ansados de lamentar pérdidas en manos de los depredadores, o de la competencia por el forraje con otras especies nativas, los productores ovinos santacruceños salieron a la carga con un plan integral para recuperar su actividad, que está sustentado nada más ni nada menos que en una mega infraestructura y una inversión de medio siglo.
La idea propuesta por la FIAS y la Sociedad Rural de Puerto Deseado es montar una gran barrera sobre la Ruta Nacional N°3 de unos 400 kilómetros de longitud. En términos comparativos, es la mitad del famoso muro dispuesto por Trump en la frontera con México, o una décima parte de lo que mide la histórica Barrera del Dingo australiana, una estructura similar que tiene más de 140 años de antigüedad.
Integrada en un plan mucho más amplio, que contempla el manejo integrado con otros mecanismos disuasorios, la gran muralla segregaría a unos 135 establecimientos y protegería más de 2 millones de hectáreas de las intromisiones del guanaco, o la presión de los pumas y zorros. Al final de la historia, incluso, emerge el financiamiento “verde” y el acceso a mercados de nicho.
Un repaso por el ambicioso proyecto que toma fuerza entre los ruralistas del sur.
Tras años de una política agropecuaria deficiente y enfocada en ese sector en particular, la estepa patagónica ha perdido mucho vigor. La desocupación de campos y la caída del stock ovino fue la respuesta inmediata a años acumulados de pérdidas productivas en manos del clima, de la competencia por forraje y agua con otras especies nativas, de los ataques de depredadores y del agotamiento de los suelos.
En ese sentido, desde la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz y la Sociedad Rural de Puerto Deseado, ambas entidades adheridas a CRA, ensayaron una solución que, aunque costosa, lenta y compleja, busca cortar el problema de cuajo.
La llamaron Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable y no ahorraron en aspiraciones: la base del proyecto será la construcción de un corredor al costado de la ruta 3, una obra diseñada para durar 50 años y que, para financiarse, usará en parte los “Bonos Santacruceños” vendidos a la actividad petrolífera.
“El modelo histórico de alambrados bajos ya no nos sirve. Hoy tenemos una competencia desleal por el recurso forrajero e hídrico, y una presión de depredadores que ha roto la ecuación económica, llevando a la desertificación y al vaciamiento del campo”, expresaron desde la entidad de Puerto Deseado, que así justificaron tamaña obra.
Considerando que el guanaco puede saltar hasta 1,60 metros de altura, la barrera se extenderá hasta los 2 metros y estará construida con alambre similar al sistema anti-dingo australiano, que tiene más de 5600 kilómetros de distancia, abarca tres estados y fue impulsado para proteger a la producción ovina de esa especie salvaje emparentada con los perros y zorros.
La estructura, además, estará compuesta por postes o tubos petroleros en desuso, permitiendo además revalorizarlos. Así, el diseño se supone resistente a las ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora que suele tener la región.
Pero no es una barrera infranqueable, sino que está pensada como “primer filtro”. Cada 5 o 10 kilómetros, tendrá “Compuertas de Habilitación Periódica” o eco-ductos, es decir, pasos controlados, monitoreados por cámaras satelitales, que se abrirán estratégicamente para permitir el flujo de fauna sin afectar ni a la producción ni al ecosistema.
A ese primer filtro, entonces, le suceden otras estrategias disuasorias y no letales, y por eso el plan no se sustenta únicamente en su obra más importante. Una de las claves es la de los “perros guardianes”, entrenados para reducir la depredación en un 90%, a los que se suman los ya existentes sistemas de disuasión lumínica en zonas de parición y hasta en la propia barrera.
“Dentro del área productiva establecemos una regla de oro: la carga de guanacos nunca superará el 10% de la receptividad del cluster. Todo lo que exceda ese número será aprovechado comercialmente (carne y fibra), bajo las normativas provinciales vigentes, transformando un problema en un recurso económico”, aclara el proyecto.
Gracias a ese enfoque es que llega la pata más importante para este modelo, que es la monetización y la recuperación de la rentabilidad de la actividad
“Se podrá certificar la lana y la carne como “Wildlife Friendly” (amigable con la fauna), abriendo el acceso a mercados de alta gama que actualmente rechazan producciones asociadas al control letal”, explicaron los ruralistas, que aseguran que “todo el sistema será 100% trazable” para acreditar ese diferencial.
Para ello, se usarán caravanas electrónicas y tecnología blockchain para que el consumidor final pueda verificar, mediante un código QR, que el producto proviene de Puerto Deseado y posee huella de carbono negativa.
La mención al carbono no es fortuita, porque está también en la base del beneficio económico de este proyecto. Como la idea es que el gran muro permita reducir la carga sobre el suelo, evitar tanta competencia por las pasturas y el agua y frenar la desertificación, entonces en Santa Cruz se ilusionan con acceder así al tan jugoso mercado de los “bonos verdes”.
Los compradores, prevén, serían la industria minera y petrolera local, que necesitan cumplir con metas ambientales y compensar emisiones. Así, el proyecto habla de la creación de un mercado de “insetting regional”, mediante el cual, en lugar de adquirir bonos forestales en otros territorios, las industrias locales podrán comprar “Bonos Santacruceños”, invirtiendo en la misma provincia.
Tras esa certificación, alcanzado ya el cuarto año de la obra, se avanzará en el pago. Y para eso, la torta se divide en 3 partes. Una porción la aportará el Estado (30%), otra los créditos blandos (20%) y la mitad restante vendrá de la inversión privada. Esto último implica no sólo el bolsillo de los propios productores sino además el apoyo de la actividad minera e hidrocarburífera, que por cuestiones de “Responsabilidad Social Empresaria” (RSE) deben invertir en proyectos productivos con impacto socioambiental.
Para que el productor patagónico financie parte de esta obra, el repago no es en pesos fijos, sino a “valor producto” (kilos de lana, carne o carbono), con la misma metodología empleada ya en varios créditos agropecuarios: si el precio del producto baja, la cuota tambié.
“Este mecanismo brinda previsibilidad y protege al productor frente a la volatilidad de precios, y así lo desacoplamos de la volatilidad financiera inmediata. La amortización de la obra se plantea a 50 años, acorde a los tiempos biológicos de recuperación del suelo”, detallaron las entidades.
