizaciones del agro, como Federación Agraria Argentina, también expresaron su rechazo a la medida, con argumentos similares. En particular, coincidieron en que la eliminación o debilitamiento de las estructuras intermedias puede dejar a muchos productores sin capacidad operativa para sostener los planes de vacunación, especialmente en regiones donde la logística es compleja y los costos de desplazamiento son elevados.
El debate, sin embargo, no es completamente unívoco. Algunas voces cercanas al enfoque oficial sostienen que el sistema vigente generó distorsiones y sobrecostos, y que la apertura a veterinarios privados podría introducir mayor competencia y eficiencia. En esa línea se inscriben declaraciones de funcionarios que justificaron la desregulación a partir de quejas de productores sobre el funcionamiento de ciertos entes sanitarios.
Pero incluso dentro del propio sector ganadero aparecen matices técnicos. Especialistas en sanidad animal advirtieron que desarmar estructuras sin un esquema alternativo claramente definido puede generar discontinuidades en la cobertura. La coordinación territorial, la planificación de campañas y el control de cumplimiento no son aspectos menores en enfermedades de alta transmisibilidad como la aftosa.
En ese contexto, CRA cerró su posicionamiento con un pedido explícito: la revisión inmediata de la Resolución 201/2026 y la apertura de un espacio de diálogo con el sector antes de avanzar en cambios que, según sostienen, pueden tener consecuencias irreversibles. Lo que está en discusión, aseguran, es la arquitectura sanitaria que sostuvo durante años la producción ganadera argentina y su proyección internacional.
“Por ello, solicitamos enfáticamente la revisión inmediata de la Resolución 201/2026 y la apertura de un espacio de diálogo serio con el sector, antes de avanzar en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”, finalizaron el comunicado los ruralistas de CRA.
