Dicen que los espacios que se dejan libres alguien siempre los ocupa. Fue así como las entidades tradicionales del agro desatendieron durante mucho tiempo el trabajo de vinculación con el Congreso Nacional, y que ese hueco lo ocupó laboriosamente la Fundación Barbechando. Su insistente trabajo derivó en que ahora esa entidad, presidida por Ángeles Naveyra, terminó suscribiendo en nombre del agro argentino una declaración en rechazo del Reglamento 1115 de la Unión Europea, que establece restricciones al comercio de carne y soja desde zona que desmonten y que consideran a los países del Mercosur como de “riesgo medio” en materia de deforestación.
La paradoja es que mientras Barbechando -una fundación integrada por productores agropecuarios a título personal- aparece rechazando esas exigencias europeas, tanto los sectores exportadores de Ciara-CEC como las cuatro gremiales de productores rurales (a través de la conducción del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) en los hechos están trabajando -mediante la implementación del sistema Visec- para que el agro argentino no sufra con las restricciones antideforestación, que desde el próximo 1° de enero verificarán que los commodities agrícolas que compran no provengan de campos que han sido deforestados luego de 2020.
Sin embargo, en la antesala de una nueva cumbre mundial de Cambio Climático en Belem, Brasil, en soledad la Fundación Barbechando apareció firmando en nombre de la Argentina una nueva proclama en contra de la imposición de recetas en contra del desmonte, junto a la Fundación Pensar de Brasil y la Unión General de Gremios Agropecuarios (UGP) de Paraguay.
“Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), firmaron un comunicado conjunto en rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, una norma que -según advirtieron- impone obligaciones unilaterales y extraterritoriales que afectan directamente la competitividad exportadora de la región”, dice un informe de la Agencia Informativa del Mercosur (AIM) que obtuvo el documento emitido por este frente de entidades.
Allí se explica que el EPAS, fundado en abril pasado, reúne a legisladores y entidades del agro de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. El documento es el que sigue:
Comunicado-EUDR-1115-EPAS-Esp.docx-1
El documento recuerda que “los países representados en el EPAS cuentan con legislaciones y sistemas ambientales sólidos, adaptados a sus territorios y realidades socioeconómicas, los cuales deben ser reconocidos mediante principios de equivalencia normativa y respeto a la soberanía nacional”.
También afirma que el Reglamento europeo “genera efectos negativos sobre las exportaciones agroindustriales, trasladando cargas a los productores, incrementando costos, afectando el desarrollo rural y vulnerando principios
básicos del comercio justo y sostenible”. A la par el bloque rechazó la clasificación de “riesgo estándar” asignada a los tres países firmantes, que “habría sido determinada sin criterios técnicos ni científicos claros, sin consulta ni transparencia institucional, y sin considerar los avances legales normativos, ambientales y de los procesos productivos sostenibles alcanzados a nivel nacional”.
Para suscribir el acta en nombre de la Argentina, la Fundación Barbechando afirma que “la República Argentina, a través de su Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de una amplia articulación público-privada impulsada por las principales instituciones del agro argentino, ha expresado su rechazo formal al Reglamento por su carácter extraterritorial, unilateral e inconsulto, incompatible con el derecho internacional y los principios de la OMC”.
“El país ha demostrado contar con un robusto marco legal ambiental, incluyendo la Ley de Bosques Nativos, el Plan Nacional de Manejo del Fuego y sistemas de trazabilidad oficial como los implementados por el Senasa, la AFIP y el sistema de cartas de porte digital, proponiendo además alternativas viables como la trazabilidad documental auditada”.
También citó Barbechando “el documento técnico elaborado por más de 20 entidades de peso del agro argentino, reunidas en la Mesa Interinstitucional Agroindustrial” como sustento a su posición.
