La inseguridad rural dejó de ser un tema episódico para transformarse en una preocupación estructural del interior productivo. Robos de hacienda, ataques a silobolsas, sustracción de maquinaria y usurpaciones vienen repitiéndose en distintas regiones, generando pérdidas económicas y una sensación persistente de vulnerabilidad entre los productores.
En ese contexto, el gobierno de Córdoba decidió institucionalizar la respuesta y creó el Consejo de Seguridad Rural Provincial, un ámbito de coordinación permanente que busca ordenar la prevención y mejorar la respuesta ante el delito en zonas rurales.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Bioagroindustria junto con el Ministerio de Seguridad provincial y apunta a reunir en una misma mesa a las fuerzas policiales, el Poder Judicial, los gobiernos locales y las entidades del agro.
La intención es que la información circule con mayor rapidez, se unifiquen criterios de actuación y se diseñen estrategias preventivas que contemplen las particularidades territoriales de cada región productiva.
Desde la cartera agroindustrial señalaron que la iniciativa pretende “fortalecer la prevención del delito rural mediante la coordinación institucional y la participación activa de los actores territoriales”, una definición que refleja el intento de pasar de respuestas aisladas a una política pública sostenida. El enfoque estará puesto en zonas rurales extensas, con caminos secundarios y escasa presencia estatal permanente. Lo que buscan, es que ahora la articulación entre actores sea determinante para anticipar hechos delictivos y actuar con rapidez.
El Consejo funcionará como un espacio de planificación estratégica y acción conjunta frente a problemáticas como el abigeato, los robos de insumos y herramientas, los daños a infraestructura productiva y otros delitos que impactan directamente sobre la actividad agropecuaria.
También se buscará generar protocolos comunes y mecanismos de alerta temprana que permitan intervenir antes de que los hechos escalen.
La creación de este ámbito institucional responde a un reclamo histórico de las entidades rurales cordobesas, que desde hace años vienen advirtiendo sobre la necesidad de políticas específicas para la seguridad en el campo.
Desde el gobierno provincial remarcaron que la seguridad rural es una condición básica para el desarrollo productivo y el arraigo en el interior. La apuesta, ahora, es que el nuevo Consejo logre transformar esa premisa en acciones concretas y sostenidas, en un escenario donde el delito rural ya no se percibe como un hecho aislado sino como un factor que incide directamente en la rentabilidad, la inversión y la vida cotidiana de las comunidades agropecuarias.
