Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.
Se trata del que protagoniza la empresa Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CANME), creada por la ley provincial 1951 en el año 2019 y promovida por la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac.
“Somos una organización con base en la provincia de San Juan, que garantiza el acceso igualitario al aceite de cannabis a pacientes que lo necesitan y capacita a profesionales de la salud, trabajado en forma conjunta con organismos públicos”, dice la web oficial de CANME.
Entre sus principales objetivos, la compañía apunta al “cultivo y explotación de cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y terapéuticos, en todas sus variedades, así como su producción, industrialización y comercialización”.
Para desarrollar esas actividades, el estado provincial adquirió un terreno en Sarmiento, en la localidad de La Acequión, de unas 900 hectáreas de extensión. Claro que no todo se puso en producción, sino que se cultivaron algunas parcelas. Y al igual que lo hizo Cannava Avatara en Jujuy, CANME se asoció con cinco firmas inversoras interesadas en la producción de cannabis y aceite medicinal. Estas fueron Cannoil, Cann 4.0, Mediplant, HDE y Green Health.
Es esta última firma la que ahora protagoniza una disputa con la provincia de San Juan, que escaló al punto tan de reclamarle al estado una suma de nada menos que 150 millones de dólares, en compensación por daños, perjuicios y “falsas expectativas” generadas.
Según dieron cuenta medios locales, Green Health comenzó sus operaciones en la provincia allá por 2021, a partir de una inversión de 2.000 millones de pesos, proveniente de capitales canadienses y locales.
Ernesto Clavijo, representante de esa empresa, contó en distintas entrevistas que el gobierno provincial les dio un plazo de 5 años para investigar, pasando luego a una etapa de industrialización y comercialización. Allí se encuentra la génesis del conflicto, ya que esta última parte nunca sucedió.
“Con CANME concluimos con la parte investigativa y desde marzo pedimos pasar a la segunda etapa para vender las flores producidas en investigación. Pero CANME no tiene capacidad jurídica de pasar a la segunda etapa. Ha quedado absolutamente fuera de lugar y la existencia de CANME corre peligro”, denunció Clavijo al medio Tiempo de San Juan en noviembre de 2024.
Sucede que San Juan no tiene una normativa provincial propia que regule la producción de cannabis medicinal con fines comerciales, sino que adhiere a la ley nacional. Por tal motivo, y dado que la firma confió en el esquema de negocio prometido por esa provincia, Green Health judicializó el conflicto en septiembre del año pasado contra ARICCAME al no obtener una licencia que permita comercializar su producción.
“Desde ARICCAME nos respondieron que ha habido un exceso de facultades de la Provincia, no podía delegar permisos que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Acá es una adhesión a la ley nacional y nada más. Otras provincias más lucidas tienen su propia normativa. A pesar de que le llevamos mil proyectos a Campos (el presidente de CANME) no está a la altura de las circunstancias”, indicó en aquel entonces Clavijo.
Cabe recordar que por aquellos meses se había conocido la decisión oficial de intervenir la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), a la que previamente se había intentado disolver junto a otros organismos como el INTI.
La supresión, que fue frenada por el Congreso Nacional, buscaba ponerle fin a una estructura jerárquica considerada como desproporcionada respecto de la cantidad de empleados que la integraban. Además, se consideraba que el esquema vigente no distinguía lo suficiente “entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L., lo cual genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
Aunque Clavijo indicó que, por tener proyectos en ejecución durante aquella intervención, esperaban conseguir las certificaciones para la industrialización del cannabis rápidamente, aquello no ocurrió y la producción obtenida se perdió.
“Unos 3.500 kilos de flores que yacen en un depósito. Está todo metido en un contenedor, todo degradado, ya perdieron los activos. Encima trajimos equipos y le pedimos a CANME una unión estratégica para poner equipos de aire puro, máquinas de más de 250.000 dólares”, señaló el representante a fines de 2024.
Y así volvemos al comienzo de este relato. Según informó el medio provincial 0264 Noticias, esta empresa le reclamó a CANME y al gobierno de San Juan 150 millones de dólares por los “daños y perjuicios ocasionados”, ya que existió una “expectativa generada” por la gestión anterior que resultó ser falsa, que además no se comprometió a realizar las gestiones necesarias para lograr la habilitación nacional faltante.
Dado que el reclamo administrativo fue rechazado, Green Health quedó habilitada para presentar una demanda judicial, que al momento todavía no fue realizada. Lo que sí hizo Ernesto Clavijo, según dio cuenta 0264 Noticias, es presentar un escrito en el Juzgado Civil número 9, a cargo de Pablo Oritja, para solicitar el beneficio de “litigar sin gastos”. Esto, que suele estar previsto para quienes no tienen recursos para enfrentar los costos de un juicio, llama la atención viniendo de una empresa que ya invirtió millones en esa provincia.
Al igual que Green Health, otras empresas inversoras de CANME, como Cannoil y Mediplant, reportaron tener problemas para tramitar sus licencias.
