La reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia chaqueño de suspender toda la explotación forestal de la provincia -una medida inédita hasta el momento entre las acciones judiciales tramitadas- enciende las alertas en toda la cadena de valor, que advierte que se pone en riesgo su subsistencia y, con ella, el 40% del empleo privado de la provincia.
El conflicto inició el pasado 16 de diciembre, cuando el órgano máximo del Poder Judicial de la provincia norteña hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG “Conciencia Solidaria” y, además de suspender el ordenamiento territorial (OTBN) vigente, frenó toda la actividad maderera.
La decisión llegó a pocas horas de que comenzara oficialmente la feria judicial, por lo que, hasta febrero, los aserraderos, carboníferas, carpinterías, y otras industrias y sectores asociados aguardan en un clima de incertidumbre y se preocupan por la paralización económica.
“Es un golpe terrible”, evaluó Miguel Ángel López, un importante empresario aserradero y ex Director de Bosques de la provincia, que apuntó con dureza a las entidades ambientalistas y las acusó de “hacer su negocio presionando a la Justicia”.
Consultado por Bichos de Campo, el referente sectorial aseguró que, detrás de este enfrentamiento legal, hay en realidad un problema anterior y más primitivo, que tiene que ver con el propio marco normativo nacional.
La decisión del Superior Tribunal de Justicia fue suspender la aplicación de las leyes 4005-R y 4152-R, correspondientes al ordenamiento territorial, hasta tanto se resuelva una cuestión de fondo, que es el pedido de inconstitucionalidad hecho por la ONG “Conciencia Solidaria”.
Cabe destacar que el OTBN es la norma que regula el uso y explotación de los montes de acuerdo con la Ley de Bosques, estableciendo zonas verdes, amarillas y rojas que indican dónde puede llevarse a cabo el “aprovechamiento forestal” y dónde no. El argumento de aquella organización es que las normativas -que se diseñaron durante el gobierno de Capitanich, y se aprobaron y modificaron en la Legislatura durante el actual mandato de Leandro Zdero- son regresivas y contrarias al principio de conservación ambiental.
Lo cierto es que, si bien no es la primera vez que el ordenamiento territorial enfrenta impugnaciones judiciales, sí lo es que la Justicia dispone el freno a la actividad económica normada y regulada, aquella en la que se trabaja con el bosque en pie. “Nunca se había dado ese paso, porque antes se mantenía el aprovechamiento forestal. Ahora se frenó todo”, lamentó López.
El testimonio de este ex funcionario y empresario maderero da cuenta de la otra cara de un conflicto que tiene su arista ambiental y, por supuesto, socioeconómica. Y en el que, prácticamente, una es inescindible de la otra, pues no menos del 20% de las exportaciones de la provincia provienen de la industria carbonífera y taninera y, además, hay toda una red de pymes, carpinterías, aserraderos y proyectos familiares que son igual de relevantes para la economía del sector.
De hecho, desde la vereda ambientalista se ha hecho eco del efecto que tiene la paralización económica para este último sector. Pero, aún así, no hay hoy instancias de diálogo que pongan en contacto ambas campanas.
“Los ambientalistas no quieren sentarse a hablar con nosotros”, expresó López, que es muy crítico de las organizaciones y ha sido incluso señalado por una de ellas en particular dentro de la megacausa de la “mafia de los desmontes”.
En ese sentido, como vocero de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (Aefoch), pero también a título personal, asegura que “el sector no está a favor del desmonte, sino de un marco regulatorio que lo deje trabajar”. Eso es lo que, con la suspensión del OTBN, se acaba de perder, y es lo que remonta una vieja diatriba en torno a la famosa Ley de Bosques.
“La Ley de Bosques no sirve, la tienen que derogar porque siempre se agarran de esa norma para parar el desarrollo de la provincia”, opina López, que considera que “para lo único que ha servido es para poner amparos”, como al que se le dio lugar las últimas semanas.
El argumento vertido desde el sector ambientalista, y explicado por sus voceros a este medio, es que ningún ordenamiento territorial puede retrotraer las categorías de las zonas, es decir, que no puede “teñir” de verde áreas que eran antes amarillas o rojas. Al considerar que eso subvierte el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero además el artículo 38 de la Constitución Provincial, Ley Nacional de Protección del Ambiente y, por supuesto, la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, el OTBN puede ser tildado de inconstitucional.
Del otro lado, el sector forestal señala que ese ordenamiento fue discutido por más de 5 años y aprobado por mayoría dentro de la Legislatura provincial, donde fue apoyado por con las dos principales fuerzas políticas. Por lo tanto, desacreditan el planteo judicial.
“Pensábamos que todo estaba zanjado y que podíamos trabajar. Pero viene una ONG de Capital Federal, presiona a la Justicia y nos deja frenados”, expresó López, que considera que, “es un fallo contra la Legislatura y el Poder Ejecutivo que demuestra que no hay división de poderes”
Igualmente, hay un punto de contacto entre ambas posiciones, porque el sector maderero asegura verse también perjudicado por los desmontes masivos. En su caso, lo dicen por sus efectos económicos, porque no pueden sacar provecho de las grandes cantidades de madera disponible a la que, gracias al nuevo régimen de sanciones, pueden comprar antes de que se queme.
“Si el productor paga la multa, puede vender su madera a los forestales. Somos nosotros quien aprovechamos lo que se tala. Pero en los últimos 3 años se desmontaron 150.000 hectáreas y ninguna industria del sector estaba preparada para procesar esa cantidad”, señaló López.
La consecuencia directa, dicen, fue “trabajar a pérdida” por los bajos precios derivados de la alta oferta de materia prima y subproductos.
Asimismo, desde el sector insisten que, contrario a lo que argumentan las ONGs, la Dirección de Bosques ha mantenido siempre altos estándares de control para evitar evasiones y que se favorezca el desmonte. “Era un círculo virtuoso, pero estos tipos siempre han roto nuestro trabajo”, señaló López, que estuvo al frente de ese organismo entre 2010 y 2014 y luego se volcó únicamente a la actividad privada.
“La única ventaja de la Ley de Bosques sería regular el ingreso de madera para que haya un equilibrio en el mercado y todos podamos crecer y aprovecharla”, expresó el empresario, que descree de la excesiva regulación porque considera que “cuanto más se habla de acciones penales o de aumentar multas, más se deforesta”.
Sin embargo, otro aspecto que sí rescata de esa ley aprobada en 2007 y reglamentada en 2009 es el pago por el no uso de la tierra, que señala que “es la única buena para el productor” porque implica un subsidio por estar alcanzado por zonas no explotables.
“Eso nunca prosperó en Chaco, y el pago nunca estuvo por encima de los 3 dólares por hectárea”, explicó López.
En lo que disienten, además, es a donde apuntan el dedo. Mientras los sectores ambientalistas aseguran que las tanineras y la industria del carbón son los “motores de los desmontes”, del otro lado de la vereda vinculan la problemática con el avance de la frontera agrícola.
“Los grandes desmontadores tampoco son tan grandes”, aclara López, que ilustra el caso con un ejemplo: “Un productor mediano de Córdoba se compra un campo en Chaco a la cuarta parte de lo que vale en su zona, lo desmonta a bajo costo, con dos topadoras y una cadena, y lo pone a producir”.
De hecho, señala que a esos empresarios “no les importa la madera, la dan por perdida”, y eso deja fuera del circuito a las empresas que procesan el material. “El que desmonta no nos quiere a nosotros, porque tenemos que entrar con gente, camiones y mucha estructura”, agregó.
