Era cuestión de tiempo que saliera una resolución del Ministerio de Economía aclarando que el “pase a disponibilidad” de 287 empleados del INTA, 8 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 51 del Instituto de Vitivinicultura (INV), ordenado algunos días atrás, ya no rige.
Y efectivamente llegó, tal vez un poco tarde, pero seguro. Con la firma del ministro Luis “Toto” Caputo, la resolución 1343/2025 es una confirmación de que, finalmente, el gobierno acatará lo que decidió el Congreso y la justicia federal.
En los hechos, es el último movimiento en “reversa” que le quedaba por hacer con el plan de control y desmantelamiento de varios de los organismos públicos vinculados al sector productivo. Al menos por ahora, la intensa batalla iniciada a principios de año parece haber llegado a una tregua.
La norma publicada en el Boletín Oficial deja sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 del Ministerio de Economía, que habían sido dictadas en relación a los decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025.
Era la 1240/2025, con fecha del 21 de agosto, la que ordenaba que una larga lista de trabajadores del INTA, INASE e INV pasaran a disponibilidad para, eventualmente, ser echados. Esa decisión estaba enmarcada en el famoso decreto 462/2025, que degradaba las funciones de varios de esos organismos y hasta se animaba a disolver algunos de ellos, como el caso de INASE y ARRICAME.
Con ese decreto en vigencia, el gobierno tenía la potestad de desvincular trabajadores, recortar presupuestos y, de una vez por todas, avanzar con su plan de ajuste. Pero, como fue rechazado por ambas cámaras del Congreso y, por si eso no fuera suficiente, frenado por la justicia federal, entonces ese poder se diluye y una resolución como la 1240 no tiene razón de ser.
Lo curioso es que la misma fue publicada al día siguiente del rechazo en el Senado y de que los tribunales también se expidieran al respecto. Es decir que, desde el minuto cero, esa misma resolución 1240 ya era ilegítima, sólo que ahora no quedó más opción que admitirlo.
Arrinconado por los embates legislativos y judiciales, el Poder Ejecutivo tuvo que finalmente acatar las reglas de juego y dar marcha atrás con su decisión. Sobre todo porque estaba fundada en bases que dejaron de regir incluso antes de que lo dispusiera.
Como ha acostumbrado hasta el momento, con cada decisión tomada respecto a estos organismos, el gobierno lo hace por lo bajo. En definitiva, a ninguna administración le gusta reconocer abiertamente una derrota, más aún en una batalla a la que dedicó tanto capital político.
Igualmente, sea anunciada en cadena nacional, por Twitter o simplemente publicada en el Boletín Oficial, la medida es la misma. Hoy, decenas de trabajadores -entre ellos el propio Ariel Pereda, director nacional del INTA- tienen la certeza de que sus puestos, al menos por ahora, no corren peligro.
