Siempre lo diremos: si hay un laburo serio por su continuidad estadística es el Índice FADA, que elaboran desde hace muchos años cada tres meses los economistas de esa Fundación agropecuaria con origen en Río Cuarto, con el objetivo de medir los niveles de presión fiscal que soporta la actividad agrícola.
Pues bien, ese indicador (que mite el impacto de todos los impuestos sobre la renta producida por 1 hectárea agrícola en la zona núcleo) ha comenzado a “reflejar la baja permanente de las Retenciones o Derechos de Exportación (DEX)” que este año se produjo en dos tramos, uno en agosto pasado y otro ahora en diciembre. De hecho, el índice su ubicó para diciembre de 2025 en 56,3%, el nivel más bajo desde que comenzó el gobierno de Javier Milei hace ya dos años. En ese momento, diciembre de 2023, estaba en 59%.
Pero lejos están los ánimos para descorchar, porque la presión fiscal sigue siendo muy elevado. De hecho, quiere decir que de cada 100 pesos que se producen de renta (ingresos versus costos) por una hectárea agrícola, más de la mitad (56,3 pesos) se van a pagar impuestos. Y allí hay otros 27,9 pesos del resultado de la cosecha que se va a pagar el alquiler de la tierra (en el 70% de los casos), para dejar solo 15,8 pesos en manos del productor que ha invertido y corrió todos los riesgos.
De todos modos, el impacto de la nueva baja de 1 a 2 puntos en los derechos de exportación definidos este mes, y que se suma a la rebaja más generosa del 20% en las alícuotas definido en agosto pasado han comenzado a sentirse dentro de estas cuentas. De hecho, remarcó FADA que “sn comparación con la última medición de septiembre, cuando el Índice FADA había alcanzado el 60,9%, el indicador muestra una baja” de más de 4 puntos porcentuales.
“Esta caída se explica principalmente por dos factores: la reducción permanente de las retenciones y la mejora en los precios de la soja y el maíz. Estos cambios aumentaron el valor de la producción y, en consecuencia, la renta agrícola. Además, la baja de las retenciones reduce el peso de los impuestos efectivamente sobre el productor. Las alícuotas pasaron a ser del 24% en soja (antes 26%), 8,5% en maíz (antes 9,5%), 7,5% en trigo (antes 9,5%) y 4,5% en girasol (antes 5,5%)”, se explicó en el informe.
A lo largo del gobierno de Milei, este indicador de la presión fiscal sobre cada hectárea agrícola ha ido variando al ritmo de precios, costos e impuestos. En diciembre de 2023 era de 59% y subió a 64,3% un año después (cuando bajaron los precios, pero no las retenciones). A lo largo de este año se ubicó en 58% en marzo, 63,4% en junio, y 60,9% en septiembre.
De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,5% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, recursos que no vuelven a las provincias y 37,1% son impuestos nacionales pero que se comparten con las provincias. Solo 5,7% de la presión corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 0,7% a los municipales.
“Un dato relevante es que la participación de los impuestos no coparticipables (las retenciones) es una de las más bajas desde que se mide el Índice FADA (año 2007), esto es como resultado de la baja efectiva de las retenciones”, se remarcó.
Mientras el Índice FADA nacional es de 56,3%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra un 54,3%, Buenos Aires 54,5%, Santa Fe 53,5%, La Pampa 53,6%, Entre Ríos 60,3% y San Luis 51,4%.
“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, explicó Antonella Semadeni, Economista FADA.
