Hace un mes atrás, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) reglamentó, mediante la resolución 37/2025, un nuevo régimen normativo que regirá a partir del año próximo.
Pero, a pocas semanas de que más del 80% de las normas que aún rigen a la actividad sean eliminadas, todas las voces del sector, desde los pequeños productores hasta las grandes industrias y los gobiernos provinciales advierten que al gobierno “se le fue la mano” con la poda desregulatoria y que hay algunas de esas 973 disposiciones que no deberían haber sido eliminadas.
Ya se reunieron cara a cara con los funcionarios nacionales y los escucharon festejar los beneficios que trae la desburocratización y la mayor libertad para producir dentro de la vitivinicultura. De eso no tienen dudas entre las cámaras empresariales, que aún así se encargaron una y otra vez de recordarle a los funcionarios nacionales que hay trámites clave, vinculados a la trazabilidad y el control de lo elaborado, que deben mantenerse inalterables.
Finalizadas aquellas instancias de diálogo, más no agotadas en su totalidad, el sector eligió la vía judicial y presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Mendoza.
Con la firma de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), es decir, el grueso del sector a nivel nacional, el recurso judicial está dirigido al INV. En él, se exige particularmente que no se derogue la declaración jurada CEC-05 y que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) no deje de ser obligatorio.
Es que, entre las decenas de normas de las que se desprenderá este organismo público a partir de 2026, son esas dos las que más preocupan al sector. En diálogo con Bichos de Campo, el presidente de Acovi, Fabián Ruggeri, explicó los efectos que traería aparejado tamaño cambio y advirtió que, contrario a lo que argumenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sólo generará incremento de costos puertas adentro.
Hasta el momento, el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) fue siempre una constancia emitida por el INV que acreditaba el origen geográfico y las características de la uva, y seguía cada uno de sus pasos hasta que se convierte en vino.
En él, consta de dónde proviene, quién la cosechó y de qué modo -si de forma mecánica o manual-, de qué variedad es, qué contenido de azúcar tiene -pues eso determina el nivel alcohólico luego- y cuántos kilos ingresan a la bodega. En suma, esos parámetros acreditan qué cantidad de vino, y de qué características, debe luego salir embotellado.
Lo dispuesto mediante la nueva resolución es que el organismo público ya no se hará cargo de emitirlo y que será optativo, costeado por los privados que deseen acreditar la trazabilidad de lo que producen. Como si se tratase sólo de un dato accesorio o de un diferencial para acceder a mercados más exigentes.
“No puede ser que algunos lo hagan y otros no, porque si no se pierde toda la trazabilidad, la información y la estadística que tenemos en el sector. Ese certificado es la base de nuestra vitivinicultura, porque nos indica absolutamente todo respecto a lo que producimos y permite implementar políticas públicas si es necesario”, expresó Ruggeri, visiblemente preocupado por estos cambios normativos.
Como si eso no fuera suficiente, a los cambios del CIU se le suma la eliminación del formulario CEC-05, un documento que se expide al final del proceso productivo en el que la bodega informa cuánto vino obtuvo, de qué tipo y con qué graduación alcohólica en función de la uva que ingresó. Ahora, ese registro es reemplazado por una sencilla declaración jurada de elaboración.
La consecuencia directa, asegura el referente, es que eso abre las puertas a la adulteración o dilución de los vinos, sin que necesariamente dejen de ser aptos para el consumo pero sí con una menor calidad respecto a los estándares locales.
“Yo puedo decir que procesé más uva de la que efectivamente ingresé y que obtuve una determinada cantidad de litros acorde a ello, cuando en realidad en el medio pude haber agregado más agua de la permitida”, ejemplificó Ruggeri.
🛑 Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, @ACOVI_, @uva_mendoza, Asociación Viñateros de Mendoza y Cámara Riojana de Productores Agropecuarios… pic.twitter.com/TbvigGNkq6
— ACOVI (@ACOVI_) December 2, 2025
No es un dato menor que desde el propio sector industrial, y no sólo desde el primer eslabón productivo se enciendan alarmas por la avanzada desreguladora. De hecho, los bodegueros insisten en que gran parte de las disposiciones y normas fueron correctamente eliminadas, y que la desburocratización es más que deseable, pero no a cualquier costo y no en todos los casos.
“Todas las cámaras industriales y los gobiernos provinciales pedimos de forma unánime que el CIU sea obligatorio como siempre fue y que se recupere el formulario CEC-05. Pero el ministro insiste en que no tengamos miedo a ser libres”, observó el presidente de Acovi.
No se trata de temerle o no a la libertad, argumenta el sector, pues advierten que dar de baja esos dos mecanismos de control no sólo no va a abaratar los costos de producción -como les había prometido Sturzenegger cuando se reunieron personalmente- sino que, por el contrario, los va a incrementar.
“Las provincias se van a tener que hacer cargo de hacer un control que hoy lo hacía el INV. No podemos trabajar sin información, entonces van a tener que implementar formas de controlar los kilos que se ingresan y los litros que se producen”, observó Ruggeri.
Nada de eso ocurriría si se mantienen los sistemas convencionales, que están ya digitalizados y contemplados, sin costo extra, en la rutina de producción de las bodegas.
A pocas semanas de que entre en vigencia el nuevo esquema reglamentario del instituto, el recurso de amparo ingresado el lunes comienza su trayecto judicial mientras, en paralelo, el sector intenta acercarse nuevamente al gobierno y pedir un cambio de opinión.
“Nosotros seguimos apostando al diálogo, a que haya un raciocinio y un entendimiento mutuo”, explicó el presidente de Acovi. La semana pasada, con la firma de los ministerios productivos de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa, y el apoyo de todas las cámaras sectoriales a nivel nacional, el sector publicó una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y exigió una nueva audiencia para los próximos días. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
