“El agro demuestra una vez más el enorme potencial que tiene si los gobiernos deciden eliminar retenciones. Sigamos trabajando para alcanzar la eliminación permanente de las mismas y liberar así toda la fuerza productiva y exportadora del país”.
Con esa frase, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebró los resultados de la fugaz y pasajera quita de retenciones al complejo granario, enmarcada en el decreto 682/2025, que volvió a foja luego de que ayer se alcanzara el cupo de 7.000 millones de dólares. Se trata de una de las pocas expresiones de algarabía en el sector, donde por estas horas priman reacciones más bien contrarias.
“Es una medida tomada no pesando en el sector productivo ni incentivando a la producción agropecuaria. Es de corte netamente económico y por las necesidades del país, que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor”, señaló Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), en el inicio del Congreso Anual Ordinario de esa entidad.
“Claramente no fuimos los beneficiarios de esa medida, porque los productores pequeños y medianos ya no teníamos la cosecha del año pasado. Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”, dijo la ruralista.
A continuación, y evitando antagonizar con los exportadores, sostuvo: “No se trata de una disputa entre sectores de la cadena, creo que se trata de exigirle al Estado que determine medidas y políticas públicas que sean previsibles para todos. Lo que necesitamos es que haya claridad, para que la cadena también tenga claridad intracadena”.
En esta línea, desde la Sociedad Rural de Rosario indicaron en un comunicado que “si bien públicamente se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue distinta: El cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores”.
“En lugar de ser un “guiño al campo”, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día”, puntualizaron.
El mensaje fue más concreto de parte del secretario del gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, quien en sus redes sociales exclamó: “El gobierno nacional se volvió a burlar de los chacareros”.
Desde Córdoba, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, apuntó contra el gobierno: “La medida duró menos de 3 días, benefició a exportadores, fue electoralista y de caja. Y se mantiene la misma presión fiscal”.
“Seguimos reclamando la eliminación gradual en un plazo de 2 años, reglas de juego claras y previsibles”, añadió luego.
Por su parte Marco Giraudo, ex presidente de la filial cordobesa de Coninagro, mencionó: “En tres días los exportadores fijaron derechos de exportación por U$S 7.000 millones. No fuimos los productores agropecuarios. Que este negocio, que hoy es solo de exportadores y del Estado, se traslade y se derrame en las zonas productivas!”.
También se pronunció el ex jefe de gabinete del ex ministerio de Agroindustria, que lamentó: “Enorme transferencia de recursos del chacarero a pocos exportadores. Un brete armado vía resoluciones. Para los que somos liberales y creemos en los mercados libres, nos cuesta entender este tipo de medida intempestiva y apuntada solamente a un sector (nunca a minería/ Energía)”.
Estas expresiones se suman a las del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien durante una entrevista con Radio Mitre mostró su sorpresa con la poca duración de la medida y dijo: “Déjenme pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”.
Es vivo este Toto, arregló todo de antemano con los exportadores, se debe haber quedado con un 3% junto con la Kari, seguro.
En el barrio me dicen q la Mesa de Enlace LTA…
Les habrá dolido?
Sigan participando…
Ciprés