El gobierno nacional decidió seguir desregulando al mercado yerbatero y le quitó las pocas funciones que le quedaban al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular esa actividad, lo que no hizo más que volver a encender la mecha entre los productores.
Los yerbateros están iniciando un nuevo período de protestas. En Misiones se viene la zafrinha, es decir la segunda cosecha de la hoja verde, de menos volumen y calidad, pero los colonos ya están amenazando con no llevarla a cabo. También tienen en carpeta asambleas para delinear un plan de lucha.
Estos episodios se vivieron meses atrás y fueron el reflejo de la crisis en la que cayó el sector tras las primeras medidas del gobierno. Javier Milei y los suyos, desde que asumieron en diciembre de 2023, dejaron vacante la presidencia del INYM -un cargo que debe designar la Secretaría de Agricultura-, y eso impidió que el INYM regulara precios de referencia para la hoja verde, su principal función en más de veinte años de historia. Luego comenzaron a desregular esa economía regional con el famoso Decreto 70/2023. Y ahora, mediante un decreto, prohibieron al INYM tomar cualquier decisión que interfiera con el libre mercado.
“Las últimas medidas terminan de liquidar al instituto, quitándole las facultades que tenía. Solo le queda la posibilidad de la promoción del consumo de yerba”, evaluó el productor y dirigente Luis Alberto Andrusyzsyn.
Respecto del nuevo plan de lucha de los colonos misioneros, principales damnificados por la falta de precios mínimos para su actividad, el dirigente dijo que “lo primero que vamos a hacer es no cosechar ni permitir que circulen camiones con hoja verde. Estamos en alerta y movilización. Esto es un certificado de defunción de la actividad”.
Además, Andrusyzsyn indicó que “vamos a hacer varias asambleas en simultáneo el viernes en diferentes localidades como San Vicente y San Pedro, nos vamos a quedar en la ruta e iremos a Buenos Aires a hablar con las autoridades”.
Luego agregó: “El gobierno promueve el libre mercado y nos deja sin precios de referencia ni defensa alguna, estamos librados a la buena de Dios, expuestos a lo que decida los molinos y las industrias”.
Según explicó el yerbatero, los últimos precios que cobraron fueron de 180 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo del piso necesarios para salvar costos. El porpio INYM, en estudios económicos, evaluó un costo de producción por encima de los 450 pesos. Tampoco tienen valores de referencia para la cosecha que se viene en el verano.
Andrusyzsyn dijo que en su zona “tomamos la decisión de no cosecha ni vamos a permitir la circulación de hoja verde, dado que se aprovechan las industrias, que además están estirando los plazos de pago de lo que se levantó este año a muy largo plazo, de 180 días. Todavía no terminaron de pagar la yerba la hoja verde anterior. Hay muchos cheques rebotados y nadie se hace ser responsable de eso. Hay productores que tiene que cubrir compromisos y no saben cómo”.
Luego contó lo que nadie quiere blanquear, pero muchos sospechan: que detrás de estas decisiones hay un plan para que los productores deban vender sus chacras a gente más poderosa. “Hay productores que están vendiendo parcelas de sus campos para poder cubrir esos cheques por culpa de algunas industrias o de los que compran la hoja verde”.
Finalmente consideró que “el poder de policía del Estado en estas actividades debe existir para proteger a los más vulnerables de los más fuertes, para garantizar la sostenibilidad de los productores, sobre todo los más chicos”.
